«Las leyes son como las telarañas: los insectos pequeños quedan prendidos en ellas; los grandes la rompen.»
Anacarsis
Mil litros de combustible sustraídos de un ducto de Petróleos Mexicanos bastan para que un juez federal, si se acreditan los elementos típicos, imponga entre quince y treinta años de prisión, según la reforma vigente a la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Hidrocarburos. El monto involucrado rara vez supera los veinte mil pesos. La pena, sin embargo, se equipara —y en ocasiones supera— a la que corresponde al homicidio calificado.
La explicación jurídica es sencilla: desde la reforma de 2019, la sustracción de hidrocarburos quedó incorporada al catálogo del artículo 2° de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada. Basta con que la conducta se repita o se cometa de manera organizada para que el caso deje de tramitarse como un delito patrimonial ordinario y pase a regirse por el régimen más severo del sistema penal mexicano: prisión preventiva oficiosa, restricciones a los beneficios de libertad anticipada, decomiso ampliado.
Anacarsis, el filósofo escita, comparó las leyes con telarañas: los insectos pequeños quedan atrapados, los grandes las rompen y siguen su vuelo. Veinticinco siglos después, la metáfora describe con precisión inquietante el sistema penal mexicano en materia de hidrocarburos. El umbral de mil litros —una cantidad que cabe en el tanque de una camioneta— convierte en delincuente organizado a quien sustrae combustible para revenderlo en la orilla de una carretera. El mismo umbral, aplicado a la corrupción institucional, dejaría fuera del régimen agravado a prácticamente cualquier funcionario que hubiera participado en un esquema de desvío de recursos públicos.
Quien sustrae combustible en la orilla de una carretera suele hacerlo por necesidad económica, en comunidades donde la pobreza y la falta de oportunidades preceden por mucho al delito. Eso no exime la conducta ni minimiza el daño patrimonial que ocasiona a Pemex, pero sí obliga a preguntar si treinta años de prisión, reservados hasta hace poco para los delitos más graves contra la vida, son la respuesta proporcional a ese contexto, o simplemente la más sencilla de aplicar frente a quien menos capacidad de defensa tiene.
No se trata de defender el robo de combustible, que daña a Pemex y a la economía nacional. Se trata de preguntar por qué el legislador reservó su instrumento más severo para la sustracción de bajo impacto económico, mientras la corrupción de alta cuantía —que documentaremos en la siguiente entrega de esta serie— permanece anclada al régimen penal ordinario. La proporción entre el delito y la pena, que exige la Constitución, no puede depender de si el sujeto activo porta un uniforme de trabajo o una credencial de servidor público.


