El presidente de la Junta Política y de Gobierno del Congreso de Morelos, Daniel Martínez Terrazas, informó que el PAN contempla presentar una nueva iniciativa de revocación de mandato si el procedimiento constitucional actualmente en curso no logra avanzar hasta la declaratoria.
El legislador explicó que esa nueva propuesta buscaría armonizar la legislación local con el modelo federal y abrir la posibilidad de realizar el mecanismo en 2027 o 2028, aunque esas fechas son por ahora escenarios planteados por su bancada y no forman parte de un calendario aprobado.
Mientras tanto, el Congreso permanece a la espera de una determinación del Tribunal Electoral del Estado de Morelos (TEEM) sobre actuaciones vinculadas con el procedimiento actual.
“Tendremos que iniciar de nuevo el proceso legislativo, pero tiene que suceder para que obviamente el Gobierno del Estado de Morelos rinda cuentas ante la ciudadanía”, declaró Martínez Terrazas.
Congreso remitió expediente con 24 avales municipales al TEEM
El diputado informó que la presidencia de la Mesa Directiva entregó al TEEM el expediente completo relacionado con la reforma, después de recibir un requerimiento del órgano jurisdiccional.
Entre los documentos remitidos se encuentran los 24 votos favorables de ayuntamientos que habían sido contabilizados al 8 de octubre.
Esa cantidad corresponde a las dos terceras partes de los 36 municipios de Morelos requeridas dentro del procedimiento de reforma constitucional.
El asunto está relacionado con el expediente TEEM/JDC/12/2026-2, dentro del cual el tribunal ya había determinado en junio la existencia de una omisión legislativa y ordenado continuar el procedimiento.
“El Tribunal Estatal Electoral determinará bajo lo que a ellos les corresponde, por supuesto un resolutivo”, señaló Martínez Terrazas.
Diez municipios modificaron votos previamente favorables
La controversia surgió después de que 10 municipios enviaron nuevas determinaciones para modificar votos que previamente habían sido favorables a la reforma.
Martínez Terrazas sostiene que esos cambios no deberían tener efectos una vez que los acuerdos fueron notificados al Poder Legislativo.
Sin embargo, esta posición todavía forma parte de la discusión jurídica.
La Constitución de Morelos no establece literalmente que un voto municipal dentro de este procedimiento sea irrevocable.
La Ley Orgánica Municipal sí contempla que un Ayuntamiento puede revocar acuerdos en determinados supuestos, como cuando fueron emitidos contra la ley, cuando lo exige el interés público o cuando desaparecieron las causas que los motivaron, siempre siguiendo las formalidades correspondientes.
El PAN sostiene que los municipios que modificaron su posición no acreditaron esas condiciones.
Hasta ahora, no existe una resolución definitiva que establezca que todos esos cambios son jurídicamente inválidos.
PAN analiza controversia constitucional ante la SCJN
Además de esperar la determinación del TEEM, Martínez Terrazas informó que su bancada analiza promover una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
La finalidad sería obtener una definición sobre los alcances de las facultades de los ayuntamientos para modificar acuerdos ya remitidos al Congreso dentro de un procedimiento de reforma constitucional.
La posible intervención de la SCJN sería distinta de la actuación que actualmente desarrolla el TEEM.
El tribunal electoral revisa el expediente y actuaciones relacionadas con el procedimiento existente, mientras que una eventual controversia constitucional plantearía una discusión sobre facultades y alcances constitucionales de las autoridades involucradas.
El propio Martínez Terrazas ha señalado que en Morelos no existe un precedente local claro que resuelva una situación de esta naturaleza.
Morena pide revisar legalidad antes de emitir declaratoria
Durante la sesión del pasado 4 de noviembre, la Mesa Directiva no incorporó la declaratoria de validez como un asunto concluido.
El presidente del órgano legislativo, Isaac Pimentel Mejía, sostuvo que las modificaciones enviadas por distintos ayuntamientos impedían considerar cerrado el cómputo.
Morena ha señalado que respalda la figura de revocación de mandato, pero considera necesario revisar primero la legalidad del procedimiento y de los nuevos acuerdos municipales.
Esa postura contrasta con la del PAN y otros legisladores que consideran que los 24 votos originalmente recibidos son suficientes para avanzar.
Martínez Terrazas ha atribuido la falta de declaratoria a una “falta de ánimo” entre algunos legisladores, expresión que corresponde a su valoración política del conflicto.
Nueva iniciativa tendría que reiniciar el proceso legislativo
Si el procedimiento actual quedara definitivamente detenido y el PAN presentara una nueva iniciativa, tendría que comenzar otra vez el recorrido legislativo y constitucional.
Eso implicaría una nueva aprobación en el Congreso y nuevamente la intervención de los ayuntamientos.
La propuesta que analiza Acción Nacional buscaría tomar como referencia el modelo federal de revocación de mandato.
A nivel nacional, ese esquema contempla requisitos como una solicitud ciudadana, un periodo determinado para activar el mecanismo, porcentajes mínimos de respaldo y condiciones de participación.
Esos parámetros no se aplican automáticamente a Morelos y tendrían que incorporarse expresamente mediante una nueva reforma local.
Revocación en 2027 o 2028 aún no está definida
Martínez Terrazas mencionó 2027 o 2028 como posibles momentos para llevar a cabo un proceso de revocación si fuera necesario impulsar una nueva reforma.
No existe todavía convocatoria, calendario ni una norma aprobada que asegure que el ejercicio se realizará en alguno de esos años.
“No tiene que haber ningún pretexto, la revocación tiene que suceder”, expresó el diputado.
La afirmación refleja la posición política del PAN a favor de concretar el mecanismo, pero no equivale a una obligación jurisdiccional de realizarlo en una fecha específica.
La aprobación de la reforma tampoco significaría por sí misma la destitución automática de la gobernadora Margarita González Saravia, sino la creación de las condiciones jurídicas para que la ciudadanía pueda participar posteriormente en un eventual proceso.
Hasta este 9 de noviembre, la reforma permanece sin declaratoria definitiva, mientras el Congreso espera la actuación del TEEM y el PAN mantiene abiertas otras dos posibilidades: una eventual controversia ante la SCJN y una nueva iniciativa constitucional si el procedimiento actual no prospera.
SFQ
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