El diputado local Daniel Martínez Terrazas pidió a las autoridades de Morelos fortalecer la prevención del delito y planteó la necesidad de contar con una estrategia integral de seguridad que alcance a los 36 municipios del estado.
El legislador panista sostuvo que las acciones de seguridad no deberían diseñarse únicamente después de hechos violentos y consideró necesario establecer medidas preventivas permanentes para distintos sectores de la población.
“Cuando tu estrategia de seguridad va conforme a después de los hechos violentos empezar a planear, desde ahí está mal, creemos que debe ser desde un principio”, declaró.
Cuestiona resultados del Plan Cuautla
Martínez Terrazas cuestionó el Plan Cuautla y relacionó su crítica con el feminicidio de Claudia Tacoronte Aguilera, estudiante española de 21 años que realizaba una estancia académica en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) y murió en hechos ocurridos en Cuautla el 12 de septiembre. La Universidad pidió que el caso fuera investigado con perspectiva de género.
La afirmación del legislador de que ese feminicidio representa “el resultado” del Plan Cuautla corresponde a su valoración política y no a una relación causal acreditada.
El esquema estatal contempla acciones que también tienen un componente preventivo. Entre ellas se encuentran recorridos de proximidad, orientación para prevenir extorsiones, atención a causas sociales y actividades comunitarias, además de un despliegue reportado de más de 300 elementos y 79 unidades en la región oriente.
Por ello, la discusión planteada por Martínez Terrazas se concentra en el alcance y los resultados que atribuye a la estrategia, más que en la ausencia absoluta de medidas preventivas.
Pide un sistema de seguridad para los 36 municipios
El diputado planteó que Morelos requiere un sistema integral de seguridad con cobertura en los 36 municipios, bajo un esquema que, desde su perspectiva, permita atender a todos los sectores sociales.
Su propuesta busca colocar la prevención como punto de partida de las acciones gubernamentales y evitar que los ajustes en las estrategias se produzcan únicamente después de episodios de violencia.
Martínez Terrazas también cuestionó la estrategia de seguridad aplicada en el entorno universitario. Esa crítica debe mantenerse como una postura del legislador y no como una conclusión independiente sobre el funcionamiento de los programas de seguridad.
La exigencia central del diputado es que el Gobierno estatal fortalezca la planeación preventiva y establezca un esquema con alcance estatal antes de que nuevos hechos violentos obliguen a modificar o reforzar las acciones de seguridad.
SFQ
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