En medio del desorden que hereda la administración de Raúl Aguirre Espitia, el nombramiento de Carlos Franco Ruíz al frente del Instituto de la Educación Básica del Estado de Morelos (IEBEM) llega con una encomienda urgente y compleja: restablecer el orden institucional en un plazo reducido. El panorama que enfrenta en las escuelas demanda atención inmediata; lo mismo ocurre en la administración central, donde permanecen pendientes laborales y prestacionales con la Sección 19 del SNTE. No obstante, el foco de mayor tensión se ubica en la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros (SICAMM), donde las inconsistencias acumuladas convirtieron el proceso en un conflicto de alto riesgo institucional.
Contrario a lo que pudiera pensarse, el trasfondo en la SICAMM encierra una enorme complejidad. Alrededor de mil constancias de cursos de formación y actualización fueron rechazadas y, con ello, se redujeron los puntajes de cientos de docentes que participaron en la promoción horizontal 2026, cuyos resultados fueron dados a conocer el pasado lunes.
La inconformidad de los afectados no tardó en aparecer y ayer se expresó con firmeza. Sin embargo, dichos documentos presentan una particularidad delicada: según el sistema, son apócrifos. Ahí se ubica el verdadero fondo del asunto, porque esas mismas constancias sí fueron aceptadas en los procesos de 2024 y 2025, e incluso permitieron que decenas de docentes obtuvieran una promoción. Se trata de documentos firmados y avalados por los exdirectores del IEBEM, Eliacín Salgado de la Paz y Leandro Vique Salazar. Hace poco más de un año, tras una auditoría realizada por autoridades federales de la SEP a la SICAMM Morelos, dichas constancias fueron desacreditadas al presumirse que habían sido expedidas de manera irregular —vendidas y compradas— sin que necesariamente los docentes hubieran tomado los cursos correspondientes.
Ahora ha trascendido que, cuando las investigaciones de aquella auditoría avanzaron, y aun con la presunción de ilegalidad sobre las constancias, finalmente no pudieron desecharse porque nadie presentó pruebas suficientes que sustentaran el señalamiento. Eso cambió hace unos días, cuando una institución oficial, que presuntamente las expidió, presentó una denuncia ante las instancias correspondientes. La pregunta es inevitable: si las constancias fueron ahora invalidadas y desechadas por la SICAMM, ¿qué ocurrirá con las mismas que se presentaron en 2024 y 2025? ¿Se dará marcha atrás a los dictámenes de promoción de esos años, que dicho sea de paso ya se están pagando?
La respuesta ya comenzó a perfilarse y, aunque ha provocado un nuevo cisma en el IEBEM y en la SICAMM, también podría anticipar una acción sin precedentes y de consecuencias imprevisibles para la educación básica del estado. La dimensión del conflicto es mayor. Una vez más, el caso expone la corrupción que se arraigó en estos procesos y en estas instancias; pero tampoco exime, en su caso, a la titular de dicha Unidad, Olivia Corral Arriaga, de haber encabezado una gestión señalada por prepotencia y maltrato hacia los docentes. Aunque su actuación pudo orientarse a establecer orden y transparencia, careció de un trato institucional adecuado y, sobre todo, de una comunicación asertiva que permitiera evidenciar con claridad la corrupción en el manejo de documentos y procesos. En este sentido, uno de los argumentos que presentó para desestimar documentos, por ejemplo, es que pertenecen a instituciones foráneas y no del estado.
Visto así, ahí puede estar la explicación de la defensa férrea que algunos inconformes sostienen y que, con evidente protagonismo, han asumido. Quizá saben que los documentos presentados en procesos pasados y actuales no son legítimos y fueron comprados. Si eso se acredita plenamente, el caso dejaría de ser una simple irregularidad administrativa para convertirse en una afrenta ética de enorme gravedad: docentes beneficiados con documentos falsos, autoridades que los permitieron y una institución obligada ahora a decidir si corrige el daño o lo administra políticamente. Tratándose de educación pública, no hay margen para la simulación.
L@S REDES: Aquí es cuando nombres como los de Óscar Alejandro Ocampo Argueta, de “Docente Morelos” y de Daniel Salmerón del “CAM Morelos”, salen a relucir, así como los del exaspirante a la Sección 19 del SNTE Osvaldo González Sánchez y de la supervisora Nallely García Andraca. Habrá que seguir rascando porque por donde se vea sale pus…
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