Menos presupuesto para la justicia laboral
El pasado 15 de noviembre se presentó ante la Cámara de Diputados el Presupuesto de Egresos de la Federación para el 2025 y plantea un recorte considerable para la justicia laboral, revirtiendo con ello la reforma laboral del 2019 e implementado por el Tratado de Libre Comercio México, Estados Unidos y Canada (T-MEC). De forma importante, plantea un recorte para la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) del 8.8% de su presupuesto, lo cual tendrá un efecto en las funciones que dicha secretaría realiza en la materia, de forma principal en la inspección federal del trabajo que es la encargada de verificar que los patrones a nivel federal cumplan con la legislación laboral, así como diversas en materia registral. En ese mismo sentido, la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, que tiene la función de dar fin a todos los juicios laborales antes de la reforma en mención, se le aplicará un recorte del 8.8%, lo cual dificultará aún más la misión que cuenta retrasando aún más la impartición de justicia de los que se por sí llevan muchos años de retraso.
Para el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral (CFCRL) se estima una reducción del 32.5% de su presupuesto, lo cual es considerable si lo contrastamos con el 2024. Ello representará si se aprueba, la disminución de sus funciones fundamentales como la conciliación en materia federal como la de los registros sindicales, reglamentos interiores de trabajo, consultas previstas en la Ley, contratos colectivos de trabajo etc. Esta situación no solo pone en riesgo la viabilidad de la institución, sino que también amenaza con revertir los avances logrados en la justicia laboral durante los últimos años. No debemos olvidar que dicho centro ha logrado resolver aproximadamente 80% de los conflictos laborales que se presentan. Esto significa que la mayoría de los casos son resueltos a través de la conciliación, evitando la necesidad de procedimientos judiciales más largos y costosos.
El CFCyRL, creado como parte de la Reforma Laboral de 2019, ha sido fundamental para garantizar la libertad y la democracia en el mundo del trabajo. Su misión incluye resolver conflictos laborales de manera expedita y sin necesidad de ir a juicio, lo que ha beneficiado a millones de trabajadores, incluyendo a mujeres y menores trabajadores, siendo especialmente los más vulnerables. Sin embargo, con el recorte presupuestal, las capacidades del CFCyRL para resolver conflictos individuales y colectivos se verán significativamente afectadas. Las consecuencias de esta disminución son múltiples y preocupantes, en primer lugar, se espera una saturación de los tribunales laborales, lo que prolongará los tiempos de resolución de conflictos y aumentará la carga sobre el sistema judicial. Además, la reducción de recursos afectará la capacidad del Estado para identificar y sancionar violaciones a los derechos laborales, lo que podría incrementar la impunidad en este ámbito.
Desde una perspectiva de derechos humanos, este recorte presupuestal representa un retroceso significativo. La justicia laboral es un derecho humano fundamental, y la incapacidad del sistema para garantizar una resolución rápida y efectiva de los conflictos laborales pone en riesgo la dignidad y el bienestar de los trabajadores. Además, la falta de recursos puede comprometer los compromisos internacionales de México, especialmente en relación con el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), que incluye disposiciones laborales cruciales
La disminución del presupuesto para la justicia laboral en México, tiene varios efectos significativos: 1. Demoras en la Resolución de conflictos: Con menos recursos para la conciliación previa, los centros repartidos en la república se saturarán. Esto significa que los trabajadores y empleadores tendrán que esperar más tiempo para que sus conflictos laborales sean resueltos en esa instancia, pues no olvidemos que la conciliación previa no puede durar más de 45 días, lo que puede generar incertidumbre, frustración y desconfianza en el sistema. 2. Saturación del Sistema Judicial: Una disminución en el presupuesto puede llevar a una saturación del sistema judicial en su totalidad, ya que habrá menos personal y recursos para manejar la carga de trabajo existente. Esto puede resultar en una acumulación de casos pendientes y en un sistema menos eficiente. 3. Reducción en la Calidad del Servicio: La falta de recursos puede afectar la calidad del servicio proporcionado por el CFCyRL. Menos recursos pueden significar menos capacitación para al personal, así como una menor capacidad para implementar nuevas tecnologías y mejorar los procesos administrativos. 4. Acceso Limitado a la Justicia: La reducción del presupuesto puede dificultar el acceso a la justicia para los trabajadores, especialmente para aquellos que son más vulnerables. Esto es particularmente preocupante en un contexto donde los derechos laborales necesitan ser protegidos de manera efectiva. 5. Impacto en las Reformas Laborales: Las reformas recientes en el sistema laboral mexicano buscaban hacer el proceso de justicia laboral más eficiente y accesible. La disminución del presupuesto puede poner en riesgo estos avances y hacer más difícil la implementación de nuevas medidas que mejoren el sistema. Pero lo importante son los usuarios que generalmente los trabajadores, tiene consecuencias sociales y económicas siendo la desigualdad social: los trabajadores que no pueden acceder a la justicia de manera oportuna pueden enfrentar desigualdades adicionales, lo que puede aumentar las tensiones sociales y económicas; inseguridad laboral: un sistema judicial laboral menos eficaz puede llevar a una mayor inseguridad laboral, ya que los trabajadores pueden sentirse menos protegidos y los empleadores menos incentivados a cumplir con las leyes laborales; impacto en el desarrollo económico, la justicia laboral es crucial para un desarrollo económico sostenible. Un sistema judicial eficiente y justo contribuye a un entorno de trabajo más estable y predecible, lo que es beneficioso tanto para los empleados como para los empleadores.
Es crucial que se garantice un financiamiento adecuado para el sistema de justicia laboral en México. La reducción del presupuesto puede tener consecuencias negativas significativas tanto para los trabajadores como para los empleadores, afectando el acceso a la justicia y la eficacia de las reformas laborales. Un compromiso constante y recursos suficientes son esenciales para asegurar que el sistema de justicia laboral pueda cumplir con su misión de proteger los derechos de todos los trabajadores.
