Acoso

De acuerdo con el INEGI, de las 11.7 millones de personas de 12 a 17 años que asistían a la escuela en México durante 2022, 28% comunicaron haber sido víctimas de acoso escolar en los últimos 12 meses, elevando a 3.3 millones de estudiantes adolescentes la cantidad de víctimas de esta forma de violencia en el país. En Morelos, han surgido de manera espontánea una serie de denuncias públicas sobre acoso y abuso sexual en todos los niveles educativos: en la Universidad Autónoma del Estado (UAEM), en el COBAEM, el IEBEM e incluso en secundarias y primarias públicas y privadas
Lo mismo ha sucedido en el Centro Morelense de las Artes, en donde las autoridades expusieron también el caso de dos profesores, pero las acusaciones por parte de las mujeres estudiantes también han ido aumentando conforme transcurren los días. Por tener un dato, sabemos que, de 2012 a octubre de 2019, en todo el país, de acuerdo con la Secretaría de Educación Pública (SEP), se registraron 178 denuncias de abuso sexual y acoso sexual contra menores de edad; sin embargo, estamos ciertos que muchos casos, el mayor de los porcentajes, no son denunciados, por el temor de los y las infantes que sufren los abusos
Por otro lado, desde enero de 2019, se registraron un total de 364 quejas por acoso y hostigamiento sexual en 20 planteles de México. Lo que conllevó a la expulsión de un alumno; a la destitución de 24 docentes; y a la formalización de tres denuncias penales. Desde luego que el acoso y el abuso contra las estudiantes provienen de maestros, directivos y alumnos, pero sobre todo la mayor conducta de esta naturaleza se da de los docentes hacia las alumnas. Hoy lo que prevalece es una política de opacidad en torno al tema. Incluso recientemente la directora de un plantel fue destituida por pronunciarse en contra del acoso de un directivo.
Del mismo modo, México tiene una cifra preocupante de acoso en el nivel medio superior: el 20 por ciento de las mexicanas que estudiaban la preparatoria en 2016 fueron víctimas de violencia, particularmente de tipo sexual, según la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares del INEGI. También ocupa el primer lugar de la región en pago de sobornos y/o entrega de regalos o favores a docentes o funcionarios escolares, de acuerdo con el más reciente estudio (2017) de Transparencia Internacional, Las personas y la corrupción: América Latina y el Caribe.
De conformidad con la Ley, el hostigamiento sexual por parte de profesores o autoridades es claramente un delito, según el artículo 259 Bis del Código Penal, y la escuela tiene la responsabilidad de actuar, señala Juan Martín Pérez García, director ejecutivo de la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim); y si la institución ignora quejas y denuncias, se puede volver cómplice de encubrimiento al proteger a los agresores, como normalmente sucede en muchas escuelas del país de todos los niveles.
Lamentablemente, el principal obstáculo para acabar con estas agresiones es que las alumnas no se atreven a denunciar por miedo a ser juzgadas, a que no les crean sus padres o las autoridades, o a no ser respaldadas, explicó el especialista, quien lleva más de dos décadas trabajando con menores de edad.
Además, 58% de las y los estudiantes de 12 a 17 años que habían sufrido acoso escolar en México durante los últimos 12 meses expresaron que les habían rechazado o puesto en contra a compañeras(os) de la escuela. Esto implicaba que 1.9 millones de personas adolescentes en el país habían sido víctimas de esta forma de violencia durante 2022.
La misma estadística del INEGI, advierte que, en términos generales, el porcentaje de personas de 12 a 17 años que sufrieron acoso escolar en México durante los últimos 12 meses el año de 2022 era mayor entre las mujeres que entre los hombres (30.2% y 25.8%, respectivamente). En particular, el porcentaje de las estudiantes adolescentes que sufrieron acoso escolar en el país durante los últimos 12 meses fue mayor al de los estudiantes adolescentes en las siguientes modalidades: Le han rechazado o puesto en contra a compañeras(os) (66.6% y 48.1%, respectivamente); Han publicado o enviado comentarios, fotografías o videos ofensivos de ella/él (17.5% y 12.9%, respectivamente). Le han hecho bullying por no tener celular, tablet o videojuegos (18.6% y 17%, respectivamente).
Contar con un marco de leyes y políticas que garanticen el derecho de los niños a la protección y a una educación de calidad es la base fundamental de un entorno escolar seguro y esa es una obligación de las autoridades estatales que han dejado a la deriva. La Convención sobre los Derechos del Niño expone la obligación de los gobiernos de garantizar el derecho de los niños a aprender en un entorno seguro. Además, la Convención hace un llamamiento expreso para que todos los países tomen las medidas necesarias para garantizar la protección de los niños contra todas las formas de violencia, lesiones y abusos. No se debe ignorar la voz de un niño, niña o adolescente en esta situación. Hoy hay mil maneras y formas de acoso y muy pocas medidas para evitarlo.