Jornal justo, pensión del bienestar y precios de garantía para los campesinos
El pasado 2 de diciembre se publicó en el diario oficial de la federación, una nueva reforma a la Constitución en materia de jornal justo, pensiones para el bienestar y precios de garantía para el campo y pesca reconociéndolos como derechos humanos, lo cual es sumamente importante para efectos de su protección. En ese sentido se modificó el artículo 27 de la carta magna en su fracción XX, garantizándose la entrega primero de un jornal seguro, justo y permanente a campesinos que cultiven sus tierras con árboles frutales, maderables y especies que requieren ser procesadas; segundo, un apoyo anual directo y fertilizantes gratuitos a productores y pescadores de pequeña escala y tercero, que el Estado mantendrá precios de garantía para el maíz, frijol, leche, arroz y trigo harinero o panificable, en los términos de las disposiciones aplicables.
Por cuanto hace a la primera, es un triunfo para los derechos laborales en el sector agrícola. A lo largo de los años, los campesinos han enfrentado desafíos significativos, incluyendo ingresos inconsistentes y condiciones de trabajo inestables. Con la implementación de esta reforma, se asegura que los trabajadores rurales reciban un jornal justo y regular, proporcionándoles la estabilidad económica necesaria para planificar su futuro y el de sus familias. La reforma no solo busca ofrecer un apoyo económico, sino también promover la diversificación de los cultivos. Al incentivar el cultivo de árboles frutales y maderables, así como otras especies que requieren procesamiento, se fomenta una agricultura más sostenible y rentable. Los árboles maderables, por ejemplo, no solo son una fuente valiosa de ingresos, sino que también contribuyen a la conservación del suelo y la biodiversidad, ayudando a combatir el cambio climático. Además, esta diversificación tiene el potencial de transformar las economías rurales, creando nuevos empleos en las etapas de procesamiento y comercialización de productos agrícolas. Desde la producción de frutas hasta la manufactura de productos derivados de la madera, la cadena de valor se amplía, beneficiando a comunidades enteras. A pesar de los beneficios evidentes, la implementación de esta reforma presentará ciertos desafíos. Será crucial desarrollar programas de capacitación para los campesinos, asegurando que adopten prácticas agrícolas eficientes y sostenibles. Asimismo, se necesitará una infraestructura robusta para el transporte y la comercialización de los productos, garantizando que lleguen de manera eficaz a los mercados nacionales e internacionales. Tampoco no queda claro de qué forma se garantizará dicho salario a través de un apoyo gubernamental, su monto etc., pues en esencia no aparece en ello algún patrón que lo garantice pues se trata de su propia unidad productiva, por lo cual es un nuevo esquema en el que esperaremos la legislación secundaria.
Por cuanto hace a la segunda, busca fortalecer un sector vital para la economía y la seguridad alimentaria del país. El apoyo directo anual se traduce en un compromiso firme del gobierno para garantizar la estabilidad económica de los pequeños productores y pescadores. Durante años, estos trabajadores han luchado contra la incertidumbre financiera y la falta de recursos, viendo sus medios de subsistencia amenazados por factores que van desde cambios climáticos hasta fluctuaciones del mercado. Con esta reforma, se busca proporcionar un colchón financiero que les permita planificar sus actividades con mayor certeza y seguridad. Este apoyo no solo tiene un impacto económico, sino que también representa un reconocimiento del valor de su trabajo. Los pequeños productores y pescadores son la columna vertebral de muchas comunidades, y este respaldo económico es un paso hacia la justicia social y el empoderamiento rural y costero. Además del apoyo financiero, la provisión de fertilizantes gratuitos representa un impulso significativo para la productividad agrícola. Los fertilizantes son esenciales para mantener y mejorar la fertilidad del suelo, y su costo a menudo representa una carga pesada para los pequeños agricultores. Al garantizar el acceso gratuito a estos insumos, la reforma pretende aumentar la producción agrícola, mejorar la calidad de los cultivos y, en última instancia, asegurar una mayor oferta de alimentos en el mercado nacional. Para los pescadores, esta medida se complementará con programas de capacitación y apoyo técnico, asegurando que puedan aplicar prácticas sostenibles que preserven los ecosistemas acuáticos y garanticen la continuidad de sus actividades a largo plazo. La implementación de esta reforma presenta desafíos significativos. Será fundamental establecer mecanismos de distribución eficientes y transparentes, asegurando que los beneficios lleguen a quienes realmente los necesitan. Además, se necesitará un seguimiento riguroso para evaluar el impacto de estas medidas y hacer ajustes según sea necesario.
Por cuanto hace a la tercera, busca proporcionar un piso mínimo de ingresos para los productores, fomentando la seguridad y la sostenibilidad del sector agropecuario. La política de precios de garantía no es una idea nueva, pero su inclusión en la constitución subraya el compromiso del gobierno con los productores rurales. Los precios de garantía aseguran que los agricultores reciban un pago justo por sus productos, protegiéndolos de las fluctuaciones del mercado y brindándoles una mayor previsibilidad financiera. Históricamente, los pequeños y medianos productores han sido los más vulnerables a las variaciones de precios, lo que a menudo ha llevado a situaciones de endeudamiento y abandono del campo. Con esta reforma, se busca revertir esa tendencia, promoviendo un desarrollo rural más equilibrado y sostenible. Los productos seleccionados para recibir precios de garantía son pilares de la dieta mexicana y tienen un impacto directo en la seguridad alimentaria del país. El maíz y el frijol, esenciales en la alimentación diaria, representan no solo un sustento económico para los agricultores, sino también un elemento cultural profundo. La leche, el arroz y el trigo harinero o panificable son igualmente cruciales, tanto para el consumo interno como para la industria alimentaria. Al asegurar precios justos para estos productos, la reforma busca fortalecer la cadena de suministro de alimentos básicos y promover una mayor autosuficiencia alimentaria. Implementar esta política no estará exento de desafíos. El gobierno deberá garantizar que los precios de garantía sean suficientemente atractivos para los productores sin causar distorsiones significativas en el mercado. Además, será necesario establecer mecanismos transparentes y eficientes para la compra y almacenamiento de los productos agrícolas. Sin embargo, los beneficios potenciales son vastos. Al estabilizar los ingresos de los agricultores, la reforma puede reducir la pobreza rural, incentivar el mantenimiento y expansión de tierras cultivables, y fomentar prácticas agrícolas más sostenibles. También se espera que la seguridad alimentaria del país se fortalezca, reduciendo la dependencia de importaciones y asegurando un suministro constante de alimentos esenciales.
Por tanto, la gran pregunta es ¿con que recursos se van a financiar?, pues se entiende que como se anunció no va a ver más impuestos que le permitan al gobierno federal, y en su caso a los de los estados mejorar los ingresos, por lo que la única opción es recortar los presupuestos previamente definidos, lo cual, sin lugar a dudas, afectará a otros rubros del gasto y que afectará entonces a los derechos humanos diversos garantizados, como la salud, educación, seguridad, etc. El hacer efectivos los derechos humanos es lo importante y no simplemente establecerlos en la Ley, es el gran reto.
