La gobernadora Margarita González Saravia anunció que el Gobierno de Morelos expropiará el predio conocido como La Cazahuatera, en Cuernavaca, con el propósito de conservarlo como espacio natural y evitar la pérdida de una zona verde frente al crecimiento urbano de la capital.
La mandataria vinculó la decisión con una demanda que durante años fue impulsada por el activista y regidor Gabriel Rivas Ríos, acompañado por colectivos y organizaciones ambientalistas.
“Tomando la palabra de Gabriel, pero también de todos los ambientalistas, tomamos la decisión de la expropiación del predio La Cazahuatera”, expresó González Saravia.
El anuncio representa la decisión política de llevar adelante el procedimiento, pero la expropiación todavía deberá cumplir distintas etapas jurídicas antes de considerarse concluida.
Expropiación requerirá decreto e indemnización
La legislación de Morelos establece un procedimiento formal para llevar a cabo una expropiación por causa de utilidad pública.
Entre los pasos se encuentran la fundamentación de la medida, la emisión del acto correspondiente y el pago de una indemnización conforme a las reglas aplicables.
Hasta ahora no se ha publicado un decreto específico de expropiación de La Cazahuatera, por lo que el predio no debe presentarse todavía como definitivamente incorporado al patrimonio público.
La protección ambiental y conservación de espacios naturales pueden formar parte de las causas de utilidad pública que sustenten una expropiación.
El objetivo expresado por el Gobierno estatal es preservar La Cazahuatera como área verde de beneficio colectivo.
Esto tampoco significa que el predio haya sido declarado Área Natural Protegida, ya que esa figura requiere un procedimiento distinto.
Gabriel Rivas impulsó defensa de La Cazahuatera
La defensa del predio fue una de las causas públicas de Gabriel Rivas.
Antes de su homicidio, el regidor había participado en acciones para frenar el desarrollo inmobiliario proyectado en la zona y promovió una recolección de firmas para solicitar al Gobierno estatal la expropiación del terreno.
También realizó gestiones relacionadas con procedimientos administrativos y jurídicos vinculados al proyecto.
Organizaciones sociales mantuvieron posteriormente la defensa del espacio, entre ellas la Asociación Cívica Morelense Gustavo Salgado.
La agrupación había anunciado además nuevas actividades para continuar promoviendo la conservación del predio.
La gobernadora señaló que la decisión busca retomar tanto la demanda de Rivas como la de los colectivos ambientalistas que han solicitado mantener este espacio libre de urbanización.
Cuernavaca enfrenta presión sobre sus áreas verdes
González Saravia sostuvo que Cuernavaca necesita conservar sus espacios naturales debido al crecimiento de la mancha urbana y de las superficies asfaltadas.
El ordenamiento ecológico municipal reconoce la presencia de selva baja caducifolia y vegetación secundaria asociada dentro del territorio de Cuernavaca, así como la presión urbana sobre distintos ecosistemas.
El Gobierno estatal identifica esa importancia ambiental como una de las razones para preservar La Cazahuatera.
Hasta ahora no se ha informado oficialmente la extensión exacta que comprenderá el procedimiento de expropiación, por lo que no existe una cifra confirmada sobre cuántas hectáreas o metros cuadrados serán afectados.
Expropiación no determina legalidad del proyecto inmobiliario
La decisión del Gobierno de Morelos de preservar el predio no significa que el desarrollo inmobiliario que se proyectaba en La Cazahuatera haya sido declarado ilegal.
Tampoco establece por sí misma responsabilidades administrativas, civiles o penales para empresas, funcionarios o particulares relacionados con ese proyecto.
Las controversias jurídicas existentes deberán continuar por sus propias vías.
La medida anunciada tiene como objetivo central la conservación del terreno y su uso como espacio verde.
Fiscalía mantiene abiertas líneas por homicidio de Gabriel Rivas
La defensa de La Cazahuatera también forma parte de las actividades de Gabriel Rivas que la Fiscalía General del Estado revisa dentro de las investigaciones por su homicidio.
Las autoridades han contemplado recabar información de integrantes del Cabildo, del Tribunal de Justicia Administrativa y de representantes vinculados con el proyecto inmobiliario.
Sin embargo, no se ha determinado que la defensa de La Cazahuatera sea el móvil del asesinato.
La Fiscalía sostiene que mantiene abiertas distintas líneas de investigación y que deberá agotarlas para identificar tanto las circunstancias del crimen como a sus responsables.
El Gobierno federal también participa en el seguimiento del caso.
La presidenta Claudia Sheinbaum pidió apoyar las investigaciones para identificar a los autores materiales y a quien hubiera ordenado el homicidio, además de revisar con el Gobierno estatal la situación del desarrollo inmobiliario cuestionado por Rivas.
Estas actuaciones no permiten establecer que la decisión de expropiar haya sido consecuencia directa de una intervención federal, ya que el Gobierno estatal la ha presentado como respuesta a una demanda ambiental acumulada.
González Saravia reiteró su compromiso de cero impunidad y expresó su confianza en que la Fiscalía pueda ofrecer avances relevantes en la investigación.
La decisión sobre La Cazahuatera y el esclarecimiento del homicidio avanzan, por tanto, por vías distintas: una corresponde al procedimiento de conservación y eventual expropiación del predio; la otra, a una investigación penal que todavía no tiene un móvil definitivo establecido.
SFQ
143
Me Gusta
Comentar
Compartir
