En México se habla mucho del derecho a la vida pero muy poco del derecho a morir con dignidad. La Constitución protege la existencia aunque guarda silencio frente a quienes, atrapados en enfermedades terminales, piden algo tan humano como decidir su despedida.
La eutanasia activa sigue prohibida y el Código Penal la califica como homicidio aun cuando se realice “por piedad”. En contraste, algunos estados han aprobado leyes de voluntad anticipada que permiten rechazar tratamientos médicos desproporcionados. Es un avance parcial pero no responde a la pregunta de fondo. ¿Puede una persona elegir cómo y cuándo morir?
La experiencia internacional muestra que es posible abrir esa puerta con reglas claras. En los Países Bajos, donde la eutanasia es legal desde 2002, se registraron casi diez mil casos en 2024 bajo supervisión médica estricta. En Canadá, el programa aprobado en 2016 representa ya cerca del cinco por ciento de las muertes anuales, con protocolos que incluyen diagnósticos múltiples, consentimiento reiterado y auditoría pública de cada procedimiento. España también la legalizó en 2021 con cifras menores pero con el mismo principio, la dignidad no termina en la vida, también está en la muerte.
En México el debate se mantiene en pausa, atrapado entre la moral religiosa, la prudencia política y el peso cultural de la muerte. La Iglesia sostiene que la vida es sagrada hasta su término natural y rechaza cualquier intervención que adelante ese momento. Sí acepta en cambio los cuidados paliativos y la suspensión de tratamientos inútiles. Es una postura firme pero contrasta con la opinión pública. Siete de cada diez mexicanos apoyan la eutanasia y más de la mitad también el suicidio asistido. El dilema no es menor, la libertad individual esta de un lado y del otro el temor de abrir la puerta a abusos, en un país con desigualdad y corrupción muchos advierten el riesgo de que los más vulnerables se vean presionados a aceptar la eutanasia o que se convierta en un instrumento torcido para intereses económicos o políticos.
Lo que sí existe en el país es la figura de la llamada voluntad anticipada o muerte digna. Esta permite a las personas rechazar tratamientos médicos que prolonguen artificialmente la vida cuando no hay posibilidad de recuperación o recibir únicamente cuidados paliativos. Hasta ahora, diecisiete entidades cuentan con este marco legal, entre ellas Ciudad de México, Estado de México, Aguascalientes, Michoacán, San Luis Potosí, Guerrero, Zacatecas, Yucatán, Querétaro, Hidalgo, Colima, Oaxaca, Chihuahua, Coahuila, Tlaxcala, Baja California Sur y Morelos. En todos los casos se regula la ortotanasia, es decir, el rechazo de tratamientos y el acceso a cuidados paliativos, pero no la eutanasia activa.
El derecho a morir con dignidad no es un tema de moda sino de humanidad. El reto será encontrar un camino donde convivan la libertad, la ética y la ley… estamos listos para esto?
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