Al cumplirse 11 años de la desaparición y asesinato de Gustavo Salgado Delgado se realizó una movilización en Cuernavaca exigiendo justicia y verdad. En unos días más se cumplirán 7 años del asesinato de Samir Flores Soberanes en Amilcingo. El 8 de marzo marcharán colectivos de familiares de víctimas de feminicidio y desaparición en Morelos. Crece la conciencia social en defensa de los derechos humanos de todas y todos.
La desaparición forzada, el feminicidio, la tortura, las ejecuciones extrajudiciales, se encuentran dentro de las violaciones graves a derechos humanos que han sido denunciados por diversas organizaciones de México ante instancias internacionales como el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU.
Ante la impunidad en las desapariciones generalizadas éste Comité ha señalado que México debe dar respuesta a los colectivos de familiares de manera urgente.
De acuerdo a la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2025, de cada 100 delitos que sucedieron el año pasado, el 93.2% no fueron denunciados ni investigados por las autoridades, en lo que se conoce como “cifra negra”. De cada 1,000 delitos que se cometieron el último año, sólo se denunciaron y se abrió una carpeta de investigación en 68 casos. De estos, en el 85% de los delitos denunciados ante el ministerio público la autoridad no llegó a nada o el asunto sigue en trámite. Esto significa que solo ocho de cada 1,000 casos (0.8%) tuvieron una resolución por parte de las autoridades. Cabe destacar que a pesar de su clara ineficiencia, la Reforma Judicial no incluyó a las Fiscalías del país.
En el caso de las desapariciones de personas, el Comité contra las Desapariciones Forzadas (CED) ha señalado que es “el paradigma del crimen perfecto, dado que “la impunidad es casi absoluta”.
El CED ha señalado también que en México existe una situación generalizada de desapariciones en diversas regiones del país y ha decidido iniciar el procedimiento descrito en el Artículo 34 de la Convención para llevar la cuestión a la consideración de la Asamblea General de las Naciones Unidas.
Según cifras oficiales, en México existen más de 133 mil personas desaparecidas hasta diciembre de 2025. A septiembre de 2024 se reportan más de 72 mil cuerpos sin identificar acumulados en instalaciones de gobierno y cientos de miles de fragmentos óseos. En México sólo se han dictado 373 condenas por desaparición forzada y cometida por particulares entre 2017 y enero de 2025
El CED ha emitido 773 acciones urgentes para México de acuerdo con el artículo 30, la mayor cantidad de acciones urgentes emitidas que cualquier otro estado parte.
En el año 2024 ocurrían a un ritmo de 26 al día, en el primer semestre de 2025 ha aumentado a más de 45 personas desaparecidas diariamente.
El anuncio del CED de comenzar el procedimiento del Artículo 34 ha desatado una reacción muy agresiva por parte del Estado negando la magnitud de la problemática.
Diversas organizaciones civiles y colectivos de víctimas han señalado que la aplicación del Artículo 34 no debe ser visto como un juicio o un ataque a gobierno alguno, sino como una oportunidad para proteger a todas las personas contra las desapariciones forzadas, que es el propósito de la Convención.
Entre las principales recomendaciones del CED que no han sido atendidas por el Estado mexicano se encuentran:
● Adoptar una política nacional integral de prevención y erradicación de las desapariciones.
● Fortalecer fuerzas civiles y retirar progresivamente a los militares de tareas de seguridad.
● Asegurar investigaciones inmediatas, imparciales y exhaustivas.
● Elaborar y aplicar sistemáticamente análisis de contexto.
● Difundir el Programa Nacional de Búsqueda con mecanismos efectivos de rendición de cuentas.
● Prevenir actos de violencia, vigilancia y represalias contra familiares, acompañantes, defensores,
periodistas y servidores públicos.
Acelerar la identificación de cuerpos y restos, homologar bases de datos genéticas y aplicar un enfoque masivo de identificación humana.
El Estado mexicano debe responder al Comité con una propuesta que atienda las recomendaciones del CED para erradicar de fondo las causas de las desapariciones garantizando la verdad, la justicia, la reparación, la correcta y rápida identificación forense y el regreso digno de las personas desaparecidas a sus casas, con mecanismos eficaces y transparentes de medición y de rendición de cuentas, y con participación de las familias, colectivos y organizaciones de la sociedad civil.
En los casos de feminicidio en Morelos prevalece una situación similar a las desapariciones forzadas, ya que la inmensa mayoría permanecen en la impunidad, a pesar del compromiso de aplicar todas las medidas establecidas en la Alerta de Violencia de Género, como lo ha documentado la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos.
Por todo ello es urgente y necesario que se atiendan las demandas sociales de verdad y justicia para evitar que haya impunidad en éstos casos de feminicidio y garantizar el acceso de las mujeres a una vida libre de violencia.
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