Ordenar el desorden

“La tierra es de quien la trabaja”, es el lema zapatista, que trasciende el tiempo y no deja de ser vigente en estos días de pos-neoliberalismo. Sobre todo hoy que los grupos sociales, llámese comuneros o ejidatarios, tienen mucho desorden generado por esos años de neoliberalismo que pretendieron acabar con la tierra de origen social y privatizarla en beneficio, principalmente, de las grandes inmobiliarias que vieron en esa iniciativa una mina de oro para saciar su ambición, a costa del campo que produce la riqueza de la humanidad. 

La herencia de privatizar todo, incluyendo la tierra, generó un sinfín de problemas que hoy tiene confrontados a diversos grupos sociales entre sí. La iniciativa despertó ambiciones y sentimientos que se contraponen al espíritu del lema revolucionario y cambia por completo el sentido del mismo, al disminuir el papel de la tierra a una simple mercancía puesta en manos del mejor postor. 

Todo ello ha llevado a que en los diversos grupos ejidales y comunales hoy prevalezca un desorden impresionante; las ambiciones, conjugadas con la falta de interés institucional por enderezar lo que esté torcido, ha generado un entramado verdaderamente complejo para poder darle rumbo al destino de las tierras comunales y ejidales. 

Pero, ¿a quién conviene el desorden generado en este sector de la sociedad? Por un lado, a los grandes consorcios inmobiliarios que buscan tierras para hacer negocios muy jugosos, a partir de la construcción de miles de casas de todos los niveles económicos. También beneficia a los mismos integrantes de los comisariados, quienes han encontrado la veta para enriquecerse a partir de la especulación, con la venta de la tierra y los cambios de uso de suelo para diversos temas. Y, por otro lado, ha favorecido a algunos funcionarios que le han sabido sacar jugo al desorden y enriquecerse a partir de ello.

Y, en el fondo y dada la situación incontrolable y de desorganización, no hay padrones, los estatutos se modifican a beneficio del grupo que está al frente, se hacen elecciones tramposas sin el mínimo respeto a las normas que para ello existen, la autoridad competente es omisa al momento de intervenir para poner orden, es decir, tal parece que es mayor la necesidad de desorden porque los pocos que se benefician son más fuertes; mientras que la mayoría, que requiere que las cosas caminen bien, es desorganizada y con poca capacidad para darse cuenta que sólo entendiendo la parte normativa se puede acceder a tomar las riendas de los comisariados ejidales.

A río revuelto, ganancia de pescadores, dice el refrán, y aplica a lo que ocurre con los órganos de representación agraria. No hay duda que siempre hay quienes se benefician del desorden y son tan voraces que saben obtener ganancias de la desgracia de otros. Su ambición rebasa por mucho las sanas intenciones de las mayorías que pretenden detener la ilegalidad, pero sin mucha creatividad ni capacidad organizativa para hacer frente a tal propósito.

A manera de resumen, es necesario que la autoridad adopte su papel de garante de respeto al estado de derecho, que los diferentes órdenes de gobierno actúen en consecuencia con su compromiso social y jurídico porque sólo de esa manera se podrá garantizar regresar al estado de derecho que requieren los grupos sociales y, con ello, detener la invasión de áreas naturales protegidas, así como la venta ilegal de tierras para fomentar la especulación y el crecimiento de la mancha urbana, evitar la invasión de tierras que realizan los lotificadores al margen de la ley. Por ello, se requiere que la Cuarta Transformación ponga mayor atención a este tema que, en definitiva, tiene que ser atendido antes de que se convierta en un foco rojo nacional.