La preparación, desarrollo, vigilancia y calificación de los procesos electorales, ordinarios o extraordinarios que se celebren para elegir gobernadores, diputados federales, diputados a los congreso del los Estados y miembros de los ayuntamientos; así como la aplicación de las disposiciones de los Códigos correspondientes, es atribución y facultad de los Consejos Estatales y Federal, a los Tribunal Electorales en el ámbito de sus respectivas competencias, quienes tendrán la obligación de velar por su estricta observancia y cumplimiento.
Es completamente absurdo, plantearse un proceder democrático cuando se trata de evitar la aplicación de la ley o que se mantenga el orden. No existe democracia posible sin orden y legalidad. La condición fundamental del pluralismo es justamente la paz bajo un estado de derecho, esto supone, el estricto apego a las leyes y, por consecuencia, el respeto a los derechos de los demás.
A los problemas sociales no se les puede dar respuesta al margen de las leyes, tampoco se vale abonar a la incertidumbre. Los mexicanos no queremos volver a tiempos ya superados, reprobamos las actitudes inveteradas de menospreciarnos al no considerarnos aptos para ejercer nuestros derechos políticos.
La democratización del país, iba viento en popa, el ejecutivo y el legislativo de antaño, la hicieron en 1946, con la federalización de los procesos electorales; en 1953, con el voto a la mujer; lo demostraron en 1962 y 1970, asegurando la representación de las minorías mediante los diputados de partido; se corroboró con la reforma de 1973, con el registro condicionado y las diputaciones de representación proporcional y se volvió a confirmar con la propuesta y aprobación de las reformas electorales de 1990, 1993 y 1994. Es a través de estas reformas electorales, aprobadas en los procesos legislativos por todos los grupos parlamentarios, que los mexicanos aseguramos la protección constitucional de nuestros derechos políticos. Es gracias también, a las reformas que se garantizó la pluralidad en el Senado a través de la inclusión de 32 candidatos seleccionados por lista nacional.
En 1977, el Gobierno Federal expidió la Ley de Organizaciones Políticas y Procesos Electorales (LOPPE), cuya principal aportación fue permitir el ingreso a la vida institucional de fuerzas políticas "no incluidas" y propiciar su representación en los órganos legislativos.
Continuando con la democratización del país, la reforma constitucional en materia política-electoral, publicada el 10 de febrero de 2014 rediseñó el régimen electoral mexicano y transformó el Instituto Federal Electoral (IFE) en una autoridad de carácter nacional: el Instituto Nacional Electoral (INE), a fin de homologar los estándares con los que se organizan los procesos electorales federales y locales para garantizar altos niveles de calidad en nuestra democracia electoral. Para la construcción de este proceso histórico, creánme, se llenaron varios tomos de heterogeneidad.
Ahora bien, el objeto social de un instituto electoral (como todos los institutos electorales en México o el Instituto Nacional Electoral) es organizar, vigilar y garantizar la legalidad de los procesos electorales y los mecanismos de participación ciudadana.
A diferencia de las empresas privadas, un instituto electoral es un organismo público autónomo, por lo que su objeto social no busca el lucro, sino cumplir con una función estatal. Sus fines principales se agrupan en las siguientes áreas: organización de elecciones, cómputo y declaración de resultados, participación ciudadana y cultura cívica, fiscalización y registro de partidos políticos.
Sus objetivos son: preparar la jornada electoral; instalar casillas; capacitar ciudadanos; implementar sistemas de resultados preliminares; realizar los cómputos oficiales; entregar constancias; promover el voto; instrumentar mecanismos especiales; impartir educación cívica; registrar candidaturas; asignar prerrogativas y garantizar la equidad.
La filosofía del INE, es: garantizar el sufragio para que los ciudadanos ejerzan su derecho al voto de manera libre, secreta y directa; asegurar que todos los actos electorales se apeguen estrictamente a la Constitución y a las leyes aplicables, controlar y vigilar el origen, monto y destino de los recursos económicos que utilizan los partidos políticos y los candidatos; desarrollar programas de educación cívica y capacitación electoral para fomentar los valores democráticos en la sociedad; garantizar a los partidos políticos y candidaturas independientes el acceso a sus prerrogativas, incluyendo el financiamiento público.
Bajo este contexto, hoy ha sorprendido a todos, la denuncia hecha por diferentes personas morales de los medios de comunicación y personas físicas que ejercen la comunicación en forma independiente, respecto a una serie de eventos delictivos realizados al interior de la institución de los mexicanos (INE) y no así, presentado la denuncia por las personas que representan a las instituciones que normativamente están obligadas para hacerlo, lo que viene generando un clima de sospecha.
En efecto, un clima de sospecha en cuanto al patrimonio nacional, en cuanto a las finanzas públicas, en cuanto al enriquecimiento ilegítimo de muchas personas dentro y fuera de la institución y así, volcado la comunicación en el tratamiento de ello y de los presuntos responsables, alejándose todos del tema principal, del tema que que más preocupa a la democracia, el INE y el por qué de su creación.
En el ámbito de la comunicación y la psicología de los medios, una noticia que distrae la atención pública de un asunto más relevante se conoce comúnmente como cortina de humo. Este fenómeno ocurre cuando un hecho llamativo, escandaloso o sumamente emocional acapara los titulares de los medios, relegando a un segundo plano noticias de mayor impacto político, económico o social.
Digo esto, porque si administrativamente está mal la institución por los pecados de las personas que se señalan, pues entonces, está mal en el cumplimiento de su objeto social y cuál es, pues son los resultados de los procesos electorales inmediatos anteriores y desde luego, el que más ocupa preocupación a los mexicanos, el proceso electoral por venir el año 2027, que desafortunadamente ya inició.
Entonces, tenemos que valorar objetiva y profundamente la inmensa complejidad de este fenómeno histórico, y llamar la atención a los legisladores. Subrayando que no se puede ir en contravención al impulso de la democracia y en contravención a la voluntad de los ciudadanos que emitieron su voto para obtener con ello pluralidad, seriedad y responsabilidad en los trabajos legislativos. Hoy no es un día para alcanzar el poder por el poder mismo. Hoy deben hacer las cosas bien.
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