El alcalde de Temixco, Israel Piña Labra, se negó a ofrecer disculpas públicas a la sindica y regidora municipal, Gabriela Cárdenas y Adriana de la Cruz, pese a la orden del Tribunal Electoral del Estado de Morelos (TEEM) que dicta como medida al edil, pedir disculpas en sesión de Cabildo por ejercer violencia política en razón de género en su contra.
Lejos de reconocer el agravio y acatar el mandato de la autoridad, el presidente municipal se victimizó frente a sus trabajadores en una reunión pública, afectando la operatividad en los servicios que demandan sus habitantes.
Piña Labra, convocó al personal sindicalizado y de confianza al punto de reunión que se encuentra en la explanada del ayuntamiento para rendir un mensaje tipo liturgia que duró cerca de una hora para deslindarse del acato judicial y convencer a sus trabajadores de que es una “excelente persona”.
“Yo estoy con la frente en alto y tengo a mi Dios que conoce mi mente y mi corazón y mis pensamientos; va a pasar lo que Dios quiera que pase porque yo no le hecho guerra sucia a nadie, yo solo quiero cambiar a este municipio”, expresó en su mensaje el edil.
Cabe recordar que ante la desesperación del alcalde, ha movido a sus asesores para diseñar una campaña que lo posicione como el alcalde más benévolo, respetuoso y empático de todo Morelos.
Impugnó alcalde de Temixco sanción por violencia de género
Tras el proceso judicial emitido por el Tribunal Electoral del Estado de Morelos que dicta al alcalde de Temixco, Israel Piña Labra solicitar disculpas públicas a la sindica Graciela Cárdenas y a Adriana de la Cruz, regidora del municipio por violencia política de género, el edil decidió definitivamente no acatar a la autoridad y prefirió meter un recurso de impugnación al dictamen que lo inscribe en el padrón de violentadores.
De acuerdo con información publicada en redes sociales, el Pleno del Tribunal consideró necesario acreditar al actual presidente municipal que en menos de un año se ha destacado por las conductas y presiones que ha ejercido en contra de las funcionarias.
Además, de autorizar la reducción de presupuesto a la sindicatura, la omisión de dotar personal técnico y administrativo, falta de atención a las convocatorias, así como la usurpación de funciones al apoderarse de la Consejería Jurídica.
La impugnación fue apoyada por el regidor Julio César Ortiz Popoca quien también es uno de los implicados por violencia política de género en contra de las afectadas. El pasado martes 12 de agosto, las funcionarias decidieron denunciarlos ante los medios, acusando al alcalde y al regidor de promover una campaña de odio y desprestigio en su contra, al grado de declarar que temen por su vida.
Finalmente, la sanción que le impedirá competir en el próximo proceso electoral, contempla un plazo de 36 meses que comenzará a correr hasta que la sentencia quede firme.
*LGC
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