Ahora, contra la Marina Armada
Son escasas las ocasiones en las que se ha podido contemplar en la historia reciente de México, que la Secretaría de Marina esté en la picota y el escarnio, no por su actuación u omisión sino por algo que ni siquiera puede justificarse, como es maquilar absurdos a pedido.
El secretario de Marina, almirante José Rafael Ojeda, está atrapado en una encrucijada, dada la descomposición en las relaciones que al más alto nivel se manejan entre la Marina Armada, la Secretaría de la Defensa, la Fiscalía General de la República, la Secretaría de Gobernación y todo esto, con el conocimiento superior.
Para entender el lío, hay que tener en mente que el almirante Ojeda era jefe de la Zona Naval en Acapulco cuando ocurrió el caso de los 43 estudiantes de Ayotzinapa.
Pues, para distraer, dado que ya se inauguró el aeropuerto Felipe Ángeles, “apareció” una nueva línea de investigación en el informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (GIEI): que un grupo de marinos “manipularon” los hallazgos en el basurero de Cocula, adonde se “incineraron” a los estudiantes normalistas.
Si no fuera tan grave, produciría risa la ignorancia de quienes han dirigido sus obuses hacia la institución con mayor credibilidad en el país, la Marina Armada.
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Según algunos funcionarios federales, un video proporcionado por el propio almirante Ojeda a Alejandro Encinas, “demuestra” la manipulación de los restos por parte de marinos. En tal video, un dron graba la escena.
Se entiende que en la 4T no entiendan más sobre cuestiones técnicas. El dron que grabó la escena forma parte de los esquemas de seguridad que los marinos emplean en operaciones especiales para proteger a los suyos en un escenario de alto riesgo.
Es de uso que los operativos de Inteligencia Naval se protejan con esta clase de drones, para vigilar el perímetro en el que los marinos están trabajando en tierra. No es una filtración, sino una grabación de rutina. Que se maneje por los civiles como un descubrimiento inaudito, es otra cosa.
Algunos periodistas señalan que la operación del dron está vinculada al Grupo Arcturus T-20, que se trata de un sistema producido en California, Estados Unidos y está integrado por tres aeronaves con sensores de alta resolución, un vehículo como estación terrena de control, un vehículo logístico, antena de control y antena satelital, un lanzador neumático para aeronaves, además de un vehículo para acondicionar el terreno de operación.
Esta clase de aeronaves tienen 2,89 metros de largo y una envergadura alar de 5,36 metros, con un peso máximo de 84 kilogramos y autonomía de vuelo de hasta 16 horas, dependiendo de los sensores que cargue de acuerdo a cada misión.
Independientemente de que fuera uno o tres drones los involucrados, los civiles insisten ahora en que la Marina Armada manipuló la escena de Cocula. Mejor aún, que el almirante Ojeda, siendo jefe de la Zona Naval, fue quien orquestó semejante embrollo.
No se entiende muy bien cómo el jefe de una Zona Naval podría darle órdenes a la Unidad de Inteligencia Naval que opera esa clase de drones, en el entendido que los datos se envían a la Ciudad de México, no a Acapulco.
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Tampoco se entiende qué papel juega la Marina Armada en un caos que inició con una gestión desastrosa de Ayotzinapa, en la Secretaría de Gobernación estatal de Guerrero y que se maximizó en la Secretaría de Gobernación federal, particularmente en la Unidad de Gobierno, que en ese tiempo era la primera instancia en enterarse de algún problema grave en las entidades.
A lo anterior habrá que agregar que algunos medios de comunicación soltaron el mismo 31 de marzo que, el informe del GIEI “salpica” al almirante Marco Antonio Ortega Siu, encargado de la Unidad de Inteligencia Naval.
Encarrerado el absurdo con el almirante Ojeda, el lío se hace ininteligible con la mención del almirante Ortega Siu, experto en operaciones de Inteligencia y Contrainteligencia, cuya trayectoria ha sido reconocida a lo largo de años, dirigiendo a grupos de marinos altamente especializados, en docenas de acciones contra la delincuencia organizada.
Por si no estuviera tan enrarecido el ambiente, el 31 de marzo pasado, el presidente declaró que el almirante Ojeda Durán, “no estuvo involucrado en el operativo de la noche de Iguala”. Hasta aquí, su declaración no tenía sentido; sin embargo, más adelante empeoró cuando dijo que se abría la posibilidad de que se llame a declarar al expresidente Enrique Peña Nieto.
Ante tanto eso, cabe pensar en tres posibilidades de explicación respecto a los motivos que alguien tan cercano a López Obrador como Alejandro Encinas, “recibiera” el video que el almirante Ojeda entregó, con “las pruebas” de que personal de la Marina Armada “manipuló” la escena del basurero de Cocula:
1.-Es una más de las cajas chinas fabricadas para distraer a la opinión pública de los verdaderos problemas, con el riesgo de que están jugando con fuego al meter a la Marina Armada.
2.-El fuego no proviene de Palacio Nacional sino de la Defensa Nacional. Tendría sentido si la severa distancia que se guardan los titulares de la Defensa y Marina haya llegado a un punto en el que la debilidad de uno es la felicidad del otro.
3.-La Marina no es ni remotamente la consentida de Palacio. No cumple funciones de construcción, entrega de bienes o encubrimiento de negocios, con un presupuesto nimio en comparación al de los militares
La consecuencia gigantesca de cualquiera de las tres posibilidades mencionadas es que un marino del más alto rango sea sometido a una investigación que ni siquiera tiene lógica, con tal de seguir desmantelando las estructuras de mando de distintas dependencias y entidades del Estado, a las que no se puede manipular por caprichos civiles.
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¿Será posible que el gobierno federal se haya dado cuenta de la explosividad que representa meter al titular de la Marina Armada en sus estrategias por distraer al país de los problemas que no ha podido atender?
Eso explicaría por qué declaró la obviedad del 31 de marzo; sin embargo, también podría tratarse de un argumento del cual se escabullirá después, con el propósito de seguir haciendo más grande un problema que podría culminar con la salida del almirante Ojeda y la llegada de otro titular.
Si en la Fiscalía General de la República ya se atrevieron a preguntar a marinos de alto rango si quieren acogerse al Criterio de Oportunidad (es decir, que se asuman culpables, pero salven su resto si delatan a otros con mayores delitos), pocas sorpresas pueden esperarse.
Ya no es castigar a los culpables verdaderos de Ayotzinapa, sino maquilar decisiones para elevar la popularidad gubernamental.
No hay que descartar que a López Obrador ya le hayan sugerido sus consejeros que la Marina y el Ejército funcionen como una especie de Ministerio Conjunto.
Cualquier posibilidad cabe en un gobierno que ha hecho de ideas a bote pronto, como una política pública.
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