El presidente del Tribunal de Justicia Administrativa (TJA) de Morelos, Guillermo Arroyo Cruz, aseguró que hasta este miércoles 18 de noviembre no ha recibido ningún citatorio de la Fiscalía General del Estado (FGE) para declarar por el asesinato del regidor de Cuernavaca, Gabriel Rivas Ríos, ocurrido el pasado 4 de noviembre.
El magistrado afirmó que está dispuesto a comparecer ante las autoridades ministeriales si es requerido, siempre que se respete el debido proceso y se cumplan los procedimientos legales establecidos para citar a funcionarios públicos.
En entrevista, Arroyo Cruz sostuvo que no cuenta con información directa que pueda aportar sobre el homicidio y consideró que quienes deben explicar los asuntos judiciales relacionados con el caso son los magistrados responsables de los expedientes.
"Sí acudiré siempre y cuando se respeten las reglas del debido proceso, yo estaré disponible a acudir a todas las instancias correspondientes que sean necesarias", expresó.
El presidente del TJA también señaló que desconoce si el magistrado titular de la Cuarta Sala ya recibió alguna notificación de la Fiscalía.
Fiscalía anunció citatorios a funcionarios del TJA y Cabildo
El pasado 5 de noviembre, un día después del asesinato de Gabriel Rivas Ríos, el fiscal general de Morelos, Fernando Blumenkron Escobar, informó que las investigaciones contemplaban distintas líneas relacionadas con las actividades públicas del regidor.
Entre las diligencias anunciadas se encontraba la posibilidad de citar a integrantes del Cabildo de Cuernavaca, funcionarios del Tribunal de Justicia Administrativa y representantes de la empresa inmobiliaria Portenta.
El anuncio formó parte de las acciones para reunir información que pudiera contribuir al esclarecimiento del homicidio, sin que ello significara que las personas mencionadas fueran consideradas responsables del delito.
Arroyo Cruz insistió en que cualquier requerimiento deberá realizarse conforme a la ley.
"Recuerden que hay reglas para citar a altos funcionarios, entonces no es una ocurrencia nada más decir que se va a citar un alto funcionario, hay que respetar las reglas", manifestó.
Funcionarios de Cuernavaca ya comparecieron por el homicidio
Aunque el presidente del TJA asegura que todavía no ha sido requerido, algunas diligencias anunciadas por la Fiscalía ya comenzaron.
El 13 de noviembre, el secretario del Ayuntamiento de Cuernavaca, Óscar Cano Mondragón, y la regidora Paz Hernández comparecieron ante el Ministerio Público como parte de las investigaciones relacionadas con el asesinato de Gabriel Rivas.
Un día antes, Cano Mondragón había confirmado que recibió un citatorio y manifestó su disposición para colaborar con las autoridades.
Estas comparecencias forman parte de la recopilación de testimonios y otros elementos de investigación. Su realización no implica responsabilidad penal de los funcionarios.
Por su parte, Arroyo Cruz reiteró que, si la Fiscalía requiere información de los expedientes administrativos relacionados con el predio La Cazahuatera, deberá solicitarla mediante los procedimientos correspondientes.
Juicios de La Cazahuatera continuarán pese a anuncio de expropiación
En otro tema, el magistrado presidente aclaró que los dos juicios administrativos relacionados con el predio La Cazahuatera, ubicado en Cuernavaca, continuarán su trámite, pese al anuncio del Gobierno estatal de iniciar un proceso de expropiación.
Explicó que ambos procedimientos se encuentran en la Cuarta Sala del TJA y están relacionados con controversias por la negativa del Ayuntamiento de Cuernavaca a otorgar licencias de construcción para el proyecto inmobiliario Altoverde.
Arroyo Cruz señaló que la decisión anunciada por la gobernadora Margarita González Saravia no modifica ni suspende automáticamente los expedientes judiciales.
Por ello, los dos juicios pueden continuar mientras las autoridades estatales desarrollan los trámites correspondientes a la expropiación.
El magistrado estimó que las resoluciones podrían emitirse en un plazo de hasta seis meses, aunque aclaró que los procedimientos deben seguir su curso legal.
También expresó respeto por la decisión de la gobernadora, sin pronunciarse sobre el sentido que deberán tener las resoluciones judiciales.
Gobierno de Morelos anunció expropiación el 10 de noviembre
El pasado 10 de noviembre, Margarita González Saravia anunció que su administración iniciaría el proceso para expropiar La Cazahuatera, con el propósito de preservar el terreno como espacio natural en Cuernavaca.
La decisión respondió a las demandas de organizaciones ambientalistas y ciudadanos que se han opuesto a la construcción de un desarrollo inmobiliario en el lugar.
Gabriel Rivas Ríos había participado en la defensa de este predio, por lo que la gobernadora también reconoció su labor durante el anuncio.
Sin embargo, el TJA había aclarado desde el 4 de noviembre que no existía una resolución judicial que autorizara continuar las obras del proyecto Altoverde.
Los dos expedientes administrativos permanecen pendientes y su resolución no debe confundirse con los procedimientos que corresponde desarrollar al Gobierno estatal para concretar una expropiación.
Vinculan a proceso a presunto responsable del asesinato de Gabriel Rivas
En cuanto a la investigación penal, la Fiscalía General del Estado de Morelos informó el 17 de noviembre que Ricardo Alejandro "N" fue vinculado a proceso por homicidio calificado, como probable responsable material del asesinato del regidor Gabriel Rivas Ríos.
La autoridad judicial determinó que el imputado permanezca en prisión preventiva mientras continúan las investigaciones y concedió un plazo de cuatro meses para el cierre de la investigación complementaria.
La vinculación a proceso no constituye una sentencia condenatoria, por lo que se mantiene la presunción de inocencia.
Hasta ahora, no se ha acreditado una relación penal entre el homicidio y los juicios administrativos de La Cazahuatera.
Por su parte, Guillermo Arroyo Cruz reiteró que los procedimientos del TJA deberán continuar conforme a la ley y que atenderá cualquier requerimiento de la Fiscalía siempre que se respeten las formalidades legales.
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