El presidente de la Comisión Independiente de Derechos Humanos del Estado de Morelos (CIDH), José Martínez Cruz, llamó a las autoridades de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) a sumarse a la estrategia federal de seguridad impulsada por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo.
Piden reforzar protocolos de seguridad en la UAEM
En entrevista, el activista señaló que, ante los hechos ocurridos por la privación de la vida de al menos seis estudiantes de la UAEM, es necesario implementar protocolos de seguridad y fortalecer la coordinación con las autoridades federales.
Martínez Cruz consideró que estas acciones permitirían mejorar la prevención y seguridad en los planteles y sedes de la institución, con el propósito de generar condiciones adecuadas para que estudiantes, docentes y trabajadores académicos desarrollen sus actividades.
Asimismo, señaló que la UAEM no es una isla y debe formar parte de una estrategia conjunta de seguridad.
Autonomía universitaria no debe significar aislamiento
El presidente de la CIDH aclaró que la autonomía universitaria no debe utilizarse como un pretexto para mantener a la institución al margen de las acciones de seguridad.
“La autonomía es para que no se obstaculice sus labores sustantivas, la libertad de cátedra, de pensamiento, etcétera. Pero eso no significa que esté aislada, no debería ser pretexto, más bien debe de ser un baluarte para defender los derechos de todos”, afirmó.
En este sentido, Martínez Cruz sostuvo que la autonomía debe permitir que la comunidad universitaria ejerza sus derechos y desarrolle sus actividades, pero sin quedar fuera de las estrategias de prevención y seguridad.
Piden estrategia de seguridad para todo Morelos
Respecto a la posibilidad de que la Federación y el Gobierno de Morelos repliquen la estrategia del Plan Cuautla en Cuernavaca, el defensor de los derechos humanos consideró que las acciones de seguridad deben aplicarse a nivel estatal, y no únicamente en determinados territorios.
A su vez, exigió que la sociedad civil y las instituciones municipales, estatales y federales asuman su responsabilidad en materia de seguridad, al considerar que su participación representa un eslabón fundamental para construir una seguridad ciudadana con enfoque de derechos humanos.
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