Periodismo: zona de riesgo
Es fundamental que los Estados cumplan con su obligación de proteger a los y las periodistas, garantizando su seguridad y brindándoles las condiciones necesarias para que puedan realizar su labor de informar a la sociedad de manera libre y segura. La adopción de medidas de protección concretas y efectivas, así como la capacitación de las fuerzas de seguridad en el respeto a la labor periodística, son aspectos clave para garantizar la seguridad de los y las profesionales de la comunicación.
Además, es fundamental que se establezcan programas especiales de protección para aquellos periodistas que se encuentran en situaciones de riesgo extraordinario, así como la implementación de políticas públicas efectivas que contribuyan a prevenir y combatir la violencia contra periodistas.
Procurar justicia. La impunidad en los casos de violencia contra periodistas es uno de los principales obstáculos para garantizar su seguridad y protección. Los Estados tienen la obligación de investigar de manera pronta, imparcial y exhaustiva los casos de agresiones contra periodistas, identificar a los responsables y llevarlos ante la justicia.
Es fundamental que se garantice el acceso a la justicia para los y las periodistas víctimas de violencia, así como la implementación de medidas de protección para evitar represalias contra ellos y sus familias. La justicia es un pilar fundamental en la protección de la libertad de expresión y el ejercicio del periodismo, por lo que los Estados deben procurar la justicia en todos los casos de violencia contra periodistas.
En resumen, la seguridad de los y las periodistas es una obligación estatal que se resume en los tres deberes de Prevenir, Proteger y Procurar justicia. Los Estados tienen la responsabilidad de adoptar medidas efectivas para garantizar la seguridad de los y las profesionales de la comunicación, protegerlos de situaciones de riesgo y asegurar que se haga justicia en los casos de violencia contra periodistas.
