La gran reforma
La denominada Cuarta Transformación ha impulsado una gran reforma al poder judicial del país, buscando cambiar el actual sistema de elección de jueces y magistrados. A nivel internacional, se reconocen cuatro vías para acceder a un puesto en las altas cortes del sistema judicial: ser nombrado por un poder del Estado, participar en un concurso, ser electo por el pueblo o participar en una elección política.
En el caso de la elección política de jueces, esta puede darse de dos maneras: la elección representativa, en la que los tres poderes del Estado participan con cuotas en el nombramiento de magistrados; y la elección cooperativa, en la que los poderes se encargan de distintas etapas del proceso. Un ejemplo de este modelo es el proceso de elección de jueces en Guatemala a través de las Comisiones de Postulación.
Según un estudio comparativo realizado por investigadores de la Universidad de Salamanca, a nivel iberoamericano prevalece la selección política en el nombramiento de los jueces. En el caso del vecino país de Guatemala, por ejemplo, los criterios políticos permean el sistema de elección, lo que puede llevar a interferencias de los otros brazos del Estado en la actuación de los jueces supremos, especialmente con la posibilidad de reelección inmediata y el plazo de nombramiento de magistrados cada cinco años.
En México, la elección de integrantes de órganos autónomos ha estado en manos de grupos políticos, lo que ha generado críticas sobre la falta de independencia en la elección de ministros, magistrados y jueces. La propuesta de reforma al poder judicial impulsada por el presidente López Obrador busca cambiar esta situación y garantizar un proceso más transparente y democrático en la elección de los miembros del sistema judicial.
Es necesario analizar esta reforma desde todas las perspectivas para asegurar que se fortalezca la independencia y la imparcialidad del poder judicial en México, garantizando así la equidad y la justicia en el sistema legal del país.
