En Morelos también los pueblos hablan
Los primeros 100 días del gobierno de Margarita González Saravia en Morelos y de Claudia Sheinbaum a nivel nacional, han dado pie a múltiples comentarios y análisis. Hacer observaciones críticas desde una perspectiva de derechos humanos permite fortalecer la independencia y autonomía de los movimientos sociales y sindicales para exigir que se atiendan las demandas históricas que han sido relegadas al olvido por parte de los gobiernos neoliberales. Reconocer los cambios también es necesario para valorar los avances en la organización y la conciencia de amplios sectores de la clase trabajadora, pueblos indígenas y afrodescendientes, feministas y movimientos sociales.
Por ello es necesario destacar los esfuerzos de lucha que llevan a cabo los pueblos indígenas y afrodescendientes de Morelos, quienes un día antes del informe de gobierno, llevaron a cabo la 10 asamblea de la Unión de Municipios y Comunidades Indígenas y Afromexicanas del Estado de Morelos en Ticumán, Tlaltizapán.
Habitantes de Alpuyeca, Hueyapan, Xoxocotla, Tlaltizapán, Tetetelpa, Coatetelco, Puente de Ixtla, Temimilcingo, Totolapan y Huitzilac participaron en la 10 asamblea de la Unión de Municipios y Comunidades Indígenas y afromexicanas, que se realizó en la Casa Ejidal de la Comunidad de Ticumán en el municipio de Tlaltizapán. Durante el encuentro se aprobó que una comisión analizará las propuestas para la integración del plan de justicia del pueblo náhuatl de Morelos, en dónde se solicitó que cada comunidad presente su plan de justicia. También se llevó a cabo la presentación del Foro de Consulta de Gobernanza con Justicia y Participación Ciudadana el próximo 14 de enero en Alpuyeca.
Desde la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos (CIDHM) reconocemos los avances importantes en la protección de la biodiversidad y el apoyo a los productores agrícolas, durante el mensaje de la gobernadora Margarita González Saravia al cumplir 100 días al frente del Poder Ejecutivo. Consideramos como un acierto la incorporación de programas que involucran a la comunidad en la defensa del medio ambiente. Todo eso es muy importante para garantizar el acceso de la población a los servicios ambientales, que muchas veces son protegidos por las comunidades indígenas que habitan las zonas boscosas, pero que no reciben una retribución adecuada.
Sin embargo, también señalamos pendientes significativos en temas de feminicidios y derechos de los pueblos indígenas y afrodescendientes. Por eso hemos llamado a establecer una postura de cero tolerancia hacia el feminicidio y a mejorar la coordinación entre las dependencias gubernamentales y los poderes Legislativo y Judicial. Es un tema que no puede eludirse y debe abordarse de manera directa. Desde los días posteriores al triunfo electoral de la Gobernadora Margarita González Saravia nos reunimos con ella y le hicimos entrega de la información sobre la Alerta de Violencia de Género y los altos grados de violencia feminicida debido al incumplimiento de las medidas de atención, prevención, investigación y sanción para erradicar el feminicidio y garantizar el acceso de las mujeres a una vida libre de violencia en Morelos. Estamos a la espera de que se lleven a cabo las reuniones con las instancias correspondientes para atender éstas medidas y acciones, de tal manera que haya políticas públicas que detengan y eviten tantas muertes violentas de mujeres que se mantienen en la impunidad.
Respecto a los derechos de los pueblos indígenas y afrodescendientes, reconocemos la creación del Instituto de Pueblos Indígenas y Afromexicanos de Morelos (IPIAM) como un avance importante que se deriva de las modificaciones constitucionales que reconocen su libre determinación y autonomía. No obstante, hemos señalado que aún faltan mecanismos claros para garantizar estos derechos y tenemos como ejemplo el caso de Alpuyeca, que tras cinco años no se ha logrado que se le reconozca como municipio indígena, a pesar de cumplir con todos los requisitos establecidos en el Artículo 40 de la Constitución del Estado de Morelos y en los tratados internacionales en materia de derechos indígenas, más aún con la reforma constitucional al artículo 2 que reconoce como sujetos de derecho a los pueblos indígenas y afrodescendientes para garantizar el ejercicio de la autonomía y libre determinación, como lo dijo en carta a la Presidenta Claudia Sheinbaum: “En seguimiento al mandato de nuestra Asamblea General de Alpuyeca, como máxima autoridad de nuestro pueblo indígena; de consolidarnos como un nuevo Municipio Indígena, siendo éste un derecho que nos otorga la Constitución Federal, la Constitución del Estado de Morelos, la Ley Orgánica del Congreso del Estado de Morelos, la Ley de Fomento y Desarrollo de los Derechos y Cultura de las Comunidades y Pueblos Indígenas del Estado de Morelos, así como de los instrumentos internacionales en materia, de los que México es parte, queremos expresar lo siguiente: En diciembre del 2019, el Pueblo Indígena de Alpuyeca entregamos nuestra solicitud formal al Congreso de Morelos para convertirnos en Municipio Indígena. Por lo que llevamos más de 5 años en espera de que las y los Legisladores Morelenses hagan valer y garanticen nuestros derechos colectivos y políticos. La Autonomía y Libre determinación de los Pueblos Indígenas es un derecho impostergable. La Historia así lo demanda, el Pueblo también lo demanda, la Justicia lo requiere, nuestros Ancestros y Ancestras lo soñaron, ¡Nosotras y nosotros con usted, haremos Historia!”
Es claro que valoramos el mensaje de la gobernadora porque ha tenido un enfoque directo hacia la sociedad y ha expresado su compromiso de realizar una política cercana a las comunidades, más allá de las oficinas gubernamentales. Sin embargo, esperamos que ese mandato y compromiso se traduzca en acciones y seguimiento por parte de todas las servidoras públicas para que cumplan con los compromisos y no se posponga las acciones urgentes que ya están decretadas legalmente, como lo hemos señalado directamente sobre los temas mencionados de la Alerta de Violencia de Género y de los derechos colectivos de los pueblos indígenas y afrodescendientes.
