Esposas de presos demandaron la intervención de la gobernadora Margarita González Saravia que, a más de un año del traslado de sus familiares, siguen en otras prisiones federales del país y solicitan que sean regresados al Centro Estatal de Readaptación Social (Cereso) en la entidad.
Entrevistadas en Palacio de Gobierno afirmaron que de los 182 reubicados en otros penales del país, el Juzgado de Primera Instancia especializado en Ejecución de Sanciones del Único Distrito Judicial en la entidad, determinó que, de esa cantidad, 130 deberían regresar a la entidad por que fue ilegal su traslado.
Una de las entrevistadas, quien solicitó anonimato, precisó que los familiares sentenciados se encuentran en los penales federales de Guanajuato, Michoacán, Sinaloa y Durango, lo cual hace muy difícil visitarlos y cubrir sus necesidades.
En este sentido, insistió que la mandataria se comprometió a atender este asunto, ya que los sentenciados deberían estar de regreso en el Centro Estatal de Readaptación Social de la entidad, ubicado en Atlacholoaya.
Aseveró que ninguna autoridad les ha informado de los motivos por los cuales, sus familiares siguen en aquellos penales federales, ni mucho les explican por qué no han cumplido con la resolución de la autoridad judicial para que sean trasladados al estado.
Incluso, sostuvo que en algunas de las cárceles en donde fueron reubicados hasta les niegan la atención médica, por lo que demandaron la intervención del gobierno del estado porque desde febrero de este año deberían estar de regreso en el Cereso estatal.
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