En septiembre de 2025, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos OCDE presentó su informe “Gobernar con la inteligencia artificial: Panorama actual y hoja de ruta en las funciones centrales de gobierno”, un documento de 336 páginas que analiza cerca de 200 casos de uso de IA en 11 funciones esenciales de la administración pública.
El estudio reconoce el potencial transformador de la tecnología, pero advierte que su adopción en los gobiernos aún es reciente, fragmentada y llena de riesgos.
El informe identifica cuatro beneficios principales de la IA. El más frecuente es la automatización, racionalización y personalización de procesos, que incluye chatbots para atención ciudadana, prellenado automático de formularios y trámites proactivos adaptados a cada persona. En segundo lugar, mejora la toma de decisiones al analizar grandes volúmenes de datos, detectar tendencias y predecir riesgos como fraudes o desastres naturales. También, fortalece la rendición de cuentas al identificar anomalías y corrupción, y por último y en menor medida, empodera a ciudadanos y empresas mediante plataformas de participación.
Según la OCDE, el uso de IA se concentra principalmente en prestación de servicios públicos, administración de justicia y participación ciudadana y su aplicación es menor en áreas estratégicas como evaluación de políticas públicas, administración tributaria y reforma de la función pública.
Hay aplicaciones intermedias que incluyen contratación pública, gestión financiera, lucha contra la corrupción y diseño regulatorio y se debe mencionar que en la mayoría de los casos, se basan en sistemas de reglas o aprendizaje automático tradicional, entrenados para tareas específicas.
Y por su parte, la IA generativa, -basada en grandes modelos de lenguaje LLM capaces de crear texto, imágenes o código-, todavía es experimental y poco común en funciones centrales de gobierno, pues los países punteros en el uso de IA, prefieren soluciones más maduras para evitar “alucinaciones” y riesgos que afecten derechos ciudadanos.
El informe de la OCDE, destaca riesgos importantes como los éticos donde podía haber sesgos y violaciones a la privacidad, riesgos operativos, como fallos técnicos y ciberamenazas, o riesgos de exclusión digital, que tienen que ver con resistencia pública y de inacción.
Para enfrentarlos, en el informe se propone una hoja de ruta con tres pilares: 1.-Habilitadores; es decir, datos interoperables, competencias e infraestructura. 2.- Salvaguardas, o sea: transparencia, evaluaciones de impacto y 3.- Supervisión humana y participación multisectorial.
Entre los países más avanzados en el uso de IA gubernamental, destacan Corea del Sur, por su estrategia nacional integral y alta calificación en el Índice de Gobierno Digital de la OCDE; Estonia, pionera en gobierno digital con amplio uso de IA; Reino Unido, líder en automatización y decisiones basadas en datos; Dinamarca, referente en madurez digital; y Singapur, reconocido por su enfoque estratégico en IA pública.
En México, los avances son incipientes y carecen de estrategia consolidada.
De acuerdo al reportaje: “Gobierno de México ya utiliza Inteligencia Artificial sin regulación ni estrategia clara, advierten expertos”, publicado por ITSitio el 4 de marzo de 2026, una revisión de 45 solicitudes de información vía Plataforma Nacional de Transparencia, reveló que hasta noviembre de 2025, al menos 14 dependencias federales ya utilizaban o desarrollaban herramientas de IA en fiscalización, seguridad, atención ciudadana y gestión administrativa.
Entre las más destacadas figuran: el Servicio de Administración Tributaria SAT, que detecta “factureras” y anomalías en importaciones; la Guardia Nacional GN, en seguridad y vigilancia; la Fiscalía General de la República FGR, en inteligencia e investigaciones; la Unidad de Inteligencia Financiera UIF, para análisis de lavado de dinero; y el ISSSTE y FOVISSSTE, en gestión de eventos y procesos administrativos. En el reportaje de ITSitio, se menciona que varias dependencias clasificaron su información argumentando motivos de seguridad.
Pese a estos avances, México no cuenta aún con una Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial operativa.
El principal paso reciente fue la presentación, el 29 de enero de 2026, de los “Principios Chapultepec”, un decálogo ético impulsado por la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación Secihti y la Agencia de Transformación Digital ATDT, y es únicamente de carácter orientativo y no vinculante.
Expertos advierten que el país enfrenta brechas en infraestructura digital, interoperabilidad de datos, talento e inversión sin marco regulatorio obligatorio ni mecanismos de auditoría y transparencia.
Quiere decir que el uso de IA avanza de forma discreta y sin gobernanza homogénea. En resumen, México está en etapa embrionaria ante la inevitable transformación digital del Estado.
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