In-Movilidad
La movilidad urbana es un tema crucial en la actualidad, y México ha dado pasos importantes al declarar el acceso a la movilidad segura como un derecho humano y aprobar la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial. Estas medidas tienen como objetivo proteger a los ciudadanos, reducir los accidentes viales y fomentar modos de transporte sustentables en un contexto donde la seguridad y la accesibilidad de peatones y ciclistas son fundamentales.
Es alentador ver que se están realizando investigaciones y propuestas concretas, como las presentadas por WRI México, que demuestran que simples modificaciones en la infraestructura urbana pueden marcar una gran diferencia en la protección de los peatones, especialmente de aquellos grupos más vulnerables. Sin embargo, es crucial que estas medidas se implementen de manera efectiva en todo el país.
En el caso específico de Morelos, se observa una realidad preocupante en cuanto a la movilidad. En lugar de priorizar las necesidades de los usuarios del transporte público, parece prevalecer un enfoque en los intereses políticos y compromisos con los concesionarios del transporte. La suspensión del programa de revisión mecánica de los vehículos que prestan el servicio es solo un ejemplo de la falta de atención a la seguridad y calidad del transporte público en la entidad.
Es necesario que las autoridades de Morelos tomen cartas en el asunto y se enfoquen en mejorar las condiciones del servicio público de transporte, considerando las necesidades reales de los usuarios. La implementación de un servicio de transporte público otorgado por el gobierno estatal y la inversión en infraestructura peatonal y ciclista son pasos cruciales para garantizar una movilidad segura, eficiente y sostenible en la región.
Es fundamental que se priorice el bienestar y la seguridad de la ciudadanía en la planificación y ejecución de políticas de movilidad, dejando de lado los intereses particulares y políticos que han afectado negativamente el transporte público en el estado. La movilidad es un derecho de todos los ciudadanos, y su garantía debe ser una prioridad en la agenda de las autoridades locales.
