• UAEM, retorno a las aulas

Tras casi seis meses de las movilizaciones de protesta, de un paro y la paulatina reanudación de clases irregulares, derivado de los feminicidios de las estudiantes Kimberly Joselín Ramos Beltrán, de la Facultad de Contaduría y de Karol Toledo Gómez, de la Escuela de Estudios Superiores de Mazatepec, ayer la UAEM reanudó actividades en la mayoría de sus escuelas, facultades e institutos de estudios. Aquel movimiento contra la inseguridad y la violencia de género cimbró a la institución y al estado, e hizo ver la indolencia e incapacidad de la rectoría encabezada por Viridiana León Hernández, pero también trastocó al gobierno del estado, cuyas cifras en materia de feminicidios lo ubican en los primeros lugares del país.
Sin embargo, el regreso a las aulas no puede presentarse como una victoria administrativa ni como una postal de normalidad recuperada. Volver a abrir salones no significa haber resuelto la crisis. La universidad no se recompone con comunicados, cámaras recién instaladas o discursos de ocasión; se recompone cuando la comunidad vuelve a caminar sin miedo, cuando las familias recuperan confianza y cuando las autoridades dejan de administrar la tragedia como si fuera un expediente incómodo.
La rectoría presume medidas de seguridad: luminarias, cámaras, controles de acceso, lectores QR, botones de alerta y personal de vigilancia. Todo eso puede ser necesario, pero llega tarde y bajo presión. No nace de una visión preventiva, sino del estruendo de una comunidad agraviada. Y ahí está el punto más grave: las autoridades actuaron no porque hayan leído a tiempo el deterioro institucional, sino porque el dolor estudiantil les cerró las puertas, les tomó los campus y les obligó a sentarse a negociar.
Tampoco el gobierno estatal puede lavarse las manos ni refugiarse en la cómoda explicación de que la seguridad dentro de los campus corresponde únicamente a la universidad. La seguridad universitaria no termina en una caseta ni comienza en una credencial; empieza mucho antes, en las calles que conectan a las unidades académicas con los barrios, en los paraderos donde las estudiantes esperan transporte, en los caminos mal iluminados, en las rutas intermunicipales y en los alrededores donde la presencia oficial suele aparecer sólo después de la tragedia. Las estudiantes salen de sus casas, caminan calles oscuras, esperan transporte, cruzan municipios y regresan por rutas donde la autoridad parece ausente, como si el riesgo fuera una carga privada y no una responsabilidad pública. Si el Estado anuncia planes, cámaras, luminarias, módulos de vigilancia y coordinación con ayuntamientos, entonces debe probar que esas medidas funcionan más allá del discurso: con patrullajes constantes, respuesta inmediata, investigación seria, prevención real y rendición de cuentas. De lo contrario, cualquier blindaje intramuros será apenas una frontera simbólica: adentro se promete orden; afuera sigue respirando la impunidad, esa misma impunidad que convierte la vida cotidiana de las estudiantes en un trayecto de alerta permanente.
Y junto con la seguridad viene el otro compromiso que no admite simulaciones: la recuperación académica. Meses de paro, clases virtuales irregulares, evaluaciones reprogramadas y calendarios alterados no se reparan con prisa burocrática. La autoridad universitaria debe garantizar que ningún estudiante pague con rezago, castigo o sobrecarga el costo de una crisis que no provocó. La normalidad académica no se decreta: se reconstruye con acompañamiento, flexibilidad, planeación y recursos.
La UAEM entra hoy a una etapa decisiva, quizá una de las más delicadas de su historia reciente. Las autoridades universitarias y estatales están frente a una comunidad que ya no cree en las promesas vacías, que ya aprendió a desconfiar de los boletines pulidos y que sabe distinguir entre una respuesta institucional seria y una operación de control de daños. Cumplir no será inaugurar equipos, posar junto a cámaras nuevas ni producir discursos triunfalistas para aparentar que la crisis quedó atrás. 
Así, cumplir será transparentar avances con fechas, responsables y resultados; escuchar sin perseguir; investigar sin opacidad; proteger sin improvisar; sancionar sin cálculos políticos y educar sin abandonar a quienes cargaron durante meses con el costo de la negligencia. A partir de ahora, cada luminaria que no funcione, cada patrulla que no llegue, cada denuncia que se minimice, cada clase perdida sin reposición y cada estudiante que vuelva a sentirse sola frente al miedo será una prueba contra quienes hoy prometen soluciones. 
Después de Kimberly y Karol, cualquier intento de maquillar la crisis, diluir responsabilidades o convertir el regreso a clases en propaganda será una nueva forma de agravio. La comunidad universitaria no necesita ceremonias de normalidad: necesita garantías, justicia y autoridades que estén a la altura del dolor que dicen comprender, veremos…