Archivos de la represión militar y Ayotzinapa
Ayotzinapa es un caso paradigmático de desaparición forzada en México que pone en cuestión no sólo al gobierno de Peña Nieto, cuando ocurrieron los hechos en Iguala, Guerrero, sino al gobierno de López Obrador, que ha sido cuestionado por proteger absurdamente al Ejército y la Marina ante el ocultamiento de archivos militares que podrían contribuir a esclarecer las responsabilidades de las autoridades en la desaparición y poder ubicar el paradero de los estudiantes, lo que muestra con toda claridad que el aparato del Estado fue el responsable de la desaparición y que el Ejército desempeñó un papel fundamental en un operativo represivo que ocasionó este crimen de lesa humanidad, y que sigue siendo el Estado quien impide llegar a la verdad y la justicia que se ha reclamado ya desde hace casi 9 años. Estos planteamientos están en un pronunciamiento del PRT, donde se expone y denuncia esta situación, con el objetivo de fortalecer la solidaridad con la lucha de madres y padres de los 43 estudiantes desaparecidos hasta lograr verdad y justicia.
El GIEI confirma con datos duros que fue el Estado el responsable de la desaparición forzada de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa desaparecidos en Iguala el 26 y 27 de septiembre de 2014, y que el Ejército participó en todo el operativo represivo, que trata de ocultar. El Informe final del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) fue claro y contundente sobre los avances, obstáculos y retrocesos impuestos por el Ejército, la Marina y el Centro de Investigación de Seguridad Nacional en las investigaciones para esclarecer el paradero de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, el esclarecimiento de la verdad y el acceso a la justicia, luego de concluir su mandato de colaboración ordenado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, cuando nos encontramos a un mes de que se cumplan 9 años de este crimen de lesa humanidad ocurrido en Iguala, Guerrero el 26 y 27 de septiembre de 2014.
El caso no está cerrado y aún faltan por llevarse a cabo diversas acciones legales que el GIEI emite como recomendaciones en su informe final. Toda la documentación y análisis presentado sobre el papel del Ejército y la Marina durante las desapariciones y los días posteriores a las mismas, muestran la complicidad institucional con los grupos criminales que operan en la región y que siguen controlando el negocio del tráfico de drogas y otros ilícitos del crimen organizado ligado al ejercicio del poder político y económico.
Ante todas estas evidencias, la respuesta del presidente López Obrador ha sido de negar la realidad una y otra vez, saliendo en defensa del Ejército y la Marina, descalificando el informe del GIEI y acusando a las madres y padres de los 43 desaparecidos y a las organizaciones defensoras de derechos humanos que los acompañan y asesoran, que están llevando a cabo acciones de politiquería y de un ataque político ideológico a su gobierno, negándose siquiera a recibirlos en audiencia, como lo solicitaron para que se dé seguimiento a las recomendaciones emitidas por el GIEI.
La explicación política de este autoritarismo y cerrazón del gobierno de López Obrador al negar la realidad contundente que demuestra el informe del GIEI, es su política al respecto del papel otorgado al Ejército y la Marina en su proyecto de supuesta Cuarta Transformación, de brindarle más poder, más recursos económicos que nunca, nuevas funciones para garantizar obras insignia como el Tren maya, el Aeropuerto Felipe Ángeles, el Corredor Transistmico, las aduanas y la conducción de la Guardia Nacional, entre otras, que lejos de garantizar una seguridad ciudadana con respeto a los derechos humanos, solamente ha incrementado la violencia estructural, con el aumento de asesinatos a más de 160 mil superando los 108 mil ocurridos en el gobierno de Peña Nieto, los más de 4 mil feminicidios ocurridos entre diciembre de 2018 al 31 de diciembre de 2022, superando la cifra espeluznante de más de 110 mil desapariciones y, lejos de disminuir el tráfico y consumo de drogas y estupefacientes, las ha disparado a niveles nunca vistos anteriormente, igual que el poder de fuego de los grupos criminales y cárteles que ya forman parte de un desarrollo capitalista que incorpora la industria criminal a los circuitos financieros, comerciales y de producción establecidos.
El proceso de militarización y su papel contrainsurgente y represivo en México, se ha documentado desde los años 60s a la fecha. Si bien es cierto existen comisiones para investigar los crímenes de Estado ocurridos durante ésas décadas, cada día vemos cómo se protege a la institución armada y se trata de minimizar las graves violaciones a los derechos humanos cometidas ya no solo por militares y marinos, sino ahora también por la Guardia Nacional. Contrariamente al compromiso de López Obrador de desmilitarizar la seguridad pública, ha reforzado el papel de los militares mediante cambios legales, contando en todo momento con la complicidad y subordinación de la CNDH como se demostró en ceremonia realizada en el Campo Militar Número Uno y en su negativa a interponer controversia constitucional por la subordinación de la Guardia Nacional a la SEDENA y callar ante graves ejecuciones extrajudiciales cometidas por militares en diversos operativos.
Por todo lo anterior expresamos de manera muy clara y contundente que las madres y padres de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa no están solos y cuentan con el apoyo de muchas de las organizaciones sindicales y sociales, rumbo al 26 de septiembre, cuando se cumplirán 9 años de estos graves hechos, por lo que estaremos llevando a cabo diversas actividades de solidaridad hasta lograr que haya verdad y justicia, manteniendo en alto la consigna de: ¡Porque vivos se los llevaron, vivos los queremos!
