Verdad y justicia para los 43 desaparecidos de Ayotzinapa, el papel del Ejército y la CNDH.

Se van a cumplir 12 años de la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa el 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero y lejos de esclarecer el paradero de los estudiantes y saber todo lo ocurrido, se aleja cada vez más la posibilidad de alcanzar la justicia, ante la política de Estado tendiente a proteger y mantener la impunidad del Ejército en este crimen de lesa humanidad.
En este panorama, el pasado 9 de julio de 2026 la CNDH publicó la Recomendación 208VG/2026 sobre el caso de la desaparición de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural "Raúl Isidro Burgos" de Ayotzinapa, un documento de 876 páginas que, en lugar de contribuir al acceso a la verdad y la justicia de las víctimas tras casi 12 años de impunidad, exime a las Fuerzas Armadas de responsabilidad en los hechos. 
La CNDH falta absolutamente a la verdad de los hechos, ya que a principios de 2020 se llevó a cabo una reunión con los padres y madres de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa y la Presidenta de la CNDH en las instalaciones del Centro ProDH, ante la desconfianza de los familiares de los 43 desaparecidos quienes se negaron a ir a las oficinas de la CNDH. Ahí los compromisos fueron claros para revisar la actuación del Ejército en la desaparición de los 43, ya que esto había sido omitido en la Recomendación 15VG/2018 de la propia CNDH. 
Ante el cúmulo de falsedades reiteradas en esta Recomendación 208VG que pretende exonerar de responsabilidades al Ejercito en la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, la CNDH tiende una vez más a su campaña de victimizacion y criminalización, pasando por encima de la certeza jurídica de lo que ya ha sido considerada cosa juzgada por los Tribunales que desecharon todas sus acusaciones infundadas contra quienes asumieron la responsabilidad de investigar el papel del Ejército que obran en el mismo expediente que tiene en su poder la CNDH sobre el caso Ayotzinapa. 
Esta grave acusación de la CNDH en realidad trata de deslindar de cualquier responsabilidad a la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), ya que convalida extensamente las respuestas de las Fuerzas Armadas, omitiendo incluso hechos ya acreditados por tribunales nacionales, como por ejemplo las acusaciones en contra de 17 militares vinculados a proceso por delincuencia organizada, o información que ha sido confirmada por los propios documentos militares y  por diversos medios de comunicación. Más grave aún, el documento desconoce lo que ya ha sido reconocido por resoluciones judiciales, respecto a la existencia de información de inteligencia que SEDENA ha negado durante años, como los 800 folios que reclaman los familiares de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa y no han sido entregados hasta la fecha, así como la infiltración de militares en la Normal Rural de Ayotzinapa. 
La cuestionada Recomendación 208VG de la CNDH ataca las líneas de investigación más sólidas derivadas del trabajo de la asistencia técnica del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), creado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). También  extiende sus críticas a la labor de funcionarios públicos, incluyendo al entonces titular de la Unidad Especializada de Investigación y Litigio sobre el Caso Ayotzinapa (UEILCA) y al presidente de la CoVaJ, así como cuando estuve encargado de la Dirección General de la Primera Visitaduria de la CNDH de enero a agosto del 2020, cuando un equipo elaboró un borrador de un informe sobre el papel del Ejército en la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa y por ello fui perseguido penal y administrativamente por la CNDH, quien no logró demostrar sus falsas acusaciones y luego de 5 años perdió legalmente todos sus amparos y procedimientos ante las instancias jurídicas, por lo que ya es cosa juzgada y debería ser acatada por la Presidenta de la CNDH quien acusó sin fundamentos y está obligada a ofrecer una disculpa pública y reparar el daño mediante una biblioteca en la comunidad indígena de Alpuyeca y no continuar con su campaña de criminalización como lo hace en esta Recomendación 208VG/2026.
La CNDH ha quedado evidenciada en su subordinación al poder, muy lejos de la lucha que durante toda su vida llevó a cabo Rosario Ibarra de Piedra, quien siempre exigió que el Ejército entregara con vida a su hijo Jesús Piedra Ibarra, quien fue llevado al Campo Militar Número Uno al igual que miles de desaparecidos, mismo lugar donde la actual presidenta de la CNDH fue a tomarse la fotografía avalando al poder militar, tal como ahora lo hace con ésta ominosa Recomendación 208VG que ofende la memoria de todas las madres que han luchado por la presentación con vida de sus hijos e hijas, como los 43 y los 135 mil desaparecidos desde los años setentas hasta la fecha. 
Hoy más que nunca es necesario exigir justicia para terminar con la impunidad del Ejército en estos crímenes de lesa humanidad y no permitir que continúe la política de militarización de la seguridad pública y el otorgamiento de mayor poder al Ejército en labores que no le corresponde, como lo inició el gobierno de Calderón, profundizó Peña Nieto y han mantenido los gobiernos de López Obrador y Claudia Sheinbaum hasta la fecha, contraviniendo los principios de brindar una seguridad ciudadana con respeto a los derechos humanos. 
Desde el PRT y el Pacto Morelos por la Soberanía Alimentaria y Energética y los Derechos de las y los Trabajadores, expresamos nuestra solidaridad con la lucha de los padres y madres de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa y reiteramos la verdad de que fue el Estado el responsable de la desaparición y seguimos exigiendo que si vivos se los llevaron, vivos los queremos.