Activistas e integrantes de colectivos sociales de Morelos exigieron la intervención de autoridades federales para esclarecer el asesinato del regidor de Cuernavaca Gabriel Rivas Ríos, al considerar que la violencia ha rebasado la capacidad de respuesta de las instituciones locales.
Durante una movilización realizada este jueves, los participantes pidieron que la Fiscalía General de la República (FGR) intervenga en las investigaciones del homicidio ocurrido el miércoles 4 de noviembre en Ejidos de Acapantzingo.
La Fiscalía General del Estado de Morelos mantiene abierta la investigación y ha señalado que agotará las diferentes líneas para determinar el móvil e identificar a los responsables. Hasta ahora no existe una causa del crimen establecida oficialmente ni se han informado detenciones.
Colectivos exigen justicia por asesinato de Gabriel Rivas
Fernando Bizarro, asesor legal de Rivas, exigió que el homicidio no quede impune y recordó otros casos de activistas asesinados en Morelos, entre ellos Gustavo Salgado Delgado y Samir Flores Soberanes.
Gabriel Rivas acumuló una trayectoria de varias décadas dentro de movimientos sociales y políticos. Fue diputado local por el PRD entre 1994 y 1997 y actualmente se desempeñaba como regidor de Cuernavaca por Morena.
En el caso de Gustavo Salgado, asesinado en 2015, cuatro personas recibieron posteriormente sentencias de 32 años de prisión. Organizaciones sociales han mantenido sus reclamos para que se esclarezcan por completo todas las responsabilidades relacionadas con el crimen.
Samir Flores fue asesinado en febrero de 2019 en Amilcingo. La investigación derivó en la vinculación a proceso de al menos un presunto participante, mientras organizaciones y familiares han continuado reclamando el esclarecimiento integral del caso.
Los manifestantes también mencionaron los homicidios de estudiantes de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM). Hasta septiembre se habían contabilizado siete alumnos de esa institución asesinados desde abril de 2025, aunque la situación procesal y grado de esclarecimiento no es igual en todos los casos.
Piden investigar conflicto por La Cazahuatera
Durante la protesta, una activista sostuvo que el asesinato de Gabriel Rivas estaría relacionado con su oposición al desarrollo inmobiliario Alto Verde, promovido por Portenta en la zona conocida como La Cazahuatera.
“El asesinato de Gabriel Rivas fue político y ordenado por unos cuantos que se quieren beneficiar de la construcción de casas residenciales, no fue un fallecimiento como lo refirió la señora gobernadora, fue un asesinato orquestado”, expresó.
La declaración constituye una acusación de la activista y no una conclusión de la Fiscalía. Hasta este jueves ninguna autoridad investigadora ha establecido públicamente que Portenta Alto Verde, funcionarios municipales o el proyecto inmobiliario estén relacionados con el homicidio.
Sí está documentado que Rivas mantenía una postura crítica frente al proyecto y había participado en acciones para revisar los permisos otorgados. Horas antes de su asesinato acudió al Tribunal de Justicia Administrativa para dar seguimiento a asuntos vinculados con el desarrollo.
Fernando Bizarro también planteó que el conflicto por La Cazahuatera sea considerado entre las posibles líneas de investigación, aunque señaló que no existen elementos para establecer por ahora que ese asunto haya provocado el asesinato.
El desarrollo inmobiliario había enfrentado además trámites ambientales pendientes. Días antes del crimen, autoridades estatales señalaron que no podían emitir un dictamen de impacto ambiental mientras faltara documentación municipal necesaria para completar el procedimiento.
Existen versiones distintas sobre amenazas previas
Otro elemento que deberá revisar la Fiscalía son los antecedentes de amenazas contra Gabriel Rivas.
El alcalde de Cuernavaca, José Luis Urióstegui Salgado, afirmó que el regidor había denunciado amenazas aproximadamente año y medio antes y que temporalmente recibió medidas de protección.
Fernando Bizarro, en cambio, señaló que no tenía conocimiento de amenazas recientes comunicadas por Rivas. Ambas declaraciones corresponden a personas cercanas al caso y deberán contrastarse con las carpetas y registros que tenga la autoridad investigadora.
Los colectivos sostuvieron que la violencia y la inseguridad han “rebasado a las autoridades locales”. Esta expresión corresponde a la valoración de los manifestantes y fue acompañada por su petición de una mayor intervención de instituciones federales de seguridad y procuración de justicia.
Al concluir el pronunciamiento, los participantes colocaron una ofrenda en el Memorial de Víctimas del Palacio de Gobierno en memoria de Gabriel Rivas y posteriormente se dirigieron al Ayuntamiento de Cuernavaca para realizar otro homenaje.
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