¿Libertad de expresión o manipulación informativa?
Las protestas y manifestaciones constituyen la forma en que las personas tienen la posibilidad de exteriorizar sus pensamientos o inconformidades de forma pública y pacífica, mismas que pueden realizarse de forma individual o colectiva.
De acuerdo a la Constitución Política de nuestro país, México es un país soberano, y garantista de derechos fundamentales. Por ello, el artículo sexto dispone de manera enfática, que la manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en los casos en los que se ataque a la moral, la vida privada, los derechos de terceros o se perturbe el orden público.
Por lo anterior, pudiera creerse que el salir a las calles a protestar sobre un tema de inconformidad es algo tan simple; sin embargo, existen países como Irán, Corea del norte e incluso Venezuela, donde la libertad de manifestación y expresión son castigados con sanciones que van desde arrestos hasta la privación de la vida.
No obstante, para que una sociedad sea objetiva, es necesario realizar un equilibrio entre la libertad de expresión y la manipulación informativa, la cual se configura cuando las autoridades utilizan la desinformación con el propósito de fortalecer a su propio gobierno. Acción que sin duda perturba el estado de derecho, por ser precisamente los representantes sociales, quienes tienen la responsabilidad de allegar a los ciudadanos de todo tipo de información; la cual debe ser neutral, en atención a que las personas confían en lo que sus autoridades electas les cuentan.
Es tan importante la información objetiva, que el doctrinario René Cassin, como delegado francés en las negociaciones del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, describió la “propaganda” como un “fenómeno cruel, por ser un condicionante de mentes y una violación espiritual de las masas”.
Lo que antecede, es un ejemplo claro que actualmente se está viviendo con los trabajadores del Poder Judicial de la Federación, quienes se manifiestan en contra de la Reforma Judicial, porque la misma afectaría a miles de trabajadores, sin importar los derechos laborales que por años han adquirido, así como también la carrera judicial que sería desconocida con la citada reforma.
En caso particular, el discurso del Titular del Ejecutivo es evidente, cita: “ya que con estas acciones se erradicará la corrupción”; no obstante, lo que no se le informa a la población, es que con la reforma también afectaría los justiciables, pues los nuevos servidores públicos podrían carecer de toda experiencia judicial y al ser electos los Ministros, Magistrados y Jueces mediante el voto popular, se abren nuevos caminos, precisamente hacia la corrupción y el crimen organizado, pues precisamente serán las personas que ya cuentan con poder de cualquier índole, quienes harán lo posible por llegar a estos cargos.
