Integrantes de la Asociación Cívica Morelense “Gustavo Salgado Delgado” exigieron que la Fiscalía General de la República (FGR) intervenga en la investigación por el asesinato del regidor de Cuernavaca, Gabriel Rivas Ríos, al manifestar desconfianza hacia las autoridades municipales y la Fiscalía General del Estado (FGE).
La petición de intervención federal no implica que la FGR haya asumido formalmente la carpeta. El homicidio continúa bajo investigación de la FGE de Morelos, aunque el Gobierno federal ya anunció colaboración del Gabinete de Seguridad para esclarecer el crimen.
“Por experiencia ya no confiamos en las autoridades ni municipales ni estatales”, expresaron integrantes de la organización.
La asociación anunció además un plantón para el próximo 20 de noviembre con el objetivo de presionar por resultados en las investigaciones y exigir que funcionarios del Ayuntamiento aporten información sobre los conflictos y amenazas que Gabriel Rivas habría denunciado antes de su asesinato.
Piden citar a Óscar Cano Mondragón
Arturo Torres Romero, integrante de la agrupación, señaló que una de las exigencias será que la Fiscalía llame a declarar al secretario general del Ayuntamiento de Cuernavaca, Óscar Cano Mondragón.
La FGE ya informó previamente que contempla citar a integrantes del Cabildo y funcionarios municipales como parte de las diligencias.
Una eventual comparecencia de Cano tendría inicialmente carácter testimonial o informativo y no significa que exista una imputación o responsabilidad penal en su contra.
Entre las personas cuya declaración también ha sido solicitada públicamente se encuentra la regidora Paz Hernández.
La decisión sobre quién debe comparecer y bajo qué calidad corresponde al Ministerio Público y no a las organizaciones que demandan el esclarecimiento.
Plantón se prepara para el 20 de noviembre
La Asociación Gustavo Salgado anunció que realizará un mitin y posteriormente instalará un plantón el 20 de noviembre.
Hasta ahora se han mencionado como posibles puntos el Ayuntamiento de Cuernavaca y Plaza de Armas, pero la sede definitiva todavía deberá ser confirmada por los organizadores.
La movilización forma parte de una serie de acciones realizadas después del asesinato de Rivas.
Los activistas ya habían advertido que, si no obtenían avances suficientes de las autoridades estatales, aumentarían la presión para solicitar la intervención federal.
También está prevista una actividad distinta para el 11 de noviembre en La Cazahuatera, donde integrantes de la organización pretenden impulsar la protección del predio y mantener vigente una de las causas públicas que defendía el regidor.
Gabriel Rivas sí tuvo protección temporal
Los integrantes de la asociación reprocharon que el regidor no contara con seguridad pese a haber denunciado amenazas.
“No se hizo nada, lo dejaron solo”, expresó uno de los inconformes.
Sin embargo, existe un antecedente que requiere precisión.
El alcalde José Luis Urióstegui informó que aproximadamente año y medio antes del homicidio, Gabriel Rivas reportó amenazas y recibió medidas temporales de protección.
Esas medidas posteriormente dejaron de aplicarse.
Hasta ahora no se ha explicado públicamente por qué fueron retiradas, quién tomó esa determinación ni si después se realizó una nueva evaluación de riesgo.
También existen versiones diferentes sobre la existencia de amenazas recientes. Mientras integrantes de la asociación sostienen que Rivas había manifestado riesgos, personas cercanas al regidor señalaron previamente que no tenían conocimiento de amenazas inmediatamente anteriores al crimen.
FGE mantiene abiertas varias líneas
La Fiscalía de Morelos ha sostenido que agotará todas las líneas necesarias para esclarecer el asesinato.
Las investigaciones incluyen la revisión de actividades del regidor dentro del Cabildo de Cuernavaca, actuaciones ante el Tribunal de Justicia Administrativa y su oposición al desarrollo inmobiliario proyectado en La Cazahuatera.
Hasta ahora ninguna de esas vertientes ha sido confirmada como móvil.
La FGE también aseguró dos oficinas dentro del Ayuntamiento de Cuernavaca para preservar documentación e indicios relacionados con la investigación.
Los señalamientos públicos que Gabriel Rivas realizó sobre bares, permisos, giros comerciales y otros asuntos municipales también pueden incorporarse como antecedentes de investigación, pero no existe evidencia pública que los relacione directamente con el homicidio.
Colaboración federal no equivale a atracción de la FGR
La presidenta Claudia Sheinbaum ya ordenó al Gabinete de Seguridad federal colaborar con las autoridades de Morelos y señaló que la investigación debe alcanzar tanto a los autores materiales como a quien haya ordenado el ataque.
Esa colaboración no significa que la FGR haya ejercido formalmente facultades para asumir la investigación.
Al tratarse inicialmente de un homicidio del fuero común, una eventual intervención ministerial federal dependería de que exista fundamento jurídico suficiente para establecer competencia de la Federación.
La exigencia de la Asociación Gustavo Salgado representa, por ahora, una demanda de los activistas para modificar la conducción institucional del caso.
Mientras tanto, la FGE continúa integrando la carpeta, realizando diligencias dentro del Ayuntamiento y considerando comparecencias de funcionarios, integrantes del Cabildo y otras personas que puedan aportar información.
SFQ
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