La diputada local de Movimiento Ciudadano (MC), Luz Dary Quevedo Maldonado, exigió a Morena cumplir su compromiso con la revocación de mandato y respetar el debido proceso legislativo, después de que el Congreso de Morelos no incorporó la declaratoria de la reforma durante la sesión del pasado 4 de noviembre.
La legisladora cuestionó particularmente que 10 ayuntamientos que inicialmente habían votado a favor de la reforma remitieran posteriormente documentos para modificar el sentido de sus acuerdos.
Quevedo Maldonado sostuvo que esos cambios no han sido acompañados de una justificación jurídica suficiente y pidió al Congreso emitir una resolución fundada, motivada y transparente.
“Hoy lo único que pedimos es que cumplan con ese compromiso, y con el debido proceso legislativo”, declaró.
Reforma de revocación se aprobó desde 2022
La reforma constitucional en materia de revocación de mandato fue aprobada por la LV Legislatura el 30 de noviembre de 2022 y enviada posteriormente a los ayuntamientos para completar el procedimiento constitucional.
La Constitución de Morelos establece que una reforma debe contar con el respaldo de dos terceras partes del Congreso y posteriormente ser aprobada por dos terceras partes de los ayuntamientos.
Con 36 municipios en la entidad, ese requisito representa 24 votos municipales.
De acuerdo con los antecedentes del procedimiento, inicialmente se habían contabilizado 24 votos favorables, cantidad suficiente para alcanzar el umbral constitucional.
El voto número 24 habría sido recibido el 8 de octubre y correspondió al municipio de Tlaquiltenango.
Diez municipios modificaron el sentido de su voto
Posteriormente, 10 municipios que originalmente habían aprobado la reforma enviaron documentación al Congreso para modificar su posición.
La legalidad y los efectos de esos nuevos acuerdos forman parte de la controversia actual.
Además, existen documentos de 17 ayuntamientos que están siendo analizados dentro del procedimiento legislativo.
Ambas cifras corresponden a situaciones distintas: los 10 municipios serían aquellos que modificaron específicamente un voto favorable, mientras los 17 expedientes representan el universo más amplio de documentos municipales sujeto a revisión.
La discusión jurídica se centra en determinar si un Cabildo puede modificar posteriormente un acuerdo ya aprobado y remitido al Congreso dentro de un procedimiento de reforma constitucional.
Hasta ahora, ese punto no cuenta con una resolución definitiva.
Congreso frenó declaratoria durante sesión del 4 de noviembre
Durante la sesión del 4 de noviembre, la diputada priista Eleonor Martínez Gómez pidió incluir en el orden del día la declaratoria de validez de la reforma.
La propuesta no avanzó.
El presidente de la Mesa Directiva, Isaac Pimentel Mejía, sostuvo que los cambios remitidos por varios ayuntamientos impedían considerar concluido el cómputo requerido.
La documentación fue enviada para análisis a la Conferencia para la Programación y Dirección de los Trabajos Legislativos.
Por ello, resulta más preciso señalar que no se aprobó incorporar la declaratoria al orden del día, en lugar de afirmar que el Congreso rechazó definitivamente la reforma.
Morena dice respaldar la revocación, pero pide revisión jurídica
El coordinador parlamentario de Morena, Rafael Reyes Reyes, ha sostenido que su bancada está a favor de la revocación de mandato.
Sin embargo, Morena considera necesario revisar primero la legalidad de las nuevas votaciones municipales y la ruta legislativa seguida desde la aprobación de la reforma en 2022.
La diputada Jazmín Solano también ha planteado dudas sobre la validez del procedimiento y sobre las facultades de los ayuntamientos para modificar sus acuerdos.
Esa posición contrasta con la de MC, PAN, PRI y PT, cuyos legisladores han defendido que los 24 votos municipales originales son suficientes para emitir la declaratoria.
Nueva Alianza y el PVEM, por su parte, han llamado a revisar con cautela las consecuencias jurídicas e institucionales del proceso.
Tribunal Electoral ordenó continuar el procedimiento
El conflicto también tiene un antecedente jurisdiccional.
El 24 de junio de 2026, el Tribunal Electoral del Estado de Morelos, dentro del expediente TEEM/JDC/12/2026-2, determinó que existía una omisión legislativa y ordenó continuar con el procedimiento relacionado con la reforma.
A partir de esa resolución se retomaron actuaciones dentro del Congreso y de distintos ayuntamientos.
El artículo 148 de la Constitución local establece que corresponde al Congreso realizar el cómputo de los votos municipales y emitir, cuando se reúnan los requisitos, la declaratoria correspondiente.
Revocación no implica destitución automática
La eventual declaratoria de validez de la reforma no significaría la destitución automática de la gobernadora Margarita González Saravia.
La revocación de mandato es un mecanismo de participación ciudadana mediante el cual el electorado puede pronunciarse sobre la continuidad de una persona titular de un cargo de elección popular.
La legislación estatal ya reconoce la revocación como mecanismo de participación, aunque el debate actual se concentra en la reforma constitucional pendiente de declaratoria.
Luz Dary Quevedo mantiene su exigencia de que el Congreso revise los votos municipales y resuelva el procedimiento sin nuevas dilaciones.
La diputada atribuye a Morena una falta de congruencia entre su defensa pública de la revocación y la decisión de no avanzar con la declaratoria el 4 de noviembre.
Morena rechaza esa interpretación y sostiene que su posición no es contra la figura, sino a favor de una revisión jurídica previa.
Hasta este 9 de noviembre, la reforma permanece sin declaratoria mientras continúa el análisis sobre la validez de los cambios remitidos por los ayuntamientos.
SFQ
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