Nuestro estado de Morelos ha sido centro de sucesos buenos y malos a lo largo de su vida como Estado. Hoy no ha sido la excepción. Los trabajadores administrativos de la UAEM reclaman una nivelación salarial pendiente desde el año 2022 y nadie les resuelve. En medio del caos, matan a un activista, luchador social, Gabriel Rivera, que ocupaba una regiduría en el municipio de Cuernavaca. Los transportistas a nivel nacional protestan por la seguridad, por el precio del diésel y por la falta de trabajo. Pero en Morelos le cargan una petición más, reclamos al Director de la SICT de Morelos por “favoritismos” en contratos y asignación de acarreos. Estas tres vertientes sociales se derivan en un sinnúmero de circunstancias que están afectando a toda la sociedad en el Estado de Morelos. Principalmente a la Capital, Cuernavaca. Aunado a todo el clima de inseguridad, violencia, enfrentamiento de integrantes del crimen organizado.
En los cuatro casos queda rebasado el Estado, tanto en orden federal como en el estatal. Pues en el caso de los trabajadores administrativos que reclaman una nivelación salarial, no es un asunto aislado del sindicato que lidera este movimiento, el STAUAEM. Pues esto ha sido producto de un aumento al salario mínimo sin planeación, sin estudio, sin evaluación del impacto económico y social, que implementó el presidente en su momento, en el año 2018, Andrés Manuel López Obrador. Y que, debido a ese aumento en el salario mínimo, pero que no se ha visto reflejado en las percepciones de los trabajadores que trabajan mediante un contrato colectivo de trabajo, y que por políticas económicas del gobierno, a los sindicatos no se les permite demandar arriba del 10% de aumento salarial y que termina otorgando un 4 o 5% desde el año 2018. Es por ello que los trabajadores que ganaban dos o tres salarios mínimos en el año 2018, con los aumentos de 4 o 5% hasta este año solo han alcanzado a la fecha, salarios de menos de 300 pesos. Eso ha ocasionado que millones de trabajadores en el país estés obteniendo salarios menores al mínimo actual, lo cual quedó fuera de lo que indica la ley. Los trabajadores administrativos de la UAEM están exigiendo con justo derecho que le nivelen al menos al mínimo. Ni la gobernadora, ni la rectora tienen la facultad para resolver ese embrollo. Solo una buena gestión ante el gobierno Federal podrá resolverse, aunado a la crisis anual de la falta de recursos para pago de aguinaldos de todos los trabajadores universitarios.
Por otro lado, el asesinato de Gabriel Rivas, pone en jaque a todo el gobierno estatal, que a través de la Fiscalía General del Estado, tienen un gran reto; resolver y encontrar a los asesinos del Regidor activista, tanto materiales como intelectuales. Se duda que lo logren. Claro que la crisis también trastoca al Ayuntamiento que preside José Luis Urióstegui, pues el líder activista era regidor de su ayuntamiento y al parecer unas líneas de investigación surgen en el mismísimo Ayuntamiento.
También los bloqueos de transportistas por protestas a nivel nacional han afectado al Estado de Morelos, pues han bloqueado los principales puntos de acceso a la ciudad. Pero, además, para “amolarla de acabar” los transportistas ahora bloquean para protestar en contra del Directos de la SICT, Oscar Coello, a quien acusan de favorecer a Sindicatos nacionales en la asignación de contratos para obras que se ejecutan en la entidad- Y usted ¿a quién cree que favorece?, según estos transportistas. Si, al sindicato de CATEM, otro ente creado bajo la sombra de AMLO.
Pues todo este conflicto tiene en jaque a la sociedad morelense que es quien sufre de los problemas que derivan estos asuntos delicados. Y súmele las ejecuciones que a diario están a la orden, aumentando las estadísticas.
También los temas económicos nos están pegando de sobremanera, pues hoy ya no está la planta de Nissan en Morelos. También la cancelación del proyecto en el predio de la Cazahuatera es una mala señal para los inversionistas que quieren traer su dinero a Morelos.
Pobre Morelos, pobres de los morelenses.


