La deuda pública del estado de Morelos continúa en aproximadamente 6 mil millones de pesos, informó el secretario de Administración y Finanzas, Jorge Salazar Acosta, quien aseguró que el gobierno mantiene un esquema de pagos mensuales para reducir el pasivo sin poner en riesgo la operación de la administración estatal.
Gobierno mantiene pagos mensuales de la deuda
El funcionario explicó que el adeudo es resultado de obligaciones heredadas por administraciones anteriores y que la actual gestión continúa cumpliendo puntualmente con los pagos correspondientes.
Señaló que liquidar la deuda en una sola exhibición tendría un impacto considerable en las finanzas públicas, ya que podría comprometer recursos destinados a programas sociales, obra pública e incluso al pago de salarios de los trabajadores del Gobierno del Estado.
“Sabemos de antemano que la deuda sigue siendo elevada, pero nosotros estamos cabalmente pagando mes con mes y, poco a poco, el adeudo se ha ido disminuyendo; seguiremos trabajando en este esquema”, afirmó.
Descartan pago total para evitar afectaciones financieras
Jorge Salazar Acosta precisó que la estrategia financiera consiste en realizar abonos periódicos que permitan cumplir con las obligaciones crediticias sin afectar la operatividad del Poder Ejecutivo.
Indicó que este mecanismo garantiza el funcionamiento de la administración estatal mientras continúa la reducción gradual del pasivo.
Morelos mantiene buen desempeño financiero
El secretario destacó que, pese al nivel de endeudamiento, el estado ha obtenido evaluaciones favorables por parte de calificadoras financieras, reflejo del manejo responsable de las finanzas públicas.
Además, aseguró que la administración ha cumplido con el pago de intereses, moras y los acuerdos establecidos para disminuir la sobretasa financiera de la deuda.
Continúa la estrategia para reducir el pasivo estatal
Finalmente, Salazar Acosta reiteró que el Gobierno de Morelos mantendrá la estrategia de pagos mensuales con el objetivo de disminuir progresivamente la deuda pública sin afectar los servicios, programas y compromisos financieros del estado.
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