Respuesta inmediata
El fiscal general del estado de Morelos, Fernando Blumenkron Escobar, informó que, como resultado de las investigaciones en torno al homicidio del regidor Gabriel Rivas Ríos, ayer se cumplimentó una orden de aprehensión contra el probable responsable material del asesinato del activista, ocurrido el pasado 4 de noviembre en la colonia Ejidos de Acapantzingo, en el municipio de Cuernavaca. Precisó que el detenido sería puesto a disposición de la autoridad judicial competente para que determine su situación jurídica y que las indagatorias se han desarrollado de manera oportuna gracias al trabajo de las autoridades estatales y federales que integran la Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de Paz y Seguridad, con el apoyo de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) del Gobierno de México. Blumenkron Escobar afirmó que el trabajo no termina aquí y que las investigaciones continuarán hasta deslindar responsabilidades por la autoría material e intelectual del homicidio del regidor Gabriel Rivas Ríos. La FGE actuó de forma inmediata y, a una semana del crimen, ya hay un detenido, quien presuntamente accionó el arma. Lo más importante ahora es dar con quien ordenó el asesinato.
Alpuyeca
El Congreso local retomará en febrero de 2027 el análisis de la municipalización de Alpuyeca, comunidad que busca convertirse en el municipio número 37 del estado, informó el diputado local Rafael Reyes Reyes. El legislador señaló que el proceso será atendido durante el siguiente periodo legislativo, luego de siete años de gestiones por parte de la comunidad indígena y del mandato emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Indicó que el grupo parlamentario de Morena analizará su postura sobre el tema, aunque aseguró que existe disposición para avanzar en el proceso. Rafael Reyes también destacó que deben respetarse los asuntos relacionados con los derechos de las comunidades indígenas y afromexicanas. Además, mencionó que el Congreso trabaja en el caso de Tetelcingo, donde también existe una solicitud para avanzar hacia su posible reconocimiento como municipio.
¿Funcionario criminal?
Marco Antonio “N”, identificado como asesor en seguridad pública del Ayuntamiento de Xoxocotla, fue vinculado a proceso por su probable responsabilidad en delitos contra la salud y por la posesión de un arma de fuego de uso exclusivo del Ejército. En la audiencia celebrada ayer, la defensa intentó desvirtuar las pruebas presentadas por el Ministerio Público de la Fiscalía de Investigación de Delitos de Alto Impacto (FIDAI), particularmente las relacionadas con los 200 mil pesos en efectivo que le fueron encontrados al imputado. De acuerdo con la información del caso, Marco Antonio “N” reconoció no contar con permiso para portar el arma de fuego que policías estatales le encontraron durante su detención, ocurrida el pasado 3 de noviembre sobre la carretera Alpuyeca-Jojutla, en el municipio de Xoxocotla. En el lugar también le habrían asegurado dosis de droga y una bolsa con marihuana. Debido a que los delitos señalados son del ámbito federal, el juez declinó la competencia a favor de esa jurisdicción. No obstante, estableció un plazo de dos meses para la investigación complementaria, en caso de que la autoridad federal no acepte la competencia respecto del delito contra la salud. El imputado permanecerá en prisión preventiva mientras continúa el proceso.
Inteligencia artificial en campañas
El Tribunal Electoral del Estado de Morelos ya atendió un primer caso de propaganda política elaborada con inteligencia artificial en la que se utilizaron imágenes de personas menores de edad, informó su magistrado presidente, Alfredo Javier Arias Casas. El funcionario explicó que este tipo de materiales plantea retos para las autoridades electorales, debido a que las sanciones pueden ser distintas cuando se utilizan imágenes generadas mediante inteligencia artificial, en comparación con aquellas que incluyen fotografías o videos de menores reales. Arias Casas señaló que el personal del Tribunal recibe capacitación para atender este tipo de situaciones y aseguró que cualquier denuncia relacionada con el uso de estas tecnologías será investigada. No obstante, consideró necesario actualizar la legislación electoral para establecer reglas más claras y fortalecer las facultades de las autoridades frente a los avances tecnológicos. En el ámbito nacional, el Instituto Nacional Electoral aprobó en septiembre de 2026 modificaciones a los lineamientos para proteger los derechos de niñas, niños y adolescentes en la propaganda político-electoral.


