CMyT califica de irresponsables presiones de taxistas y advierte sanciones

El titular de la Coordinación de Movilidad y Transporte del Estado de Morelos (CMyT), Jorge Alberto Barrera Toledo, calificó como irresponsable la forma en que diversas agrupaciones de taxistas buscan presionar al Poder Ejecutivo para atender sus demandas, pese a que —dijo— existen canales formales de diálogo abiertos entre autoridades y agremiados.

En entrevista, el funcionario estatal condenó los señalamientos realizados por trabajadores del volante, quienes han acusado a la dependencia de abusos, corrupción y falta de atención, al tiempo que descalifican el trabajo de la coordinación.

CMyT rechaza acusaciones y destaca modernización de trámites

Barrera Toledo rechazó categóricamente dichas afirmaciones y aseguró que, durante su gestión, la Coordinación de Movilidad y Transporte (CMyT) ha logrado avances importantes en la digitalización y simplificación de trámites, con el objetivo de agilizar procesos y cerrar el paso a prácticas corruptas.

Destacó que este esquema de modernización ha tenido buena respuesta por parte de la ciudadanía, logrando un avance de hasta 100 mil trámites de tarjetas de circulación digital, por lo que —subrayó— no existe justificación para que los taxistas se nieguen a sumarse a esta modalidad de refrendo.

“El Gobierno no puede estar siendo rehén de este tipo de amenazas porque también conocemos cómo afecta a la población para ir a la escuela, a su trabajo o a alguna cita médica; es totalmente irresponsable que por un tema que probablemente se resuelva en minutos, busquen afectar así a la ciudadanía”, expresó.

Advierte mano dura y posible retiro de concesiones

El titular de la CMyT fue enfático al exhortar a las agrupaciones de taxistas a aceptar la propuesta de diálogo que mantiene abierta el Gobierno del Estado, con el fin de resolver sus inquietudes de manera directa y ordenada.

Advirtió que, en caso de persistir las presiones mediante amenazas de bloqueos o movilizaciones, se aplicará mano dura, lo que podría derivar en sanciones administrativas y, de ser necesario, el retiro de concesiones.