El diputado Daniel Martínez Terrazas sostuvo que el Congreso de Morelos ya cuenta con los 24 avales municipales necesarios para continuar con la reforma de revocación de mandato y acusó presiones políticas para frenar la emisión de la declaratoria correspondiente.
El legislador aseguró que diez municipios intentaron cambiar el sentido de su voto después de haber respaldado previamente la reforma, aunque esta situación mantiene abierta una controversia jurídica sobre la validez de esas modificaciones.
Mientras Martínez Terrazas y otros diputados sostienen que los votos municipales no pueden sustituirse una vez recibidos formalmente, Morena plantea que los ayuntamientos podrían modificar su postura mientras no exista una declaratoria constitucional definitiva.
Congreso reporta 24 avales municipales
De acuerdo con la información difundida este 4 de noviembre, el Congreso habría alcanzado los 24 votos favorables de los 36 municipios de Morelos, cifra equivalente a las dos terceras partes requeridas para una reforma constitucional local.
El voto que habría permitido alcanzar ese umbral correspondió a Tlaquiltenango, cuyo aval fue recibido el 8 de octubre.
El artículo 147 de la Constitución de Morelos establece que una reforma constitucional aprobada por el Congreso debe ser remitida a los ayuntamientos y contar con el respaldo de las dos terceras partes para avanzar hacia el cómputo y declaratoria correspondiente.
Diez municipios buscaron cambiar su voto, afirma Martínez Terrazas
Martínez Terrazas señaló que Coatetelco, Hueyapan, Jantetelco, Ocuituco, Tepalcingo, Tetecala, Puente de Ixtla, Tlalnepantla, Tlaltizapán y Xoxocotla intentaron modificar el sentido de su voto.
La relación corresponde al señalamiento del diputado y no a un listado oficial definitivo publicado por el Congreso.
El legislador sostuvo que el sufragio emitido por los cabildos se ejerce por única ocasión y que, una vez recibido, no debería modificarse.
Sin embargo, esa interpretación no aparece expresamente redactada en esos términos en el artículo 147, por lo que forma parte de la discusión jurídica que deberá resolver el Poder Legislativo.
Morena plantea que existe una controversia jurídica
Desde Morena se ha señalado que varios ayuntamientos enviaron nueva documentación para desconocer o modificar decisiones anteriores.
La fracción parlamentaria sostiene que, mientras no haya una declaratoria constitucional definitiva, los cabildos podrían revisar su postura si consideran que existieron irregularidades en sus procedimientos internos.
Las cifras tampoco son coincidentes.
Mientras Martínez Terrazas y otros legisladores hablan de 10 municipios que intentaron modificar su voto, Morena ha referido documentación procedente de hasta 17 municipios.
Por ello, la Secretaría de Servicios Legislativos deberá cotejar las actas y determinar cuáles documentos forman parte válida del procedimiento.
Acusación de presiones políticas no está acreditada
Martínez Terrazas acusó la existencia de presiones políticas dirigidas a impedir que la reforma concluya.
Hasta ahora no existe información pública que permita establecer quién habría ejercido esas presiones, mediante qué mecanismo o sobre qué autoridades municipales.
Por ello, el señalamiento debe mantenerse como una acusación del diputado y no como un hecho acreditado.
También forma parte de su posicionamiento político la exigencia dirigida a Morena y sus aliados para que no se opongan al mecanismo.
Revocación de mandato arrastra un procedimiento desde 2022
La discusión actual no comenzó en 2026.
El procedimiento se deriva de una reforma aprobada desde noviembre de 2022 por la 55 Legislatura, que posteriormente fue remitida a los ayuntamientos y quedó sin concluir al no reunirse entonces los votos necesarios.
Posteriormente, un resolutivo del Tribunal Electoral del Estado de Morelos determinó que existía una omisión legislativa y ordenó al Congreso continuar con el procedimiento y requerir los pronunciamientos municipales.
Siguiente paso sería el cómputo y la declaratoria
Si Servicios Legislativos determina que existen 24 votos municipales válidos, el siguiente paso no sería volver a aprobar desde cero la reforma.
El procedimiento constitucional contempla realizar el cómputo de los ayuntamientos y emitir la declaratoria correspondiente.
Antes de llegar a ese punto, la documentación deberá ser revisada y el tema deberá transitar por los órganos internos del Congreso para definir cómo resolver la disputa sobre las actas municipales.
La controversia actual se concentra así en tres preguntas: qué votos son válidos, si los cabildos pueden modificarlos y cuándo debe emitirse la declaratoria constitucional.
Mientras esas cuestiones no queden resueltas, la reforma de revocación de mandato seguirá dentro de un procedimiento legislativo abierto.
SFQ
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