La persecución religiosa de Ortega no cesa en Nicaragua; hay más sacerdotes exiliados y desterrados
Monseñor Rodrigo Urbina llegó al aeropuerto de Miami el viernes 27 de enero a tiempo para abordar el avión que lo llevaría de regreso a Nicaragua, donde es párroco de la Iglesia de San Juan Bautista, un templo en el barrio indígena de Sutiaba en el león. ciudad. Todo iba bien hasta que personal de la aerolínea le informó que las autoridades de su país, es decir, el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, no le habían permitido el ingreso. No pudo subir y desde ese momento el sacerdote fue desterrado, víctima de una medida represiva que ya han vivido otros sacerdotes en los últimos meses, en medio de la persecución religiosa que la pareja presidencial mantiene contra la Iglesia católica.
El destierro de monseñor Urbina ha sido confirmado por fuentes de la Iglesia, incluido el vicario general de la Arquidiócesis de Managua, monseñor Carlos Avilés, una de las pocas voces pastorales que aún responde a las preguntas de los periodistas en un ambiente de terror para los religiosos católicos. Desde abril de 2018, cuando policías y paramilitares llevaron a cabo una masacre de más de 350 personas, el resultado más fatal de una variada y feroz represión, los pastores han sido sistemáticamente hostigados por la policía y la justicia por criticar los abusos a los derechos humanos por parte del oficialismo.
El miedo rara vez se alivia en las iglesias e incluso en los seminarios. El 29 de enero, durante la misa dominical, el cardenal Leopoldo Brens dijo en el púlpito que “un grupo” de neocatecúmenos extranjeros, recién ordenados sacerdotes, habían pedido regresar a sus países de origen. “El cardenal no tiene que dar las razones, pero obviamente estos hermanos recién ordenados no quieren servir dadas las circunstancias”, dijo una fuente católica, que pidió el anonimato.
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Ni la Conferencia Episcopal Nicaragüense (CEN) ni el Vaticano han dicho cuántos sacerdotes -como monseñor Urbina, que no ha respondido a las consultas de EL PAÍS- se han exiliado. Mucho menos el número de pastores que se exiliaron para escapar de la persecución religiosa. Según un censo de EL PAÍS de casos denunciados públicamente, hasta el momento se han exiliado cinco sacerdotes. Mientras que 10 religiosos (un obispo, ocho sacerdotes y un seminarista) han huido de Nicaragua. Sin embargo, defensores de derechos humanos e incluso el titular de la Diócesis de Danlí en Honduras, Monseñor José Canales, creen que el número de sacerdotes y religiosos católicos es mayor.
Canales dijo al diario el pasado mes de septiembre La prensa —cuya redacción fue confiscada a la familia Ortega-Murillo— que mantenía intercambios electrónicos “con sacerdotes vulnerables”. “Me hablaron de otros compañeros y calculo que unos 50 sacerdotes están pensando en irse de Nicaragua porque ya no aguantan más el acoso”, dijo. La mayoría, dijo el obispo de Danlí, planea buscar refugio en Costa Rica y Honduras.
En San José, la capital de Costa Rica, el abogado Gonzalo Carrión dijo a EL PAÍS que su organización, el colectivo de derechos humanos de Nicaragua Nunca Más, acompaña a dos sacerdotes exiliados cuyos nombres se mantienen en reserva. “No te puedo dar un número, pero hay muchos casos que no se denuncian por miedo”, dice Carrión, quien también está siendo procesado y prohibido.
“Estamos viendo desalojos forzosos de sacerdotes y miembros de la Iglesia Católica. Es la continuación de los crímenes de lesa humanidad en Nicaragua. Esto ha llevado al actual estado de terror, perpetrado por un régimen totalitario que en 2022 encarceló a sacerdotes y privó de su libertad a un obispo”, añade Carrión. “El año pasado Nicaragua vivió un desplazamiento forzado sin precedentes; Miles y miles de ciudadanos de todos los territorios que han ido a Estados Unidos y Costa Rica, incluyendo personas que se declaran en el exilio. Los sacerdotes no han escapado a esta tragedia.
Un obispo en la corte
El caso de exilio forzoso más conocido es el del obispo Silvio Baéz, radicado en Miami desde abril de 2019. Pero ahora llegan otros, como el del padre Uriel Vallejos, quien buscó refugio tras huir de la cacería en Costa Rica que la policía lanzó contra la Diócesis de Matagalpa y sus iglesias en agosto de 2022 por los presuntos delitos de “atentado contra la integridad nacional”. ” y “difundir noticias falsas” mientras el régimen emitía una orden de captura contra Vallejos en la Interpol.
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Álvarez es una de las principales voces de la Iglesia Católica en Nicaragua y un flagelo moral contra el régimen sandinista. El prelado es retenido en casa por la prisión y los Ortega-Murillos le ofrecen el destierro a cambio de su libertad. Sin embargo, el obispo se ha negado rotundamente a abandonar su país natal, por lo que el juicio se ha prolongado y permanece en el limbo. Semanas atrás, el presidente de la CEN, monseñor Carlos Herrera, anunció que la Santa Sede había iniciado «conversaciones» con el régimen sandinista para abordar la situación del obispo de Matagalpa, pero por el momento no se habían dado más detalles. Sin embargo, las relaciones de Managua con el Vaticano están «en un callejón sin salida» desde que el Nuncio Monseñor Waldemar Stanislaw fue expulsado de Nicaragua en marzo de 2022.
El 26 de enero, el tribunal sandinista encontró “culpables” a cuatro sacerdotes, dos seminaristas y un laico que habían sido detenidos con el obispo Álvarez. Los fiscales buscan una pena de 10 años de prisión por el delito de «conspiración». Mientras tanto, continúa el hostigamiento en las parroquias. La abogada Marta Patricia Molina ha documentado al menos 396 ataques del régimen contra el catolicismo desde 2018, incluidos 140 en 2022.
Además del destierro, los ataques registrados también incluyen delitos, profanación de templos, insultos y amenazas de muerte, ataques armados, encarcelamiento, prohibiciones de culto y práctica de la religión. “Obligar a alguien a exiliarse es una grave violación de los derechos humanos. La constitución política de Nicaragua garantiza la libre entrada y salida de nacionales. Estoy haciendo la tercera entrega de Nicaragua: ¿Iglesia perseguida?, y es obvio que este año será más nefasto que el anterior. La dictadura no da tregua a los religiosos”, dijo Molina a EL PAÍS.
El abogado advierte que el hostigamiento es continuo y se ha extendido a laicos y feligreses del interior. “La policía los detuvo temporalmente para preguntarles sobre sus actividades como laicos”, dijo Molina. Con información de El País
*MG
