El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Morelos (TSJ), Juan Emilio Elizalde Figueroa, afirmó que el Poder Judicial colaborará con las autoridades en la investigación relacionada con 9 millones 949 mil pesos observados durante la gestión de Luis Jorge Gamboa Olea.
La Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización (ESAF) presentó una denuncia ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción por observaciones que, de acuerdo con la fiscalización, no fueron solventadas respecto de recursos del Fondo Auxiliar del Poder Judicial correspondientes al ejercicio 2022.
Elizalde sostuvo que cualquier servidor público debe rendir cuentas sobre el manejo de recursos públicos, pero subrayó que la presentación de una denuncia no acredita responsabilidad penal y que debe respetarse la presunción de inocencia mientras avanzan las investigaciones.
Observaciones inicialmente alcanzaron más de 19 millones
La revisión del Fondo Auxiliar llegó inicialmente a considerar alrededor de 19 millones 51 mil pesos.
Después del proceso de solventación, la ESAF determinó que persistían observaciones por 9 millones 949 mil pesos, monto que dio origen a la denuncia presentada ante la Fiscalía Anticorrupción.
Entre las inconsistencias reportadas se encuentran registros y operaciones cuya documentación no permitió acreditar suficientemente determinados bienes, servicios o pagos.
Esto no significa que ya exista un desvío comprobado. Corresponderá a las autoridades investigadoras determinar si los hechos constituyen algún delito y, en su caso, quiénes podrían tener responsabilidad.
TSJ entregará la información que sea requerida
Elizalde indicó que el Tribunal está dispuesto a proporcionar documentos y antecedentes que soliciten las autoridades encargadas de la investigación.
El presidente del TSJ explicó que durante las revisiones internas de Contraloría se detectaron situaciones que fueron informadas a las instancias correspondientes.
La Contraloría del Poder Judicial ya había realizado revisiones a gastos de la administración anterior y existen antecedentes de denuncias relacionadas con el manejo del Fondo Auxiliar.
Sin embargo, esos procedimientos no deben considerarse automáticamente parte del expediente por los 9 millones 949 mil pesos, ya que pueden corresponder a investigaciones distintas.
Gastos en convivios e inmuebles permanecen como señalamientos
Elizalde mencionó entre las situaciones detectadas gastos elevados en convivios y adquisiciones de inmuebles cuya justificación estaría bajo revisión.
Estos señalamientos deben mantenerse atribuidos al presidente del Tribunal, debido a que el desglose público conocido de la denuncia de ESAF no identifica de manera específica esos conceptos dentro de los 9 millones 949 mil pesos.
Existe también un antecedente relacionado con un gasto aproximado de 800 mil pesos en agua y refrescos durante 2024, que Elizalde atribuyó a la administración anterior y que fue puesto en conocimiento de las autoridades fiscalizadoras.
Ese gasto tampoco debe sumarse automáticamente al monto de la denuncia actual sin que exista una resolución que establezca que forma parte del mismo expediente.
Gamboa Olea mantiene derecho de defensa
Luis Jorge Gamboa Olea, expresidente del TSJ y actual magistrado del Poder Judicial, ha sostenido que no fue informado oportunamente sobre determinadas fallas en el proceso de solventación y ha cuestionado la difusión pública de la denuncia.
También se ha reservado el derecho de ejercer acciones legales.
La investigación deberá establecer si las observaciones derivan en responsabilidades administrativas, reintegros o posibles delitos, ya que cada vía tiene procedimientos diferentes.
Hasta ahora no existe una sentencia ni una resolución que determine responsabilidad penal de Gamboa Olea por los recursos observados.
Elizalde pide privilegiar la presunción de inocencia
El presidente del Tribunal señaló que su responsabilidad actual es colaborar institucionalmente y permitir que las autoridades determinen lo ocurrido.
Recordó que anteriormente, como integrante del Pleno, realizó observaciones sobre algunos gastos de la administración pasada, pero aseguró que ahora debe actuar desde su función como representante del Poder Judicial.
Elizalde también rechazó que la investigación implique por sí misma un descrédito para todos los magistrados y sostuvo que cada servidor público debe responder individualmente por sus actos.
La investigación continuará en la Fiscalía Anticorrupción, mientras el TSJ ofreció entregar la información requerida y la ESAF mantiene las observaciones no solventadas que dieron origen a la denuncia.
SFQ
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