Corrupción vs delincuencia organizada (2 de 10)

«Es preciso preferir la soberanía de la ley a la de uno de los ciudadanos.»

Aristóteles

El artículo 216 del Código Penal Federal castiga a los servidores públicos que se coaligan para tomar medidas contrarias a una ley o reglamento. Es, en el papel, el tipo penal más antiguo dirigido a contener la conspiración dentro del aparato estatal. En la práctica, es también uno de los más leves: de dos a siete años de prisión, más una multa que rara vez alcanza a compensar el daño causado.

La coalición de servidores públicos no distingue cuantías. Da igual que el acuerdo entre funcionarios sirva para desviar diez mil pesos o diez mil millones: la pena no se mueve, porque el tipo penal nunca incorporó una escala que graduara la sanción según el monto del beneficio obtenido. Esa omisión, silenciosa durante décadas, adquiere una dimensión distinta cuando se coloca junto al régimen de la delincuencia organizada, donde la sola pertenencia a una estructura de tres o más personas puede acarrear penas de hasta cuarenta años.

Aristóteles enseñó que conviene preferir la soberanía de la ley a la de cualquier ciudadano, precisamente porque la ley, a diferencia del hombre, no cede ante el interés propio. Pero una ley que castiga con la misma severidad el acuerdo modesto y el acuerdo multimillonario ha dejado de cumplir esa función: ha renunciado a distinguir, y distinguir es la primera tarea de toda norma penal razonable.

Otros países latinoamericanos han avanzado en sentido contrario. Perú y Colombia han incorporado agravantes específicas cuando la corrupción se comete en el marco de una organización criminal, elevando sustancialmente las penas aplicables frente a los casos aislados. México, en cambio, mantiene separados dos universos normativos que deberían dialogar: el de la delincuencia organizada, pensado para el crimen violento y el narcotráfico, y el de la corrupción, pensado para una época en que el aparato estatal era, comparativamente, mucho más pequeño.

La coalición de servidores públicos nació para proteger el correcto funcionamiento de la administración pública frente a los acuerdos que la corrompen desde dentro. Décadas después de su incorporación al Código Penal Federal, sigue exactamente igual: sin agravantes por cuantía, sin conexión con el régimen de delincuencia organizada, sin memoria de las cifras que hoy alcanza la corrupción institucional en México. Actualizar ese tipo penal —incorporar el monto del beneficio como criterio de graduación— no exige una reforma constitucional. Exige, apenas, que el legislador mire lo que la realidad ya le mostró: que los acuerdos entre funcionarios de hoy no se parecen en nada a los que imaginó el Código en su origen.