¿Y dónde está?
Lo sucedido en los últimos días en nuestro país nos obliga a repensar un tema fundamental que tiene que ver con un derecho fundamental. Lo hemos dicho que nuestra querida nación está tan cerca de la corrupción y tan lejos de la verdad; esa sería quizá la ubicación geográfica de nuestro país en el último siglo, si ambos conceptos fueran territorios.
Los gobiernos cada vez están más cerca de la tan comentada y peor, padecida, corrupción, pero al mismo tiempo cada día se alejan más de la verdad y eso que es en sí la verdad, el principio básico de la justicia. Hablamos de avances democráticos, pero atención, sin verdad no hay justicia y sin justicia no hay democracia. Entonces ¿vivimos acaso en una sociedad de mentira?
En los últimos días, y previo al inicio formal del proceso electoral, la política de nuestra amada nación se ha convertido, de nueva cuenta, en un gran y bochornoso escenario, peor que la taberna más sucia que se pueda encontrar sobre la faz de la tierra: suciedad ha sido su principal componente; suciedad que corroe a las personas que integran las instituciones que mantienen desde hace poco más de un siglo el poder sobre nuestro México.
El ciudadano común, como todos nosotros, ese que integra parte del grueso de la población en pobreza y extrema pobreza dice: “todos los políticos son iguales” mientras los “políticos” cínicamente tratan de justificarse como aquel edil de San Blas, Layín, quien aceptó robar, pero robar poquito, pareciera que son devotos de ese “santo mundano” que ejemplifica claramente la podredumbre de la tragicómica política mexicana.
Y es que por encima de todo esto que ha venido sucediendo con la publicación en redes sociales y mediante supuestas filtraciones en programas de conductores específicos identificados claramente con grupos de poder, hay algo que sigue siendo el gran pendiente de nuestra nación y es el acceso a la población, al derecho a la verdad.
De acuerdo con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el derecho a la verdad surgió como respuesta frente a la falta de esclarecimiento, investigación, juzgamiento y sanción de los casos de graves violaciones de derechos humanos e infracciones al DIH por parte de los Estados. Es a través de los esfuerzos para combatir la impunidad que los órganos del sistema han desarrollado estándares regionales que dan contenido al derecho a la verdad, y los Estados y la sociedad civil han desarrollado enfoques e iniciativas para implementarlos en una amplia gama de conceptos. Asimismo, el derecho a la verdad constituye uno de los pilares de los mecanismos de justicia transicional.
Sin embargo, en nuestra nación hay casos emblemáticos que demuestran con toda refulgencia que la verdad no es un objetivo que persigan quienes encabezan o dirigen a las instituciones. Juegan con la verdad, según sus propios intereses y pregonan con sus acciones aquella máxima juarista de la asquerosa política que ha perdurado “para los amigos la justicia y la gracia; para los enemigos todo el peso de la ley’’. Por ejemplo podríamos citar algunos casos, tales como: la matanza de jóvenes en 1968, la muerte de Luis Donaldo Colosio Murrieta, la masacre de Aguas Blancas Guerrero, la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa, así como las miles de desapariciones desde los años 70. Ni que decir de los tantos actos de corrupción cometidos en los estados del país, con los recursos federales y a través de las paraestatales, que han hecho millonarios a unos cuantos y han hundido más en la pobreza al grueso de la población.
La CIDH dice que al ser una obligación de los Estados derivada de las garantías de justicia, el derecho a la verdad también constituye una forma de reparación en casos de violaciones de derechos humanos. En efecto, el reconocimiento de las víctimas es relevante porque significa una forma de admitir la importancia y el valor de las personas en tanto individuos, víctimas y titulares de derechos. Asimismo, el conocimiento de las circunstancias de modo, tiempo y lugar, las motivaciones y la identificación de los perpetradores son elementos fundamentales para reparar integralmente a las víctimas de violaciones de derechos humanos. Sin embargo, por ahora al menos parece que estamos muy lejos de que la mayoría tengamos acceso a la verdad, porque ello significaría poner en riesgo a los empoderados.
En conclusión: en nuestro país es real pero doloroso, en tanto no hay verdad, no hay justicia y sin justicia simple y llanamente no hay democracia: No es el pueblo quien gobierno, sino a quien usan los grupos de poder para mantener el control de los recursos y de las instituciones. Es la verdad en México, un derecho negado.
