Mitos y hechos
SIGUE LA MATA. La situación en en el poder judicial de Morelos se ha vuelto insostenible. La inconformidad que permea en diversos sectores de la sociedad es un claro reflejo de un sistema que, lejos de ser equitativo, parece estar diseñado para favorecer a un selecto grupo de individuos. Recientemente, han emergido denuncias alarmantes que señalan prácticas completamente inaceptables en el ámbito judicial, donde se ha insinuado que exámenes para la selección de personal se han manipulado en favor de amigos cercanos a Jorge Gamboa, así como de familiares de magistrados afines a su grupo. Las acusaciones son graves: se habla de exámenes previamente contestados entregados a ciertos candidatos, mientras que a otros, en un acto de evidente injusticia, se les cambiaron las respuestas. Este tipo de prácticas no solo socavan la integridad del sistema judicial, sino que también alimentan un clima de desconfianza y descontento generalizado entre los ciudadanos. El nepotismo y la corrupción son problemas endémicos que han plagado a muchas instituciones en México, y Morelos no es la excepción. Estas acciones, que parecen estar motivadas por intereses personales y no por el bienestar de la comunidad, generan un profundo descontento y una sensación de impotencia en aquellos que buscan oportunidades justas y meritocráticas.
SIN FONDO. En Morelos, la situación financiera se ha vuelto insostenible, y la creación de un fondo de pensiones se presenta no solo como una necesidad, sino como una urgencia apremiante. La carga económica que representan las jubilaciones, pensiones y los intereses de la deuda pública ha comenzado a agobiar no solo al gobierno estatal, sino también a los municipios y a los órganos autónomos. Este escenario no solo pone en riesgo la estabilidad fiscal de la entidad, sino que también limita la capacidad del gobierno para invertir en áreas cruciales como la infraestructura y la seguridad. Este año, se ha programó destinar la exorbitante cifra de 1,487 millones de pesos en pensiones y jubilaciones. Esta suma, que supera los recursos destinados a obras públicas y a la adquisición de materiales y equipamiento para la seguridad, es un claro indicativo de que algo está profundamente desbalanceado en las prioridades de gasto del estado. En lugar de invertir en el desarrollo y bienestar de la población, se observa cómo los recursos se dirigen a cubrir compromisos que, si no se gestionan adecuadamente, pueden desbordar las finanzas públicas en el futuro. La creación de un fondo de pensiones podría ofrecer una solución viable a esta problemática. Este tipo de fondo permitiría una administración más eficiente y sostenible de los recursos destinados a pensiones, evitando que el gasto en jubilaciones eclipse las inversiones en áreas estratégicas para el desarrollo de Morelos. Además, un fondo bien gestionado podría proporcionar una mayor certeza y estabilidad tanto a los jubilados como a las finanzas estatales, promoviendo un ciclo de confianza que es fundamental en cualquier economía.
PROFUNDA REVISIÓN. La suspensión de trámites en la nueva Coordinación Estatal de Movilidad y Transportes ha generado inquietud y expectativas entre los ciudadanos. Si bien este parón es parte del proceso de transición que acompaña a un cambio de administración, es evidente que hay más en juego. La estrategia de revisar minuciosamente lo que ocurre dentro de lo que alguna vez fue la Secretaría de Movilidad y Transportes sugiere que no se trata simplemente de un cambio de nombres, sino de una reestructuración profunda que busca identificar y desarticular las redes de corrupción y favoritismo que han permeado el sector. Una figura emblemática en este proceso es la del ex encargado de despacho, Eduardo Galaz, quien aparentemente busca jubilarse con una pensión sustancial. Este tipo de movimientos no son nuevos en el ámbito gubernamental, donde la salida de funcionarios puede estar cargada de intereses personales que, en ocasiones, no coinciden con el bienestar del servicio público. La búsqueda de una “buena pensión de por vida” plantea interrogantes sobre la ética en la administración pública y la necesidad de una revisión más exhaustiva de los procesos internos. La situación actual exige una mirada crítica y atenta. La revisión “con lupa” de los procedimientos y decisiones que se tomaron durante la gestión anterior es esencial para no solo garantizar la transparencia, sino también para prevenir que se perpetúen prácticas que han afectado a la ciudadanía. Los ciudadanos merecen un sistema de movilidad que opere con eficacia, sin las sombras de la corrupción que han oscurecido su funcionamiento en el pasado. Es vital que la nueva administración no solo se enfoque en desmantelar viejos esquemas, sino que también implemente mecanismos claros y accesibles que permitan a la ciudadanía participar en la supervisión de estos procesos.
AGANDALLE. En Morelos, un fenómeno que ha cobrado fuerza en los últimos años es la gestión de trámites ante la embajada de los Estados Unidos, especialmente dirigido a adultos mayores que buscan reunirse con sus familiares migrantes. Aunque el discurso que rodea este servicio se presenta como una medida de apoyo para quienes menos tienen, la realidad parece ser más compleja y, en muchos casos, engañosa. Es innegable que la posibilidad de reunirse con seres queridos que han emigrado es un anhelo profundo para muchas familias morelenses. Sin embargo, el negocio que se ha generado alrededor de estos trámites plantea serias preguntas sobre la verdadera naturaleza de este “apoyo”. Las empresas y personas que se dedican a facilitar estas gestiones lo venden como un gran beneficio social, pero lo que no se menciona es el costo real que esto implica para los solicitantes. Los precios por estos servicios pueden ser exorbitantes, y muchas veces las familias terminan pagando sumas considerables que, en lugar de representar una ayuda, se convierten en una carga financiera. La promesa de una reunión con los familiares migrantes se ve empañada por la realidad de un gasto que puede resultar insostenible para quienes viven en situaciones económicas vulnerables. Además, este tipo de servicios pueden perpetuar una dinámica de dependencia en lugar de empoderar a las personas. En lugar de facilitarles el conocimiento y la capacidad para gestionar sus propios trámites, se les ofrece una solución rápida que, aunque tentadora, puede dejarles una sensación de vacío y frustración al final del proceso.
