El gran valor de la tierra

La semana pasada, el campo fue uno de los grandes temas abordados en la agenda de la gobernadora electa de nuestra entidad, Margarita González Saravia, quien ha dicho que será un eje vital para su administración el apoyo decidido al campo y las mujeres y hombres del campo. 
“La Tierra Volverá a quienes la trabajan con sus manos” fue la frase acuñada por el Generalísimo Emiliano Zapata (aunque hay versiones que la atribuyen a un pintor), en la que se centró prácticamente la lucha revolucionaria, cuyo origen precisamente es nuestra hermosa tierra de Morelos. De acuerdo con los datos históricos, la repartición de tierras surgida a partir de la lucha revolucionaria duró 80 años, toda vez que inició en 1912 y concluyó en 1992, además de que con ello prácticamente se repartió más de la mitad del territorio nacional y se crearon más de 300 mil núcleos agrarios, entre ejidos y comunidades. El objeto del agrarismo era justamente acabar con los latifundistas y las grandes haciendas que entre los siglos XVII y XVIII acapararon las tierras, pero que prácticamente invadieron desde que la corona española pisó tierras mexicanas.
Según los datos proporcionados por los historiadores, Hernán Cortés recibió en propiedad 22 villas y 23 mil indígenas. Además se le concedieron todas las tierras de la Tlaxpana, parte de las tierras del valle de México, de Toluca, Cuernavaca, Cuautla, entre otras, con grandes riquezas de flora y fauna, otorgadas a perpetuidad para goce y disfrute de él y sus descendientes. Lo anterior se le concedió como retribución por sus servicios a la Corona.
Sin embargo surgió el movimiento revolucionario, cien años después del independentista justamente para que tierra fuese poseída y trabajada por las manos de aquellos nacidos en esta tierra, criollos o mestizos, pero que con lo cual podrían tener oportunidad de generar su propio sustento. 
Como decíamos líneas arriba Con las reformas agrarias y la creación de propiedad ejidal y comunal posteriores a la revolución mexicana, se da inicio al régimen ejidal con el cual se buscó dar respuesta al problema agrario existente durante la revolución, tales como los latifundios y la desigualdad social entre los pobladores entre otros problemas que se resolvieron con el reparto agrario, y derivado de la lucha social que duró décadas en donde la finalidad de la creación de los centros de población ahora llamados “ejidos” o “comunidades indígenas” fue restituir la tierra a aquellos poblados que habían sido despojados por los grandes latifundios y las haciendas ahora inexistentes en nuestro marco legal, y que da origen a una serie de reformas constitucionales y la creación de un marco legal y normativo para regular la tenencia de la tierra, así como la distribución gratuita de tierra a poblaciones que carecían de ella mediante el reparto agrario impulsado por el gobierno mexicano, en la forma de dotación llamada ejido y comunidad indígena, con esto se dotó a los pueblos de tierras, personalidad jurídica y un marco legal que rige la relación con la sociedad, tales como la Ley Agraria que actualmente rige las relaciones de los sujetos agrarios y la regulación de las tierras sujetas al régimen ejidal o comunal, así como el uso y disfrute de tierras, bosques, selvas y aguas, lo anterior para un crecimiento agrícola que beneficie a un sector campesino que había sido vulnerado durante  años.
Es entonces que, con estos cambios incluso constitucionales, en la Ley Agraria establece claramente que: “La propiedad de las tierras de uso común es inalienable, imprescriptible e inembargable, salvo los casos previstos en el artículo 75 de esta Ley Agraria (artículo 74, LA). El artículo 75 de esta Ley señala que en los casos de manifiesta utilidad para el núcleo de población ejidal, éste podrá transmitir el dominio de tierras de uso común a sociedades mercantiles o civiles en las que participen el ejido o los ejidatarios de acuerdo con el procedimiento que este mismo artículo establece.
Sin embargo, en Morelos, el uso de las tierras ejidales, so pretexto de la falta de apoyos para el campo desde el gobierno federal, ha ido cambiando radicalmente, dando paso a grandes asentamientos humanos, muchos de ellos que nacen en la ilegalidad y que con el tiempo se regularizan por trasfondos meramente económicos y hasta políticos. En el caso de las tierras comunales, literalmente nunca han ido aprovechadas, al menos en nuestra entidad, para producir, siempre han sido objeto de explotación y sobreexplotación por parte de quienes se dicen parte de “la comunidad. Hay casos en Jiutepec en donde incluso quienes dirigen y en gran parte quienes integran el Comisariado de Bienes Comunales, ni siquiera son originarios del municipio. 
Por eso, en casos como Jiutepec vemos que la antigua reserva ecológica de El Texcal, se ha reducido, por decreto, a un pequeño Parque Estatal; que la Sierra Montenegro, también zona protegida, se ve cada vez más invadida, y pareciera que nada puede detener este fenómeno que todos los días complica más la subsistencia de nuestros recursos naturales, que llena nuestros cerros de un color grisaseo y que convierte nuestros manantiales en barrancas de aguas negras.
Frente al crecimiento de los asentamientos humanos siempre se habla de la necesidad y el derecho de las familias a gozar de un lugar o espacio digno dónde vivir, pero al menos en Jiutepec, lo que predomina en la invasión de tierras comunales, ejidales y de reserva ecológica, son el lucro económico y político.  Hace unos años, ese lugar era uno de los mejores productores de arroz, hoy nos atrevemos a decir que es un cultivo extinguido, muerto en Jiutepec. Se cultivaban hortalizas y desde luego caña, hoy todo se reduce a “invernaderos” por la poca disponibilidad de tierras y por la mala calidad del agua. 
Por eso, desde aquí creemos pertinente que autoridades federales, estatales y municipales, sin afanes protagonistas sino por el único interés del cargo que ostentan hagan lo posible para evitar que continúe la depredación de la poca tierra que subsiste en lugares como Jiutepec, pero también es urgente que se establezcan áreas de reserva territorial, con las condiciones óptimas para convertirse en zonas habitacionales, con orden y legalidad, de modo que se puedan ofrecer a quienes demuestren la necesidad de acceder al derecho a una vivienda digna, sin ocasionar problemas como los que ya padecemos por la invasión descontrolada de las llamadas tierras ejidales, comunales y de reserva ecológica. La gobernadora electa conoce muy bien del tema y se está rodeando de personajes con experiencia, por lo que tenemos la confianza de que sienten las bases para cambiar las cosas y mejorar las condiciones para la gente del campo y para lograr una mayor protección, preservación y recuperación de las reservas naturales que aún persisten.