Mitos y hechos
PRIMER MES. Al cumplirse el primer mes de la administración de Margarita González Saravia al frente del gobierno del estado, se hace evidente que su equipo no solo está asumiendo las riendas de la gestión pública, sino que también se enfrenta a un oscuro legado dejado por su predecesor, Cuauhtémoc Blanco. Con cada día que pasa, emergen nuevas irregularidades y problemas que complican la tarea de reconstruir la confianza y la eficiencia en el servicio público. Desde el inicio de su mandato, González Saravia ha heredado una serie de desafíos que van más allá de los problemas típicos de una transición de gobierno. La administración de Blanco se ha caracterizado por una notable falta de transparencia y por decisiones que, en muchos casos, han sido cuestionadas tanto por su calidad como por su legitimidad. La revelación de irregularidades en contratos, obras inconclusas y una gestión opaca son solo la punta del iceberg de un gobierno que, a lo largo de seis años, dejó una estela de desconfianza y frustración entre los ciudadanos. Es comprensible que, en este primer mes, la nueva administración esté enfocada en evaluar el estado actual de las finanzas y la infraestructura, así como en identificar los compromisos que se han asumido bajo circunstancias cuestionables. Sin embargo, lo que resulta preocupante es la rapidez con la que continúan saliendo a la luz más problemas, lo que sugiere que la ineficiencia y la mala gestión no eran casos aislados, sino que estaban profundamente arraigados en la estructura del gobierno de Blanco.
DOS AÑOS. Hoy, la atención se centrará en el informe de Isela Chávez Cardoso, quien ha liderado el Instituto de la Mujer para el Estado de Morelos durante los últimos dos años. Este evento no es solo una formalidad, sino una oportunidad crucial para evaluar cómo este órgano autónomo ha trabajado en la defensa y promoción de los derechos de las mujeres en un contexto donde la violencia de género y la desigualdad siguen siendo preocupantes. El Instituto de la Mujer es un pilar fundamental en la lucha por la equidad y la justicia en el estado. En un entorno donde las mujeres enfrentan múltiples desafíos, es vital que la titular de este organismo no solo presente cifras y estadísticas, sino que ofrezca resultados concretos que demuestren un verdadero impacto en la vida de las morelenses. La colaboración con la nueva secretaria de la Mujer en el estado se presenta como una oportunidad para fortalecer estrategias y maximizar recursos, creando un frente unido en la defensa de los derechos de las mujeres. La rendición de cuentas en estos espacios es fundamental, y el informe debe incluir un análisis crítico de los retos enfrentados y cómo se han abordado. Las mujeres morelenses necesitan conocer no solo lo que se ha logrado, sino también los obstáculos que aún persisten y cómo se planea superarlos. Este es el momento para que Isela Chávez Cardoso muestre su compromiso real con la causa, y para que el Instituto de la Mujer se consolide como un actor clave en la construcción de un estado donde la igualdad y el respeto sean la norma.
VÍA PELIGROSA. A poco más de un mes desde que se anunció la supuesta entrega de la obra del entronque de la autopista México-Cuernavaca con la Pera-Cuautla, y la realidad es que la obra no solo no está finalizada, sino que su avance es menos del 90%. Esta situación no solo es frustrante para los conductores que a diario transitan por la zona, sino que se ha convertido en un verdadero viacrucis para quienes dependen de esa ruta vital. Cada día, miles de automovilistas enfrentan un caos vehicular que no solo afecta su tiempo de desplazamiento, sino que también pone en riesgo su seguridad. La falta de señalización adecuada, los desvíos improvisados y las obras inconclusas han creado un ambiente propenso a accidentes. De hecho, reportes constantes indican un incremento notable en la frecuencia y gravedad de las colisiones en esta área, lo que plantea un alarmante escenario para la seguridad vial. La ineficiencia en la conclusión de esta obra no solo refleja problemas de gestión en la administración actual, sino que también pone de manifiesto la falta de responsabilidad hacia los ciudadanos. ¿Cómo es posible que, después de tantos anuncios y promesas, la obra siga sin culminar? La falta de comunicación y la ausencia de un plan claro para finalizar los trabajos son aspectos que generan desconfianza y frustración en la población. Además, es imperativo que las autoridades tomen medidas urgentes para mitigar los riesgos en la zona. La vida de las personas está en juego, y no se puede esperar a que la obra esté terminada para actuar. Se requiere una intervención inmediata que incluya la mejora de la señalización, la implementación de controles de tráfico temporales y la vigilancia constante para garantizar la seguridad de quienes transitan por esa vía.
OJOS ABIERTOS. La seguridad es uno de los temas más críticos que enfrenta el estado de Morelos, y la videovigilancia ha sido una de las herramientas más anunciadas para combatir la delincuencia. Sin embargo, al mirar hacia atrás en la historia reciente, lo que se observa son más promesas que realidades. Durante la administración de Graco Ramírez (2012-2018), se habló de la instalación de 2,000 cámaras de vigilancia; sin embargo, al final de su mandato, ni siquiera se lograron activar 700. Esta falta de acción dejó a la población morelense sintiéndose vulnerable y desprotegida. Con la llegada al poder de Cuauhtémoc Blanco (2018-2024), la promesa fue habilitar todo un sistema de videovigilancia, pero en seis años de gobierno, la realidad fue que no se colocó ni una sola cámara nueva. Esta inacción no solo refleja una falta de compromiso con la seguridad pública, sino que también se traduce en un manejo ineficiente de los recursos destinados a proteger a los ciudadanos. Mientras la delincuencia seguía en aumento y los morelenses seguían enfrentando un clima de inseguridad, las promesas de mejora en la vigilancia quedaron en el limbo. Sin embargo, la llegada del actual Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana en Morelos, Miguel Ángel Urrutia, parece marcar un cambio en la narrativa. Con la confirmación de la instalación de 48 nuevas cámaras de vigilancia y un enfoque en cumplir con los lineamientos establecidos por la federación, se abre una luz de esperanza para la población. Este compromiso con cifras reales y tangibles es un paso necesario en la dirección correcta. Es crucial que esta nueva administración no solo se limite a instalar cámaras, sino que también implemente un plan de mantenimiento y operación efectivo para garantizar que estos dispositivos sean funcionales y sirvan como una herramienta real de prevención y respuesta ante la delincuencia. La transparencia en el uso de los recursos y la rendición de cuentas serán vitales para recuperar la confianza de la ciudadanía.
