María Luisa Villanueva acusa a jueza de obstaculizar orden de aprehensión contra policías torturadores
Fue detenida, torturada y abusada por policías y sentenciada a 25 años de prisión. Ahora, la jueza Juana López Solano ha negado la orden de aprehensión contra los entonces judiciales que la violentaron y exige que, en la audiencia de revisión, los magistrados le corrijan la plana, para que se haga justicia.
Desde 2014 presentó la denuncia contra seis integrantes del entonces Grupo Antisecuestros de la también desaparecida Policía Judicial, y aún no ha obtenido justicia, a pesar de que la Fiscalía General del Estado ya solicitó las órdenes de aprehensión correspondientes.
La jueza basó su negativa a expedir la orden debido a que no se presentó certificado médico en el que se especificaran las lesiones recibidas, cuando incluso sufrió de abuso. María Luisa Villanueva afirma que cuenta con un análisis denominado "Protocolo de Estambul" en el que se demuestra que fue víctima de tortura y abuso, pero la jueza sigue renuente a que se gire orden de aprehensión contra sus agresores, por lo que espera que en la audiencia se haga justicia para sancionar a los policías responsables.
María Luisa Villanueva narró que el 13 de junio, la Fiscalía General de Justicia, después de 10 años, por fin solicitó orden de aprehensión por tortura contra los policías que la detuvieron sin orden legal, la retuvieron durante cuatro días, y para encubrir la violencia que ejercieron en su contra, le fabricaron un delito muy grave, un secuestro del que afirma es inocente y por el cual pasó 25 años en la cárcel, “que me parecieron eternos”.
Y agrega: “La juez penal de Atlacholoaya, Juana López Solano, el 12 de julio de este año se negó a librar la orden de aprehensión con el pretexto de que yo no presentaba ningún moretón ni lesiones visibles que me hubieran causado mis agresores, afirmando que, por tanto, los policías en todo momento respetaron sus derechos humanos”.
Y, sin embargo, María Luisa afirma que para constatar parte del raño sufrido era necesario un examen ginecológico, y otro psicológico para demostrar el daño sufrido, los cuales nunca le fueron practicados, a pesar de ser indispensables.
El caso para revisión está en manos del magistrado Juan Emilio Elizalde, quien deberá presentar un proyecto de resolución, revocando o confirmando la resolución de la jueza, este jueves 28 de noviembre, en audiencia a celebrarse a las 10 de la mañana, sobre lo cual afirma María Luisa:
"No puedo más que externar mi temor y desconfianza acerca de que ese magistrado trate de seguir la misma línea de la juzgadora, que siga diciendo que no existió tortura, pues no presenté lesiones visibles ni algún moretón que pruebe el ultraje sufrido”.
Señala convencida que existe una cadena de encubrimiento entre quienes operan el sistema de justicia en Morelos, una mafia judicial que ha impedido que hasta hoy ella encuentre justicia, por el daño que se le ha causado. Y sus temores van más allá: hay sobradas pruebas de ineptitud de la Fiscalía de la entidad a la hora de integrar carpetas de investigación y de los numerosos casos que por ello pierde ante los jueces, por lo que desconfía des sistema de procuración y el de impartición de justicia. No obstante, eso se verá en la audiencia, afirma.
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