Baja percepción de seguridad y estado de derecho, trabas para el nearshoring: IMCO
La escasa percepción en materia de seguridad y estado de derecho que registra Morelos constituyen un gran obstáculo para aprovechar las ventajas de la relocalización de cadenas productivas (nearshoring), así como la atracción de más inversiones.
Esto lo revela un estudio del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), en el que establece que Morelos, junto con Colima, Zacatecas, Baja California y el Estado de México, tiene los más bajos índices de percepción de seguridad. Es decir, en el caso de nuestra entidad, solo el 13 por ciento de la población la considera segura.
“El nearshoring es una oportunidad única para potencializar el crecimiento sostenible de los estados”, y considera que las economías dinámicas y diversas generan mejores condiciones para el desarrollo. Las economías, por tanto, pueden crecer más alto si se relacionan con los sectores más productivos. Una economía diversificada facilita las redes de proveedores y fortalece las cadenas de suministro locales.
Las entidades mejor comunicadas también tienen mayores oportunidades, lo cual impulsará la nueva administración al reactivar el aeropuerto, porque no solo se trata de la atracción de inversiones extranjeras directas, sino la exportación de mercancías, considera el IMCO.
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No obstante, también advierte en torno a la necesidad de fortalecer el estado de derecho para garantizar la seguridad de las personas y la certidumbre de la inversión. En este sentido, la percepción de la seguridad y la incidencia delictiva son fundamentales: “La seguridad física se traduce en tranquilidad para las personas y es una señal más de un entorno favorable para la inversión.”.
En un comparativo, las entidades con percepción de mayor seguridad, como Yucatán, Coahuila, Durango, Chiapas y Nayarit, los niveles en este renglón alcanzan el 45 por ciento de la población adulta y la incidencia delictiva es de nueve delitos por cada mil habitantes. “Por su parte, en Morelos, Colima, Zacatecas, Baja California y el Estado de México, las entidades que están en las últimas posiciones del subíndice Derecho, la percepción promedio de seguridad es de 13 por ciento y la incidencia delictiva de 24.7 por cada mil habitantes”, refiere el estudio.
Para quienes han de tomar las decisiones en torno al desarrollo en las entidades, particularmente las que tendrán nuevos gobiernos, como es el caso Morelos, se deben identificar las necesidades en infraestructura e insumos para la producción, la coordinación con el gobierno federal en energía y políticas hídricas, una estrategia de inversión con un diagnóstico de mano de obra y condiciones de la economía local, así como desarrollar programas de financiamiento, capacitación y certificación para proveedores locales, una mayor transferencia tecnológica y mayores beneficios y respaldo a los emprendedores locales.
El IMCO establece que el acceso a la justicia constituye uno de los factores primordiales para ganar la confianza de los inversores, que buscan certidumbre jurídica para instalar sus empresas. Por tanto, la seguridad y un eficiente aparato de procuración e impartición de justicia son indispensables para atraer cadenas productivas y desarrollo económico, junto con empleos, al estado de Morelos.
