El 27 de abril, Ángel Yael, Edith y Eduardo se dirigían a una fiesta en el salón La Parra, en Irapuato. No eran ni las cinco de la tarde. Viajaban en una camioneta Eco Sport. Una unidad de la Guardia Nacional les hizo señales para que se detuvieran. Eduardo, conducía.

Los jóvenes decidieron no detenerse y Eduardo aceleró la marcha. A algún elemento de la Guardia Nacional le pareció que su propia vida o la de sus compañeros estaba en peligro y disparó. Ángel Yael murió de inmediato y Edith quedó herida. Solo Eduardo no recibió algún impacto.

Más tarde, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado informaría que los muchachos no iban armados y por obviedad, no habían disparado contra los militares.

El caso continúa sin justicia, el rector de la Universidad de Guanajuato, Luis Felipe Guerrero, manifestó su consternación y confusión tras la liberación del elemento de la Guardia Nacional que mató al estudiante Ángel Yael Ignacio Rangel y lesionó a Edith Carrillo, de la carrera en Agronomía el miércoles pasado.

"Nos causa extrañeza, precisamente porque el propio comunicado de la Guardia Nacional cuando sucede el acto, establece que tiene un detenido que, de manera unilateral, sostienen, privó de la vida a una persona, a un compañero estudiante, y lesionó a una compañera estudiante y luego resulta que la acusación que hace es por tentativa de homicidio".

Aun así, por tentativa de homicidio, reprochó, en la audiencia realizada el sábado, el juez dictó auto de no vinculación a proceso.

Lo anterior es una copia de lo ocurrido el pasado 18 de marzo, cuando Lidy Villalba de Heinz murió adentro de su propia camioneta, a balazos, cuando se desplazaba en los límites de Jalisco con Zacatecas, tras haber participado en un torneo. Le acompañaba su chofer y una amiga, Lorena Torres, también golfista.

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En una segunda versión, que por el momento ha sido secundada por el fiscal de Jalisco, Luis Joaquín Méndez, había un retén de dicha entidad pública y del Ejército. Méndez no lo apunta, pero al parecer, el chofer entró en pánico cuando vio al personal armado, decidiendo evadirlos. Y los militares les dispararon.

Las declaraciones de la Fiscalía de Jalisco dan a entender que, el personal militar que se encontraba en el retén, disparó sin más, apenas la camioneta que llevaba a Villalba se pasó de largo.

No son eventos aislados, constituyen un patrón de conducta, por más que en Gobernación y en Palacio Nacional digan desde 2018 que el personal armado haciendo tareas de policía, “traen otro chip”.

El salvajismo no distingue entre el miedo y la delincuencia.

De las anécdotas que se cuentan

El 19 de abril, se hicieron dos movimientos en el gobierno federal.

Y ninguno de ellos con posibilidades de ser vistos como un justo reconocimiento a los involucrados, sino más bien, de cerrar en la medida de lo posible, un escándalo.

Leonel Cota Montaño, posgraduado en Cooperativismo por el Instituto Politécnico Nacional, dejó de ser titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Cota Montaño fue ungido como director general de Seguridad Alimentaria Mexicana, organismo descentralizado constituido por Diconsa y Liconsa, perteneciente a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural.

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Cota va a cubrirle las espaldas a Ignacio Ovalle, quien fue nombrado “coordinador” del Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal (Inafed), que depende de la Secretaría de Gobernación.

Ya era un torrente de rumores el que le caía encima a Andrés Manuel López Obrador respecto al desaseo que uno de sus mentores, había dejado en Segalmex. Se habla de toda clase de manejos alejados de cualquier normatividad.

No sorprende que se haga el relevo de Ovalle Fernández; lo que llama la atención es que se hayan tardado tanto tiempo en hacerlo. Se comenta que este personaje dejó hacer y deshacer a tres o cuatro funcionarios, que operaron notorios negocios y como es de entenderse, apoyaron de forma desaseada a las metas proselitistas de la 4T.

Nadie sabe si Ovalle realmente decidió sobre las acciones e inacciones que generaron manejos opacos por miles de millones de pesos. Lo que si queda claro es que López Obrador no lo iba a dejar morir solo y finalmente le echó un salvavidas.

Y de Cota Montaño, es casi unánime la voz de los especialistas en el sentido que el Secretariado Ejecutivo que dirigió, no solamente desecó a las corporaciones municipales policiacas, sino que se aplicó a establecer metodologías que permiten cuestionar las cifras verdaderas sobre la incidencia delictiva en el país.

A días de la derrota de la Reforma Eléctrica, los hechos indican que López Obrador se encierra cada vez más en su burbuja.

Los movimientos de Cota Montaño y Ovalle lo confirman.

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