El Consejo Indígena de Alpuyeca exigió al Congreso del Estado de Morelos cumplir la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que ordena resolver la solicitud de municipalización de esta comunidad, perteneciente actualmente a Xochitepec, y evitar nuevas demoras que puedan derivar en sanciones judiciales.
Durante una conferencia de prensa, Paloma Estrada Muñoz, representante del Consejo Indígena, pidió a los diputados atender el fallo sin esperar apercibimientos, multas u otras consecuencias legales por incumplir una sentencia federal.
La exigencia surge después de que, el 10 de noviembre de 2026, el máximo tribunal resolviera el amparo en revisión 7/2026, relacionado con la solicitud de creación del municipio indígena de Alpuyeca, presentada desde diciembre de 2019.
Estrada Muñoz reconoció la intervención de la Suprema Corte y consideró que la resolución representa un avance en el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas y sus procesos de autodeterminación.
SCJN ordena resolver municipalización de Alpuyeca tras casi siete años
La Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que el Congreso de Morelos incurrió en una demora injustificada al no emitir una resolución definitiva sobre la solicitud de municipalización presentada por la comunidad nahua de Alpuyeca el 16 de diciembre de 2019.
El asunto fue analizado mediante el amparo en revisión 7/2026, a partir de un proyecto presentado por la ministra Loretta Ortiz Ahlf, aprobado por una mayoría de ocho votos.
Durante el procedimiento, la Corte examinó las actuaciones realizadas por el Poder Legislativo y consideró que la falta de una decisión afectó los derechos de libre determinación y autogobierno de la comunidad indígena.
Por ello, ordenó que el Congreso concluya el trámite y emita una decisión definitiva, fundada y motivada, durante el siguiente periodo ordinario de sesiones, tomando en cuenta los derechos colectivos de Alpuyeca.
Sin embargo, la sentencia no significa que la SCJN haya aprobado directamente la creación del municipio.
La resolución obliga a los diputados a pronunciarse sobre la solicitud, pero la decisión legislativa deberá atender los requisitos constitucionales y legales correspondientes.
Alpuyeca pide evitar nuevas consultas que retrasen el procedimiento
Uno de los puntos revisados por la Suprema Corte fue el desarrollo de las consultas indígenas relacionadas con la solicitud de municipalización.
Después de recibir la petición en 2019, el Congreso realizó distintas actuaciones sin concluir el procedimiento.
En 2023 comenzaron los trabajos para organizar una consulta; posteriormente, en 2024, se planteó modificar ese mecanismo e incluir nuevas consultas a comunidades vecinas.
La SCJN consideró que, bajo las circunstancias particulares del expediente, no correspondía condicionar la resolución a la realización de otra consulta, debido a que la comunidad de Alpuyeca ya había expresado su voluntad mediante sus mecanismos de organización.
También distinguió entre la cercanía territorial de otras comunidades y la existencia de una afectación efectiva a sus derechos colectivos.
Esta determinación corresponde específicamente al procedimiento de Alpuyeca y no elimina la obligación de realizar consultas indígenas en otros asuntos donde sean constitucionalmente necesarias.
Para el Consejo Indígena, el pronunciamiento judicial permite que el Congreso avance hacia una resolución sin prolongar nuevamente el trámite.
Consejo Indígena advierte posibles sanciones al Congreso
Paloma Estrada Muñoz llamó a los diputados a cumplir voluntariamente la sentencia y no esperar medidas judiciales para atender la solicitud de municipalización.
La representante señaló que el incumplimiento de una resolución de la Suprema Corte puede generar consecuencias legales y pidió evitar que el procedimiento llegue a ese escenario.
“Si se reconoce y el Congreso respeta nuestros derechos, pues le vamos a invitar que así lo haga con toda la ciudadanía, pues ellos tienen el carácter de legisladores y en sus manos acatar estas resoluciones”, expresó.
La Ley de Amparo, en sus artículos 192 y 193, contempla mecanismos para exigir el cumplimiento de sentencias, entre ellos requerimientos judiciales, apercibimientos y multas cuando se actualizan los supuestos correspondientes.
Además, el artículo 198 establece consecuencias para determinados casos de inejecución de sentencias, que pueden incluir la separación del cargo y la consignación ante la autoridad competente, conforme al procedimiento legal.
Estas medidas no se aplican automáticamente por la emisión de una resolución judicial. Su procedencia depende del incumplimiento, de los requerimientos realizados por las autoridades jurisdiccionales y de la valoración de las circunstancias del caso.
Hasta el momento, la información disponible no establece que los diputados de Morelos hayan recibido una multa o enfrenten un procedimiento penal derivado del fallo sobre Alpuyeca.
Consejo de Alpuyeca ofrece colaborar con autoridades de Morelos
La representante indígena afirmó que el Consejo cuenta con la documentación que considera necesaria para respaldar la solicitud de municipalización y reiteró su disposición a colaborar con el Congreso de Morelos, el Gobierno estatal y las autoridades involucradas.
Sostuvo que la comunidad busca que el procedimiento avance conforme a la ley, mediante el diálogo y el reconocimiento de sus derechos colectivos.
Estrada Muñoz también señaló que Alpuyeca cuenta con condiciones económicas para sostener su eventual administración municipal, al mencionar actividades y propiedades ubicadas en las inmediaciones de la Autopista del Sol, entre ellas el World Trade Center y la Academia Estatal de Policía.
No obstante, esos argumentos corresponden a la valoración de la representante comunitaria y no constituyen una evaluación financiera oficial sobre los ingresos que recibiría un futuro ayuntamiento.
La dirigente también recordó que existen mecanismos federales de financiamiento destinados a comunidades indígenas, aunque su distribución y aplicación están sujetas a reglas específicas.
Por ahora, Alpuyeca continúa perteneciendo al municipio de Xochitepec y su eventual creación como municipio autónomo depende de que concluya el procedimiento legislativo.
El Consejo Indígena insistió en que la prioridad es que el Congreso acate la resolución de la Suprema Corte y emita una respuesta definitiva, después de casi siete años de espera.
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