Los fantasmas aparecen
La inseguridad en Morelos ha sido un tema constante de preocupación para sus habitantes, y la figura del ex comisionado estatal de seguridad, José Antonio Ortiz Guarneros, se ha convertido en un símbolo de una gestión fallida. Durante seis años de gobierno de Cuauhtémoc Blanco, la estrategia de seguridad no solo fue ineficaz, sino que ahora enfrenta serias acusaciones que podrían tener consecuencias legales. Es importante resaltar la urgencia de que Ortiz Guarneros enfrente los pendientes que ha acumulado, así como la importancia de la rendición de cuentas en el ámbito público.
La denuncia presentada por la entonces candidata Lucía Meza Guzmán ha llevado a la luz las irregularidades en la gestión de Ortiz Guarneros. Acusaciones de peculado y delitos electorales son solo la punta del iceberg de una administración que dejó a la población en un estado de inseguridad creciente. Las demandas de amparo solicitadas por el ex comisionado reflejan un intento de eludir la justicia, pero la verdad es que los ciudadanos merecen respuestas claras sobre su gestión.
Uno de los aspectos más preocupantes es el uso de recursos destinados a la seguridad. La Comisión Estatal de Seguridad (CES) pagó 70 millones de pesos anuales para el mantenimiento de dos helicópteros, pero solo uno de ellos estuvo operativo. Esta situación plantea una pregunta fundamental: ¿dónde están los 35 millones de pesos que no se utilizaron para el mantenimiento adecuado de la aeronave? La falta de transparencia en la administración de fondos públicos es inaceptable y debe ser investigada a fondo. Además se ha advertido que el llamado C5 es obsoleto. Sin embargo en el caso de la nave que si ha funcionado será importante analizar de qué nos sirve a los morelenses en cuanto a sus intervenciones, porque efectivamente siempre que pasa algún hecho delictivo vemos sobrevolar el helicóptero pero el número de detenciones gracias a ello, prácticamente es nulo.
Aparte de las acusaciones penales, Ortiz Guarneros tiene la responsabilidad de responder por su gestión ante la fiscalía anticorrupción. Los 45 días para la entrega-recepción de la Secretaría de Seguridad Pública de Morelos han concluido, y es crucial que se aclare cualquier observación derivada de este proceso. La posibilidad de que se finquen responsabilidades penales es un recordatorio de que la impunidad no debe ser la norma.
El camino hacia la justicia y la rendición de cuentas apenas comienza. Tanto Ortiz Guarneros como Cuauhtémoc Blanco y sus colaboradores deben estar preparados para aclarar las múltiples interrogantes que surgen sobre su gestión. La población de Morelos no solo exige respuestas, sino también un compromiso real con la seguridad y la transparencia. La esperanza de un futuro más seguro depende de que se tomen acciones concretas y se establezcan mecanismos que aseguren que estos errores no se repitan.
En conclusión, la acumulación de pendientes y las serias acusaciones contra José Antonio Ortiz Guarneros subrayan la necesidad de un cambio profundo en la gestión de la seguridad en Morelos. La falta de resultados y la mala administración de recursos deben ser investigadas y sancionadas. Los ciudadanos merecen justicia y respuestas claras, y la rendición de cuentas debe ser un pilar fundamental en el camino hacia una mejor y más segura administración pública.
