Cefereso 16 debe cerrar y reubicar a las internas en sus lugares de origen: IFDP
El CEFERESO 16 de Morelos debe cerrar debido a la ola de muertes de internas de los últimos años y, en lo que toca a las reclusas, tienen que ser reubicadas en centros penitenciarios de sus lugares de origen, para que puedan estar cerca de sus familias. Este es el pronunciamiento del Instituto Federal de la Defensoría Pública (IFDP), que ha denunciado abiertamente las trabas para ver a sus defendidas, así como las vejaciones de que son víctimas, lo mismo que la muerte de una más de ellas, aparentemente por “suicidio”, la cual no ha sido esclarecida. Lo más alarmante es que en esas circunstancias oscuras ya han muertos más de 15 mujeres.
En la exigencia de investigar las muertes en el CEFERESO 16 y la denuncia de condiciones infrahumanas también coinciden organizaciones de derechos humanos, como el Centro "Digna Ochoa", cuya vocera, Susana Díaz Pineda, ha expuesto los casos de mujeres severamente intoxicadas porque se les da comida echada a perder, no hay atención médica adecuada, mucho menos seguimiento a su salud mental, lo mismo que tratamiento para aquellas que padecen adicciones, a fin de evitarles crisis peligrosas por la abstinencia.
“Tiene que hacerse una investigación de todo lo que está ocurriendo en el CEFERESO 16 de Morelos”, exige Díaz Pineda. “No solo se trata de la violencia y las muertes de las internas. Hay que recordar que a lo largo de la vida de ese centro penitenciario ha habido mujeres severamente intoxicadas por comida echada a perder”.
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Conviene tener presente que el centro penitenciario de Michapa fue concesionado a la iniciativa privada, en un modelo de privatización en el que se dijo que las condiciones de las internas mejorarían sustancialmente, y más aún, que las posibilidades de reinserción social serían mayores con el manejo de la iniciativa privada.
No obstante, eso no solo no ocurrió, sino que tanto las autoridades federales como estatales se han desentendido de lo que ocurre en torno a la problemática general que atraviesan las reclusas, muchas de las cuales está ahí en la modalidad de prisión preventiva oficiosa, sin que se haya decretado su culpabilidad en algún delito, y corren el riesgo de perder la vida en este centro que, lejos de ser de readaptación social, se ha convertido en un lugar de reclusión y muerte.
“Hay una indolencia total por parte de las autoridades ante estas mujeres que están en reclusión y que vuelvo a insistir: solamente están privadas de la libertad, pero no de sus demás derechos. No podemos decirles que no les van a dar un trato digno, no te voy a dar derecho a la salud. Todos esos derechos los tienen que garantizar”, afirma Díaz Pineda. Las deficiencias en la atención a la salud mental y a las adicciones son problemas graves que no se están atendiendo. Mucho menos, a pesar de las recomendaciones de organismos de derechos humanos, la Fiscalía General ha dado a conocer los resultados de las investigaciones en torno a los “suicidios”.
Por su parte, el Instituto Federal de la Defensoría Pública (IFDP) ha sido contundente en su postura: iniciará acciones encaminadas al traslado de las mujeres privadas de su libertad a otros centros de reclusión y las gestiones para el cierre definitivo del CEFERESO 16.
