La diputada de Morena Jazmín Solano López planteó que la revocación de mandato en Morelos también pueda aplicarse a diputaciones y presidencias municipales, al considerar que quienes ocupan cargos de elección popular deben estar sujetos a mecanismos de rendición de cuentas.
La propuesta surge mientras el Congreso mantiene abierta la discusión sobre la declaratoria de una reforma constitucional aprobada desde 2022, enfocada específicamente en establecer la revocación de mandato para la persona titular de la gubernatura.
“Tenemos la obligación de rendir cuentas, y si hoy se está pidiendo una revocación, creo que tenemos que ser congruentes”, expresó Solano López.
Hasta ahora no se ha localizado una iniciativa formal nueva, turnada o dictaminada, que incorpore la ampliación propuesta por la legisladora. Su planteamiento debe entenderse, por el momento, como una posición política dentro del debate.
Ley estatal ya contempla otros cargos
La discusión tiene un matiz jurídico relevante.
La Ley de Participación Ciudadana de Morelos ya menciona entre los posibles sujetos de revocación al gobernador, diputados locales, presidentes municipales, regidores y síndicos.
Sin embargo, la reforma constitucional que actualmente está pendiente de declaratoria fue construida específicamente alrededor de la persona titular del Poder Ejecutivo estatal.
Por ello, el planteamiento de Solano apunta a ampliar y armonizar el alcance constitucional y operativo del mecanismo para otros cargos de elección popular.
También debe distinguirse esta figura de otra facultad existente en la Constitución local, mediante la cual el Congreso puede revocar el mandato de integrantes de ayuntamientos bajo determinados supuestos legales. Ese procedimiento no equivale a una consulta ciudadana de revocación de mandato.
Congreso discute validez de votos municipales
La controversia actual no gira únicamente alrededor del contenido de la reforma, sino de la validez del procedimiento para declararla constitucional.
La reforma fue aprobada por la anterior Legislatura el 30 de noviembre de 2022 y posteriormente enviada a los ayuntamientos para obtener su respaldo.
La Constitución de Morelos establece que una reforma constitucional necesita la aprobación de dos terceras partes de los municipios. Al existir 36 ayuntamientos, se requieren 24 votos favorables.
Diputados del PAN, PRI, PT y Movimiento Ciudadano sostienen que ese número ya fue alcanzado desde el 8 de octubre con el voto de Tlaquiltenango.
Morena y la Mesa Directiva han señalado, en cambio, que antes de emitir la declaratoria deben revisarse documentos posteriores enviados por algunos cabildos para modificar o desconocer votos previamente emitidos.
Así, la diferencia actual no puede reducirse a una confrontación entre quienes apoyan o rechazan la revocación: Morena también ha manifestado respaldo al mecanismo, pero sostiene que debe revisarse jurídicamente el procedimiento.
Tribunal Electoral reactivó el procedimiento en 2026
El proceso volvió al centro del debate después de que el Tribunal Electoral del Estado de Morelos resolvió en junio el expediente TEEM/JDC/12/2026-2.
El Tribunal determinó que existía una omisión legislativa y ordenó al Congreso solicitar nuevamente los pronunciamientos municipales y concluir el procedimiento iniciado desde 2022.
A partir de esa resolución, los ayuntamientos retomaron sus votaciones y el Congreso comenzó nuevamente el cómputo correspondiente.
La emisión de la declaratoria constitucional tampoco significaría una destitución automática de la gobernadora. La revocación requiere posteriormente un mecanismo de participación ciudadana para determinar si la persona titular del Ejecutivo debe concluir anticipadamente su encargo.
Solano cuestiona ausencias en el Pleno
Jazmín Solano también criticó a legisladores de oposición que han cuestionado la conducción del procedimiento.
La diputada sostuvo que algunos de quienes exigen avanzar con la declaratoria no acuden regularmente a las sesiones del Pleno y señaló que la falta de quórum ha impedido realizar determinadas sesiones.
El Congreso de Morelos está integrado por 20 diputaciones y requiere la presencia de al menos 11 para poder sesionar legalmente.
La afirmación de que la oposición es responsable de las faltas de quórum corresponde, sin embargo, a la postura política de Solano. Para atribuir esa responsabilidad de manera general sería necesario revisar las listas de asistencia de cada sesión suspendida.
“Tenemos que ser congruentes y sobre todo cuando las sesiones no se pueden llevar a cabo porque no hay el quórum necesario”, señaló.
La legisladora llamó a sus compañeros a asistir al Pleno y asumir, dijo, la responsabilidad que implica haber sido electos.
Mientras continúa la revisión de los votos municipales, permanecen abiertas dos discusiones paralelas: concluir la reforma constitucional pendiente desde 2022 y determinar si en el futuro el mecanismo debe alcanzar también a diputados y presidentes municipales, como propone Solano López.
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