Mitos y hechos
EN VEREMOS. La situación en Emiliano Zapata parece estar atrapada en un limbo administrativo, y a tan solo ocho días de asumir el cargo, el nuevo alcalde, Santos Tavarez, ya enfrenta desafíos significativos. La negativa de su antecesor, Sergio Alba Esquivel, a llevar a cabo el acto oficial de entrega-recepción es un claro indicativo de la falta de colaboración que podría perjudicar el funcionamiento del municipio. Tavarez ha dejado claro que, si en los 15 días hábiles establecidos por la ley no se realiza esta entrega oficial, se tomarán acciones legales. Sin duda, este es un paso necesario para garantizar la transparencia y el buen manejo de los recursos públicos. Además, la situación de los camiones recolectores de basura es un reflejo de la herencia que deja la administración anterior. Tavarez ha mencionado que estos vehículos se encuentran en muy mal estado, lo que pone en riesgo un servicio esencial para la comunidad. A pesar de este panorama complicado, el nuevo edil ha mostrado su compromiso al asegurar que se están realizando esfuerzos para mantener el servicio de recolección de basura. Sin embargo, es fundamental que se contemple una solución a largo plazo para evitar que la falta de infraestructura afecte la calidad de vida de los habitantes. La falta de un traspaso adecuado y la mala situación de los recursos municipales son elementos que subrayan la importancia de una transición ordenada y responsable en la gestión pública. La comunidad espera que el alcalde Tavarez pueda superar estos obstáculos y trabajar en beneficio de Emiliano Zapata. La colaboración entre administraciones es esencial, no solo para garantizar la continuidad de los servicios, sino también para construir un gobierno más eficiente y cercano a las necesidades de la población. La esperanza es que, a pesar de las dificultades iniciales, se pueda avanzar hacia un futuro más prometedor para el municipio.
LOS REYES. La reciente aparición de imágenes en redes sociales que muestran a presuntos integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) repartiendo roscas de reyes y juguetes en comunidades de Macuspana y otros municipios de Tabasco plantea serias inquietudes sobre la penetración del crimen organizado en prácticas que tradicionalmente están asociadas con la celebración y la comunidad. Este fenómeno, que comenzó como un "regalo de Santa Claus" y ahora se extiende a los Reyes Magos, revela la astucia de estos grupos para establecer una conexión con la población, utilizando tácticas de distribución de bienes para ganar simpatía y legitimidad. El hecho de que estas acciones sean presentadas como un obsequio del “Señor 88”, actual mando regional del CJNG, plantea preguntas sobre las motivaciones detrás de tales gestos. Es evidente que el narcotráfico ha encontrado formas de infiltrarse en la vida cotidiana de las comunidades, utilizando estas iniciativas como una herramienta para afianzar su control y dominio en el territorio. La entrega de juguetes y roscas no solo puede ser vista como un intento de humanizar la imagen del cártel, sino también como un esfuerzo para desplazar a las autoridades locales y demostrar que ellos son quienes realmente "cuidan" a la comunidad. Este fenómeno no es nuevo en otras regiones del país, donde los grupos criminales han intentado presentarse como benefactores. Sin embargo, es crucial que la sociedad no se deje engañar por estas acciones que, aunque puedan parecer inofensivas o incluso benevolentes, en realidad están cargadas de implicaciones más profundas. La normalización de la participación de estos grupos en la vida social puede llevar a una aceptación tácita de su presencia y actividades ilícitas. Será que estos hechos le dan la razón a Trump.
TRASFONDO. La alarmante oleada de ataques y amenazas contra funcionarios municipales y magistrados en Morelos revela una situación que va más allá de la simple intimidación. Este fenómeno parece estar ligado a la reciente orden que instruye a todos los elementos de seguridad del estado a concentrarse en la protección de la ciudadanía. Este cambio en la estrategia de seguridad ha generado un clima de tensión, donde los funcionarios se han convertido aparentemente en objetivos de grupos que buscan enviar un mensaje a las autoridades estatales. Es el mensaje que tratan de enviar los involucrados.
Ante esta situación, es fundamental que los representantes populares, desde regidores hasta magistrados, tomen en serio su propia seguridad. Con ingresos suficientes para contemplar medidas de protección personal, no se puede permitir que dependen únicamente de las autoridades estatales para su resguardo. La responsabilidad de garantizar su propia seguridad debe ser una prioridad, especialmente en un contexto donde la violencia y las amenazas son cada vez más comunes. No obstante, esta exigencia plantea una reflexión más profunda sobre la desigualdad en el acceso a la seguridad. La mayoría de la ciudadanía no cuenta con los recursos económicos ni las condiciones para protegerse adecuadamente. Mientras que los funcionarios tienen la capacidad de invertir en su seguridad personal, el resto de la población enfrenta una realidad distinta, donde la falta de protección efectiva por parte del estado los deja vulnerables y expuestos a la violencia. La preocupación por la seguridad no debe ser un asunto exclusivo de quienes ocupan cargos públicos.
ACAPULCAZO. La reciente desaparición de Manuel Alejandro Castro López y su novia, Frida Alexandra Ordaz Jiménez, ha generado una mezcla de preocupación y sorpresa en la comunidad. Reportados como desaparecidos desde el pasado domingo, la falta de comunicación con sus familiares y la imposibilidad de localizarlos en su domicilio encendieron las alarmas. Sin embargo, la situación tomó un giro inesperado cuando la pareja regresó a su hogar y explicó que su ausencia se debió a un viaje que realizaron al puerto de Acapulco sin notificar a sus seres queridos. Este episodio no solo resalta la angustia que pueden experimentar las familias ante la desaparición de un ser querido, sino que también pone de relieve la importancia de la comunicación en las relaciones personales. La decisión de viajar sin avisar ha llevado a las autoridades a calificar la situación como una "ausencia voluntaria", lo que puede sonar tranquilizador, pero no elimina la inquietud que provoca la falta de información en estos casos. Es fundamental recordar que, aunque la pareja haya estado en Acapulco sin la intención de preocupar a sus familiares, la percepción de seguridad en la sociedad es un tema delicado. En un contexto donde las desapariciones son una realidad alarmante, la falta de comunicación puede desencadenar reacciones desmedidas y generar temor en la comunidad. Las autoridades locales deben trabajar en la concientización sobre la importancia de mantener informados a los familiares, no solo para evitar malentendidos, sino también para contribuir a un entorno más seguro.
