Representantes de comunidades indígenas de Morelos denunciaron presuntas irregularidades en la consulta organizada por el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) sobre la Propuesta de Iniciativa de Ley General de Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos.
Saúl Roque Morales, vocero de las comunidades y habitante de Xoxocotla, sostuvo que el procedimiento no reconoció adecuadamente a las comunidades como sujetos de derecho público y órganos de gobierno comunitario, además de cuestionar la información proporcionada y la representación alcanzada durante las asambleas.
Las observaciones se producen dentro de un proceso nacional que el INPI anunció para consultar la propuesta legislativa con 16 mil 728 comunidades indígenas y afromexicanas del país, pertenecientes a 69 pueblos indígenas y al pueblo afromexicano. La dependencia informó que durante julio y agosto brigadas entregarían convocatoria, protocolo, propuesta legislativa y materiales explicativos directamente en las comunidades.
Cuestionan representación de comunidades de Morelos
Roque Morales afirmó que el INPI contempló únicamente 82 comunidades en Morelos, mientras que, según su versión, existen más de 160 reconocidas ante el Congreso estatal.
La cifra forma parte del señalamiento de los representantes indígenas y deberá mantenerse atribuida mientras no exista un padrón oficial contrastado que permita establecer cuántas comunidades fueron convocadas específicamente en Morelos.
El vocero también señaló que no se entregó información completa ni culturalmente adecuada y cuestionó que el proceso cumpliera con los principios de una consulta previa, libre e informada.
El micrositio oficial del INPI destinado a la entrega de información presenta una situación que merece aclaración: en el apartado correspondiente a Morelos aparecen cero comunidades programadas, visitadas y pendientes, pero en la misma página se muestran registros fotográficos identificados con comunidades de Tetelcingo, Cuentepec, Ahuehuetzingo, Río Seco, Metepec y otras localidades de la entidad. La discrepancia documental no permite concluir por sí sola que las visitas no se hayan realizado, pero sí deja pendiente conocer el padrón y reporte definitivo utilizado por el instituto.
Consulta tuvo una asamblea regional en Chalcatzingo
El proceso sí tuvo una actividad formal documentada en Morelos.
El 9 de agosto de 2026, el INPI realizó en Chalcatzingo una Asamblea Regional de Consulta relacionada con la propuesta de Ley General de Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos.
De acuerdo con la versión oficial, esa jornada formó parte de las asambleas organizadas en distintos estados para recabar opiniones y propuestas de las comunidades. El encuentro de Chalcatzingo fue encabezado por el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Hugo Aguilar Ortiz.
A escala nacional, el INPI reportó el 24 de septiembre que se habían realizado 63 de las 82 Asambleas Regionales programadas, con participación de 10 mil 280 comunidades y 42 mil 276 personas.
SCJN fija requisitos para una consulta indígena
Los cuestionamientos expresados en Morelos se relacionan con estándares jurídicos que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha definido para este tipo de procedimientos.
La Corte ha establecido que la consulta debe ser previa, libre, informada, culturalmente adecuada y de buena fe cuando una decisión sea susceptible de afectar de manera directa o diferenciada los derechos de pueblos y comunidades indígenas.
El criterio judicial señala además que no es necesario que el daño ya se haya producido para que exista la obligación de consultar; basta con que una medida pueda tener incidencia en los derechos de las comunidades.
Este estándar es uno de los elementos que deberá considerarse al analizar los señalamientos realizados por representantes indígenas de Morelos y determinar si las etapas desarrolladas cumplieron con los requisitos constitucionales.
Gobierno federal sostiene que consulta fue diseñada para garantizar derechos
La versión de las comunidades contrasta con la postura institucional del Gobierno federal.
El 24 de julio de 2026, la Secretaría de Gobernación, la Consejería Jurídica del Ejecutivo federal y el INPI instalaron un Comité Técnico Interinstitucional encargado de acompañar el procedimiento.
En ese momento, las autoridades federales señalaron que el objetivo era garantizar un proceso de consulta previa, libre e informada, con respeto a los derechos de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas.
El INPI también sostiene que la propuesta legislativa fue construida con participación del Consejo Nacional de Pueblos Indígenas y que posteriormente se abrió una consulta de alcance nacional.
Comunidades piden ampliar consulta durante un año
Ante las inconformidades, representantes de Morelos señalaron que se han sumado a expresiones similares surgidas en otras entidades y plantearon distintas medidas para corregir el procedimiento.
Entre sus demandas se encuentra una ampliación mínima de un año para la consulta, la reposición completa de las etapas que consideran deficientes o inexistentes y la creación de un mecanismo transparente que permita conocer cómo serán incorporadas sus propuestas al proyecto legislativo.
Roque Morales aseguró que las comunidades desconocen si otras demandas presentadas durante el procedimiento fueron integradas al documento que, según señaló, fue enviado recientemente a la presidenta Claudia Sheinbaum.
La discusión enfrenta así dos posiciones: mientras el INPI sostiene que desarrolló un proceso nacional de consulta con entrega de información y asambleas regionales, representantes indígenas de Morelos consideran que las condiciones en las que participaron no garantizaron plenamente sus derechos.
La resolución de estas diferencias dependerá de la documentación del procedimiento, los padrones utilizados, las actas de las asambleas y la forma en que las propuestas comunitarias queden incorporadas en la iniciativa final.
SFQ
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